“La erradicación (de plantíos de droga) es un desperdicio de dinero”. En junio de 2009, Richard Holbrooke, enviado especial de Estados Unidos en Afganistán, hizo este diagnóstico fulminante sobre la estrategia de destruir cultivos de amapola en esta nación ocupada por el Ejército norteamericano. Holbrooke, fallecido en diciembre de 2010, era uno de los diplomáticos de mayor rango del gobierno de EU. Después de años de apoyar la política de erradicación de cultivos en Afganistán, la ONU aplaudió el cambio de estrategia de la Casa Blanca. En opinión de Antonio Maria Costa, director de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga, el dinero dedicado a destruir plantíos en Afganistán se debería dedicar a construir hospitales y escuelas.
En una charla con el diario The Washing ton Post, el presidente Felipe Calderón afirmó lo siguiente: “Para mí es muy difícil procesar a un campesino muy pobre en México que produce mariguana… ¿Cómo puedo consolar a nuestras viudas (de policías y militares)... si al mismo tiempo estudiantes en universidades (de EU) pueden fumar mariguana sin ningún problema?”.
El presidente Calderón tiene toda la razón, pero el problema no es lo que fuman ellos sino la estrategia que tenemos nosotros. México encarcela a jornaleros agrícolas y pone en riesgo las vidas de soldados y policías por erradicar el cultivo de una planta que en Estados Unidos es considerada un tratamiento medicinal. En mayo pasado, Delaware se convirtió en el estado número 16 de la Unión Americana en aprobar el uso de mariguana para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, el sida o el alzheimer. En un sondeo de ABC News, aplicado en enero de 2010, 81% de los encuestados afirmaron que los médicos deben tener la libertad de recetar el uso de la mariguana, si consideran que puede ayudar a la mejoría de sus pacientes. Actualmente, en otros 10 estados hay iniciativas para legalizar el uso de la mariguana médica. Es probable que para fines del 2012, más de la mitad de la población de EU viva en entidades donde la mariguana tenga el mismo trato legal que un fármaco antidepresivo.
Cuando surge la propuesta de legalizar la mariguana en México, una de las respuestas frecuentes es “no lo podemos hacer si no lo hace también Estados Unidos”. El artículo 39 de la Constitución mexicana establece: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”. Si interpreto correctamente este precepto constitucional, los mexicanos tenemos facultades para determinar qué tipo de actos constituyen una conducta criminal dentro de nuestro propio territorio. El Congreso de la Unión no requiere de la anuencia de otro país para dictar los contenidos de sus leyes.
Esto es algo que Estados Unidos entiende muy bien. La Constitución norteamericana asume que la portación de armas de fuego por parte de sus ciudadanos es una manifestación de la libertad individual y del derecho a la defensa propia. La legalización de la venta de armas de fuego en EU nunca estuvo supeditada a los actos u opiniones de un gobierno extranjero.
¿Por qué México no puede actuar como una nación soberana para determinar la mejor estrategia frente el negocio de las drogas? ¿Si erradicar plantíos ilegales es una pésima idea en Afganistán, por qué lo seguimos haciendo en las cadenas montañosas del noroeste de la República? ¿Cuántos miles de soldados mexicanos están dedicados a podar plantas, en lugar de participar directamente en los operativos urbanos contra el crimen organizado? ¿Dónde necesitamos más fuerza pública, en medio de una sierra despoblada o en la carretera entre Matamoros y Monterrey?
Frenar el flujo de drogas al mercado norteamericano es una prioridad estratégica del gobierno de EU. Al asumir como propia esa prioridad ajena, nuestro país desperdicia recursos humanos y materiales que se podrían concentrar en perseguir los delitos que provocan más angustia y dolor entre los mexicanos.
