El presupuesto público siempre tiene restricciones. El hecho de que existan diferentes prioridades hace que inevitablemente haya competencia por recursos limitados y esa competencia determina su escasez. Una cosa es considerar que el presupuesto es limitado y otra es pensar que México no tenía ningún margen para apoyar a los trabajadores y a los negocios durante lo más álgido de la pandemia.
Habrá quien señale la existencia de los programas sociales, pero hay que recordar que esos programas, en primer lugar, ya existían y en segundo han demostrado tener impactos ambiguos sobre las poblaciones atendidas. Los programas sociales no fueron diseñados para atender la crisis que el covid-19 trajo al país. Hubo también programas de créditos. Dos programas de un millón de créditos respectivamente por un monto de 25 mil pesos cada crédito, un total de 50 mil millones de pesos que representan 0.2% del PIB. También se adelantaron un par de bimestres del programa de adultos mayores, que podríamos sumar —incorrectamente— a los apoyos y considerar entonces que alcanzamos el 0.4% del PIB en apoyos fiscales. Para poner esta cifra en contexto pensemos que los programas para la atención de covid-19 representaron en promedio en América Latina el 1.25% del PIB de la región. México está debajo del promedio de una de las regiones que menos apoyo otorgó.
La narrativa ha sido esa. Que tenemos pocos recursos, que necesitamos una reforma fiscal, que no hay espacio para gastar más, que no queremos incurrir en deuda. Pero es solo eso, retórica. México podría haber reacomodado sus prioridades —como hacen las familias y las empresas cuando enfrentan una crisis— pero optó por no hacerlo. Comprar vacunas hubiera sido la mejor forma de reactivar la economía. Los recursos que ahí se hubieran gastado serían menores que el costo que la pandemia está teniendo. Durante 2020 se perdió producción por un valor de más de un billón y medio de pesos.
El Inegi ayer nos dio otra muestra de lo que ha implicado para la economía mexicana la falta de apoyo a través del Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2020. Los Censos Económicos de 2019 mostraron que 99.8% de los establecimientos del país eran micro, pequeños o medianos y sumaban, en ese momento, 4.9 millones de negocios. El EDN muestra que de esos casi cinco millones, sobrevivieron 3.9 millones de empresas. Murieron —uso el mismo término que utiliza el Inegi— un millón 10 mil establecimientos. Nacieron, también en la pandemia, alrededor de 619 mil empresas. En términos netos, en 2020 hubo 8.1% menos micro, pequeñas y medianas empresas de las que existían en 2019.
El impacto en el empleo tampoco se hizo esperar. Las empresas que murieron en 2020 tenían en promedio tres trabajadores, las que nacieron ese mismo año tuvieron solo dos. Excluyendo las microempresas, las pymes que murieron tenían en promedio 29 empleados, las que nacieron 21 y las que sobrevivieron redujeron su plantilla laboral en siete personas. Hay menos negocios y, por lo tanto, menos empleos.
Cada uno de esos empleos que se perdieron viene acompañado de una historia, de una familia que perdió su fuente de ingresos y vio su calidad de vida disminuir. Apoyar era una opción, pero se optó por no hacerlo. No hacerlo ha tenido consecuencias para millones de mexicanos.
Publicado por El Universal
23-03-2021
