La semana pasada se anunció que la empresa española de energía Iberdrola vendería 80% de sus activos en México. La transacción, de seis mil millones de dólares que provendrán principalmente de recursos públicos y se realizará a través de un fideicomiso privado, fue señalada por López Obrador como una nacionalización, un paso más hacia la anhelada —por el presidente— soberanía energética.
La discusión, como suele suceder, giró en torno a lo dicho por el presidente. ¡Avanzó la nacionalización de la industria! Caben algunas dudas: ¿si una empresa privada le vende a un fideicomiso privado ciertos activos se trata de una nacionalización? ¿Si ya no será Iberdrola sino la CFE quien opere las 13 plantas generadoras estamos hablando de nacionalización? ¿Son esas las preguntas relevantes? El debate no debería centrarse ahí.
En efecto, la transacción será a través de un fideicomiso de carácter privado, pero se liquidará primordialmente con recursos públicos. A pesar de no conocer aún el monto que le costará a las finanzas públicas dicha operación podemos suponer que será cercano a los seis mil millones de dólares. La Secretaría de Hacienda debería de ser más transparente en este sentido. La propiedad quedará en manos del fideicomiso, pero la operación de las centrales adquiridas estará a cargo de CFE.
La pregunta relevante es, creo, si esta operación le conviene al país. ¿Aumenta la capacidad de generación? ¿Nos ahorraremos costos los consumidores por quitar al intermediario que le vendía la energía generada a CFE ahora que CFE la genere directamente? ¿Tendremos electricidad proveniente de fuentes más limpias y podremos alcanzar más rápido los objetivos trazados en el Acuerdo de París? ¿Esta transacción le permitirá al país aprovechar el momento suministrando la energía suficiente que el proceso de nearshoring demandará?
Las respuestas a estas preguntas son no, no, no y no.
La operación, con lo revelado hasta el momento, solo implica un cambio de dueño de las plantas. No cambia la capacidad de generación de energía eléctrica del país. No hay, hasta el momento, ningún plan de ampliar capacidad productiva de las centrales adquiridas. De las 13 plantas que Iberdrola vende, diez operan hoy bajo el esquema de Productores Independientes de Energía, en el que la electricidad que se genera se vende en su totalidad a CFE. Estas plantas ahora serán operadas por la empresa estatal lo que implicará para esta un mayor costo laboral y mayor presión en sus finanzas.
Las grandes empresas energéticas están moviéndose hacia modelos de generación más limpios. Está en el plan de negocios de las mismas, incluyendo Iberdrola desde luego, transicionar a plantas más eficientes y amigables con el planeta. Los países no solo deberían de ir en el mismo sentido, sino que deberían liderar la transición. En esta transacción, sin embargo, México se mueve contrario a la tendencia global al usar recursos públicos en activos contaminantes.
Hay mejores usos para los seis mil millones de dólares que implicará esta operación, incluso en el mismo sector eléctrico. ¿Por qué no invertir en líneas de transmisión –sector en el que, por cierto, CFE, sí es rentable? ¿Por qué no ampliar la capacidad de generación a partir de renovables? (Vean el hilo de @Estebancpp en Twitter)
Es probable que el presidente gane la narrativa una vez más. Sin embargo, lo importante es que México saldrá perdiendo.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad de la autora y no representan la postura institucional.
Publicado en El Universal.
11-04-2023
