La semana pasada, la Secretaría de Hacienda presentó al poder legislativo el paquete económico para que sea analizado, discutido y eventualmente aprobado. Este paquete contiene cuatro documentos clave para el ejercicio de la política fiscal del país.
Se entregan los Criterios Generales de Política Económica que contienen los supuestos sobre algunas variables macroeconómicas fundamentales del país, a partir de los cuales se calculan componentes de los ingresos y del gasto público. Se entrega también la iniciativa de Ley de Ingresos en la que se estima la composición de los ingresos públicos del año entrante, así como la Miscelánea Fiscal, que comprende los detalles específicos de cómo se implementará la política tributaria con el objetivo de lograr una mayor recaudación. Por último, Hacienda propone un presupuesto para ser ejercido el siguiente año en los diferentes y múltiples fines que tiene cualquier administración.
En términos de ingresos se espera recibir 1.3 billones de pesos por ingresos relacionados con el petróleo, 5.8 billones en ingresos no petroleros y 1.2 billones a través de deuda pública. La suma de estos grandes rubros nos da los 8.3 billones de pesos que la administración planea, no solo ingresar sino también gastar, el año próximo. Dentro de estos ingresos, 4.6 billones provendrán de impuestos –2.5 de ISR y 1.4 de IVA-, de ahí la importancia de que las estimaciones en los Criterios sean precisas, más allá de optimismos o pesimismos.
La nota, por supuesto, ha girado alrededor de la deuda. Para muchos era evidente que la promesa de campaña de que no habría más deuda era simplemente una promesa hueca. Otros, con mucha generosidad nos explicaban que en realidad lo que el presidente quería decir era que no se incrementaría el cociente de deuda sobre PIB, y que lo mantendría estable, pero que el presidente, como el genio de la comunicación que algunos consideran que es, prefería decirlo de forma más simple para que todo mundo entendiera.
Si hablamos de la deuda acumulada, es decir, del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público –la medida más amplia de deuda— en 2018 estos representaban 44.9% del PIB. En los años siguientes han sido: 44.5%, 51.6%, 49.9%, 51% (aprobado para 2022 en curso) y 49.4% (planteado para 2023). Por supuesto que hay más deuda. Era evidente que así sería. Sin embargo, no se encuentra en niveles preocupantes o que pongan en riesgo el servicio de la misma.
Se me acaban los caracteres para hablar del gasto público, así que hasta el próximo martes entraré con más detalle en qué se pretenden ejercer 8.3 billones de pesos en 2023.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad de la autora y no representan la postura institucional.
Publicado en El Universal.
13-09-2022
