En el mundo, 3.9 mil millones de mujeres enfrentan barreras legales para participar en la economía. Así lo señala el Banco Mundial, que analiza las leyes de casi 200 países para evaluar si promueven la igualdad de género en ámbitos como la movilidad, el mercado laboral y la vejez. Desde finales de los noventa, se han logrado avances importantes para establecer que hombres y mujeres cuenten con la misma protección legal. Sin embargo, las mujeres acceden a dos tercios de los derechos otorgados a los hombres, y como resultado, aún existen países donde ellas no pueden emprender u obtener un crédito bajo las mismas condiciones.
Cambiar la ley es más fácil que hacerla cumplir, y por sí sola no transformará la realidad. Según el mismo estudio del Banco Mundial, los países cuentan con 40% de los mecanismos necesarios para implementar las leyes en favor de la igualdad de género. Es decir, existe una brecha entre lo que se legisla y lo que realmente se ejecuta. Por ejemplo, aunque 98 países cuentan con una legislación que mandata la igualdad salarial, 35 de ellos implementan mecanismos como la transparencia salarial para hacerla efectiva.
México quiere avanzar en ese sentido al dar pasos que subrayan la prioridad que otorgará este sexenio a promover los derechos de las mujeres. La llegada de la Presidenta Claudia Sheinbuam alentó a miles de niñas y mujeres durante su toma de protesta. Más allá de símbolos y narrativas, entre los cien compromisos de su gobierno, varios se dirigen a lograr una mayor igualdad de género y el primer paquete de reformas que presentó busca alcanzar precisamente este objetivo.
Las mujeres ganan en promedio 15% menos que los hombres en el país, lo que equivale a trabajar 61 días adicionales al año para igualar su salario, según datos del INEGI. Esto ocurre a pesar de que tanto la Ley Federal del Trabajo como la Constitución establecen que, a trabajo igual debe corresponder salario igual sin importar el género. A raíz de las reformas de la Presidenta, ya existe la obligación de contar con mecanismos para cerrarla, pero estos aún no se han concretado. El Congreso tiene la responsabilidad de aprobar la legislación secundaria para poner estas herramientas en marcha.
Dichos cambios son inminentes y ahí radica la complejidad, entre la ley y la implementación, pero también es una gran oportunidad para finalmente reducir esta desigualdad. Frente a este contexto, el IMCO con la Embajada Británica en México, propone siete mecanismos que el país puede adoptar para cerrar la brecha salarial. Son acciones que pueden implementar tanto el sector público como privado, entre ellas se considera estandarizar la medición de la brecha, diseñar tabuladores salariales, avanzar hacia una mayor transparencia salarial y consolidar políticas de cuidados.
Cerrar la brecha salarial es una condición necesaria para el desarrollo económico del país. El marco legislativo es apenas el primer paso, su impacto dependerá de la voluntad para traducirlo en acciones concretas. Si este gobierno aspira a marcar un antes y un después en materia de igualdad de género, necesita pasar del discurso a la implementación. El tiempo de las promesas quedó atrás. Ahora toca garantizar cambios tangibles para que las mujeres en México puedan participar plenamente en la economía. ¿De qué sirven las leyes si no se cumplen? Sin implementación, seguimiento y monitoreo, serán solo letra muerta.
Publicado en Animal Político
03-04-2025
