México es el país que no desperdicia la oportunidad de desperdiciar una oportunidad, escuché decir a un analista hace poco cuando se hablaba de la relocalización de empresas y el golpe que representaría la reforma al poder judicial. Viéndolo desde fuera, abundaba, no se entiende por qué México se empeña en tomar decisiones que detienen su crecimiento.
La reforma al poder judicial tendrá impactos nocivos para el país no solo, desde luego, desde la perspectiva económica. No creo en la ingenuidad de quienes argumentan que con la misma se “democratizará” el acceso a la justicia y desaparecerá la corrupción. Quienes la promovieron y quienes la votaron saben que con ella habrá retrocesos hacia un país menos democrático y más autoritario.
Antes de la reforma, las expectativas de crecimiento para México 1.7%, por debajo incluso del mediocre 2% que tanto se criticó. Si México crece a esa tasa en el momento de relocalización de empresas y en año electoral con un gasto desbordado, ¿qué podrá esperarse en un año que no tenga esos motores? Los pronósticos de crecimiento se ajustarán a raíz de la publicación de la reforma. Algunos bancos ya lo hicieron, estiman que México crecerá 1.2% este año y 1% el que viene.
Más allá del tipo de cambio –que responde a tanto más que únicamente las políticas internas– el verdadero problema será lo que no veremos. La inversión que no se dará. Los anuncios de inversiones extranjeras que no se concretarán. Los empleos que no se crearán. El crecimiento y el desarrollo que no van a llegar.
Esa será la verdadera crisis: el estancamiento de una economía que pudo crecer, pero que decidió no hacerlo.
En órdenes de magnitud, la reforma judicial es la más perjudicial hasta el momento, pero las que se avizoran no serán inocuas y la relación con nuestros socios comerciales solo se hará más tensa. La desaparición de la figura de empresas productivas del Estado podría ser violatoria del capítulo 14 del T-MEC al restringir la inversión en el sector eléctrico. La reforma que limita el comercio de maíz genéticamente modificado violaría el capítulo 3 al restringir el acceso a un mercado no excluido del tratado. Además, la desaparición de organismos autónomos sería contraria a otros artículos, como el 18 que hace referencia a las telecomunicaciones y el 21 a la competencia económica.
En el caso particular de la reforma judicial, existe la preocupación de que los actos administrativos no sean imparciales, lo que violaría el capítulo 29 del T-MEC. También podría comprometerse la protección de la propiedad intelectual, en contra de lo establecido en el capítulo 20. Estos problemas podrían derivarse de un Poder Judicial que, debido a la falta de independencia y capacidades, no cumpla con su deber de mantener condiciones equitativas para todos los actores económicos. La revisión de 2026 podría convertirse en una renegociación.
Así como hoy no sabemos qué habría sucedido si no se hubiera nacionalizado la banca en 1982, o si México no se hubiera abierto al comercio internacional, o si la crisis de 1994 no se hubiera dado, o tantas cosas más —la lista es larga—- no podremos dimensionar con precisión el impacto de las oportunidades perdidas ni el retroceso paulatino que estas reformas representan. Dicen por ahí que el hubiera no existe. Puede ser. Podría ser, también, que seamos incapaces de verlo.
