En 2024, el Gobierno Federal destinará 646 mil 785 millones de pesos a los programas sociales prioritarios del sexenio, 21 % más que en 2023. Si se considera la proporción de este rubro en el Presupuesto total, que asciende a 7.1 %, vale la pena preguntarnos si estamos en el camino correcto de la política social en México. Definitivamente destinamos muchos recursos, pero ¿son efectivos?
Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditó algunos programas sociales operados por la Secretaría de Bienestar y encontró irregularidades que deben atenderse para asegurar que se cumplan los objetivos de desarrollo social.
Cabe mencionar que, además de revisar el ejercicio del gasto, la Auditoría lleva a cabo revisiones a los programas federales para que se desarrollen bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó los datos de la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2022, en particular algunas prácticas irregulares que puedan afectar los resultados en materia de desarrollo social.
La política social es un instrumento transformador de las sociedades; la evidencia indica que las transferencias monetarias, por ejemplo, ayudan a promover la equidad y a evitar que la pobreza en los hogares más pobres se profundice y se mantenga en el tiempo. Por esta razón, el diseño, implementación y evaluación de los programas sociales requiere asegurar la mayor rigurosidad posible.
La ASF auditó el programa de inclusión de las personas con discapacidad, por ejemplo, y concluyó que la Secretaría de Bienestar no contó con una unidad responsable que tuviera las competencias necesarias para atender a los beneficiarios del programa. Asimismo, identificó que operó el programa sin las herramientas para verificar su contribución a la problemática que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias. Por último, el padrón de beneficiarios no incluyó el registro de discapacidad para certificar esta condición, tuvo faltas de información básica y discrepancias en los montos pagados.
La ASF también determinó que la misma Secretaría no reportó en la Cuenta Pública el monto real ejercido en el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, ni dio seguimiento a las recomendaciones realizadas por el Coneval que inciden en la operación del programa. La consolidación del padrón de beneficiarios también tuvo fallas: en 647 expedientes faltaba por lo menos un documento que permitiera acreditar que las personas cumplían con los criterios de elegibilidad.
Estos hallazgos indican que en México existen irregularidades que afectan la operación de los programas sociales y, por lo tanto, limitan sus impactos positivos. Si bien esto nos habla de dificultades administrativas y áreas de oportunidad, podemos ver un fenómeno más amplio: aunque los programas sociales tengan un monto sin precedentes para el 2024, estamos dando palos de ciego en tanto no se garantiza el ejercicio eficiente de los recursos ni la operación correcta de todos los programas. ¿De qué sirve tener un programa social de miles de millones de pesos que no cuenta con un padrón de beneficiarios sólido?
Además, si consideramos que la Auditoría -por el tamaño del universo- revisa una muestra del gasto público, solo podemos imaginarnos en qué magnitud se repiten estas irregularidades en los demás programas sociales que aún no han sido auditados. La política social es extremadamente importante y vale la pena enfocarse en que funcione correctamente. Si no, ¿a qué estamos jugando?
Publicado en Animal Político.
16-11-2023
