El rechazo a la iniciativa constitucional en materia energética en la Cámara de Diputados el domingo evitó un deterioro en la economía, el medio ambiente y el Estado de derecho en el país. Aunque la reforma quedó en el tintero, los cambios de esta semana a la Ley Minera adelantan un entorno convulso en las próximas semanas y meses. La velocidad del proceso legislativo -la reforma se aprobó menos de 48 horas después del voto contra la reforma energética- no permitió tener un debate serio e informado sobre las implicaciones de estatizar la explotación del litio.
En primer lugar, es necesario matizar que aunque el artículo 27 constitucional establece que los recursos del subsuelo son propiedad de la nación, se permite a los privados explotarlos mediante concesiones. El cambio central de la reforma a los artículos 1, 5, 9 y 10 de la Ley Minera es precisamente la prohibición explícita de nuevas concesiones del litio, así como la creación de una empresa paraestatal encargada de explotar este mineral.
¿A qué se debe este interés por el litio, si México hoy no es un país productor? Además de otros usos como la producción de cerámicas y fármacos -especialmente antidepresivos-, este elemento es clave para el almacenamiento eléctrico. El litio es la base para producir desde baterías para teléfonos hasta las baterías de los vehículos eléctricos o aviones de última generación. En un contexto de transición energética, estas proveen una solución a la intermitencia de las energías renovables, pues permiten almacenar energía que se utilice cuando los paneles solares o las turbinas eólicas no puedan generarla.
Se trata de un mercado incipiente donde México, hoy por hoy, no ocupa una posición relevante. No existe una estimación precisa de las reservas totales de litio en nuestro país, ni se tiene claridad respecto a la ubicación de estas. El Servicio Geológico de Estados Unidos calcula que contamos con 1.7 millones de toneladas de reservas, aunque las estimaciones de empresas con concesiones anuncian datos distintos y el Gobierno Federal no cuenta con un cálculo propio disponible al público.
Sonora tiene el yacimiento potencial más grande a nivel mundial -244 millones de toneladas de minerales, de los cuales se estima que entre 3.5 y 4.5 millones corresponden a carbonato del litio, de donde se extrae este elemento. Empero, después de diversos retrasos en su entrada en operación , está todavía por verse si se cumplen las estimaciones una vez que empiece a producir en 2023. Los otros proyectos con avances significativos se encuentran en Baja California, San Luis Potosí y Zacatecas.
El Estado mexicano históricamente ha sido un administrador ineficiente de recursos en el subsuelo. No hay mejor ejemplo de ello que Pemex y el uso que históricamente se le ha dado a la renta petrolera. Mejor haría desarrollando una regulación que permita la explotación de los minerales de forma sostenible social y ambientalmente, que genere ingresos al Estado mexicano. Para ensombrecer aún más el panorama, la desaparición de la subsecretaría de Minería en 2020 a causa de los recortes presupuestales deja al Gobierno Federal en una posición mermada para operar por completo el sector.
¿Puede México competir con otros países productores de litio, como Argentina, Chile o Bolivia? El país tiene ventaja competitiva sobre otras regiones gracias a su ubicación geográfica y el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). La renegociación de la relación comercial de América del Norte devino en una regla de origen automotriz más estricta, donde los vehículos eléctricos deben cumplir con el 75% de valor de contenido regional en las baterías. México tiene la oportunidad de ser proveedor de este mineral e inclusive de incrustarse en la cadena de valor con mayor valor agregado. Siempre y cuando, claro, se explote de manera eficiente.
Para ello se requiere un ambiente propicio para la inversión pública y privada. Ese es el reto para el Estado mexicano. El voto del domingo evitó un mayor deterioro en el clima de inversión del país, pero esto no equivale a un entorno de certidumbre jurídica, indispensable para tener mercados energéticos competitivos, el litio incluido.
Publicado en Animal Político.
21-04-2022
