Hay avances que toman décadas y retrocesos que se dan con un plumazo. Eso está a punto de suceder en México de aprobarse la propuesta enviada por el presidente López Obrador al Congreso con carácter de preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica. La reforma cambiaría el orden en el que se prioriza el despacho de la energía eléctrica para su posterior distribución y transmisión, afectando los incentivos para generar electricidad a través de fuentes renovables y limpias.
No hay una razón económica —en el sentido financiero del término— ni de rentabilidad social que sustente la propuesta de AMLO. Hay, sin embargo, muchas frases cargadas de ideología y de una nostalgia de un pasado que no fue mejor. Se habla de “rectoría del Estado”, “soberanía energética”, “autosuficiencia eléctrica” y se esgrimen argumentos sobre la fortaleza de las empresas del Estado.
Hoy por hoy, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) establece el orden en el que las centrales inyectan la energía eléctrica que generan a la red y el momento en el que lo hacen. La eficiencia económica es la prioridad, las centrales despachan de acuerdo con sus costos de generación. La última planta que genera la electricidad que logra cubrir la demanda es la que determina el precio para todos los demás generadores. De esta forma, se promueve la competencia entre generadores para tener los costos más bajos y se transfiere esa eficiencia al consumidor quien pagará los precios más bajos posibles.
Los costos promedio por megawatt-hora de las energías renovables a partir del mecanismo descrito en el párrafo anterior en las subastas de largo plazo fue de 401 pesos (20 dólares aproximadamente) en 2020. En enero de este año ya había bajado 382 (19 dólares). El costo promedio de generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa gubernamental a la que López Obrador pretende privilegiar, fue de 1.413 pesos (70,65 dólares) en 2020 y en enero ya había subido a 1,515 (75,75 dólares).
La reforma plantea cambiar el criterio. Ya no sería la eficiencia lo que determinaría el orden de despacho, sino la propiedad de las centrales generadoras. De esta forma, entraría en primer lugar la energía eléctrica generada en las plantas hidroeléctricas, en segundo la de las demás centrales de la CFE, posteriormente la producida mediante energía eólica y solar de los particulares, y finalmente la de las centrales de ciclo combinado (que operan a partir de gas y vapor) de particulares.
Las hidroeléctricas están lejos de satisfacer la demanda de los mexicanos. En 2018, produjeron el 10,2% de la energía eléctrica del país. Estas centrales tienen que administrar un recurso escaso y competido como el agua. Como en segundo lugar en el criterio planteado estarían todas las demás centrales de CFE, estas serían las más beneficiadas. El problema es que estas plantas generan electricidad a partir de combustóleo y carbón, altamente contaminantes.
La repercusión sobre el medio ambiente es obvia; pocas cosas más contaminantes que el combustóleo y peor si hablamos del combustóleo mexicano que es aún más nocivo por el alto contenido de azufre que tiene.
Si las plantas beneficiadas generan electricidad de forma sucia y cara, es de esperarse que esa ineficiencia se traslade a los consumidores vía precio. Se esperaría, sin embargo, que el Gobierno no deseara que suba el precio de la luz, por lo que sería necesario subsidiar los costos para que no incidan en un incremento en los precios finales. Las finanzas públicas sin duda se verán afectadas. Para este año, 2021, se presupuestaron 70.000 millones de pesos (3.500 millones de dólares aproximadamente) para compensar a la CFE las pérdidas por subsidios. Esa cifra solo se incrementaría si la propuesta avanza.
México se comprometió hace años a migrar hacia una generación de energía eléctrica más amigable con el medio ambiente. En el Acuerdo de París se estableció que para 2024 el 35% de la energía eléctrica debería de provenir de fuentes limpias. Con la iniciativa planteada por el presidente, se propone que la entrega de Certificados de Energía Limpia (CEL)—creados para facilitar esa transición hacia energías más limpias— se otorguen a centrales que no cumplan los criterios actuales, en particular, se podrían entregar CELs a plantas que hayan iniciado operaciones antes de 2014. De pasar la iniciativa se destruiría el mercado de CELs en un instante y la transición energética quedaría en entredicho. No cumpliríamos con lo acordado para 2024, pero simularíamos hacerlo. Una simulación que le saldría muy cara al país en términos reputacionales.
El abastecimiento de energía eléctrica para el consumo básico de los hogares lo realiza la CFE. Actualmente la empresa estatal de electricidad está obligada a comprar energía eléctrica para ese segmento, conocido como suministro básico, a través de subastas de largo plazo, lo que garantiza que se compre energía al menor precio para beneficio de los consumidores. La iniciativa del presidente elimina esa obligatoriedad. Se abrirá la puerta a la discrecionalidad en las compras de energía eléctrica y no se garantizarán los menores precios al usuario final. Si se pretende que los precios no aumenten, los subsidios serán permanentes y se crearán compromisos de gasto insostenibles para el país.
Por todo lo anterior, resulta evidente lo contraria que es la iniciativa para la inversión en energías renovables y energías limpias en el país. El criterio de despacho pondría a las energías renovables —¡y baratas!— al último en la fila, además de destruir el mercado de Certificados de Energía Limpia. El único jugador que podría hacer esas inversiones sería la propia CFE, que no tendrá ningún incentivo para moverse en ese sentido. La CFE se hará un jugador más grande, no necesariamente un mejor jugador. La ventaja que ha tenido al ser un monopolio natural no hará más que incrementarse en detrimento de la competencia. Si eso es lo que se entiende por una CFE más fuerte es muy posible que se logre. Pero una empresa que le quita recursos al Estado no debería de ser considerada más fuerte. Será un jugador grande, pero será también un vampiro de recursos.
Ante la perspectiva de que esta reforma sea aprobada, no encuentro un solo argumento que pueda motivar la inversión en plantas de generación de energía limpia. También va en contra de lo estipulado en los acuerdos comerciales que México tiene con el exterior, en particular con el T-MEC. Habrá litigios, habrá conflictos internacionales y habrá salida de recursos. Los costos no harán más que crecer. Cuando suceda, nadie deberá llamarse a sorpresa.
Es difícil explicar la lógica detrás de la propuesta. Para quienes buscamos argumentos de eficiencia, de beneficio a los consumidores, de compromisos con el medio ambiente, la iniciativa no tiene ni pies ni cabeza. Pierden los consumidores, perjudica las finanzas públicas, deteriora el medio ambiente y tendrá repercusiones por décadas. Entonces, la lógica —quizás— sea política o ideológica, áreas que afortunadamente me rebasan.
Publicado por El País.
22-02-2021
