En los últimos días, se dio a conocer que en 2019 las muertes viales en la Ciudad de México (CDMX) aumentaron en comparación con las de 2018. Si bien, la magnitud de este cambio puede ser diferente dependiendo de la base de datos que se use, lo cierto es que la implicación de la noticia no pinta bien para los capitalinos.
Más allá de las cifras y fuentes, este hallazgo retoma en la agenda pública el desafío que enfrenta nuestro país en torno a la seguridad vial. México es el tercer país de Latinoamérica con el mayor número de muertes viales. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que en 2018 se registraron casi 44 muertes diarias por accidentes de tránsito.
En la CDMX, al menos más de la mitad de este tipo de fallecimientos corresponden a usuarios vulnerables de la vía pública: peatones y ciclistas. Esto afecta más a las mujeres , pues el 32% de ellas realiza viajes caminando, contra el 19% de los hombres.
De acuerdo con el Índice de Competitividad Urbana 2018 (con datos a 2016), éste no es un problema exclusivo de la CDMX. Las cinco ciudades con mayor número de víctimas en accidentes relacionados al transporte fueron: Tecomán, Chihuahua, Guaymas, Durango y Colima-Villa de Álvarez. Todas con más de 300 víctimas por cada 100,000 habitantes.
Estas cifras son trascendentales, pues representan vidas que se pierden año con año debido la falta de infraestructura adecuada y políticas públicas para evitar muertes. También se trata de personas que quedan discapacitadas y pierden la oportunidad de trabajar por lesiones graves. Razones por las que los habitantes se sienten más seguros en coche, y evitan caminar, andar en bici o usar el transporte público.
Todo esto se traduce en pérdidas económicas. La Organización Panamericana de la Saludestima que, a nivel nacional, la falta de seguridad vial genera costos que ascienden a 150,000 millones de pesos, equivalentes a casi el 1% del PIB.
Para que las ciudades de México sean más seguras se necesitan dos cosas: destinar mayor presupuesto para mejorar su infraestructura y contar con una normatividad que alinee los esfuerzos de seguridad vial en los tres órdenes de gobierno.
Una buena noticia respecto a la segunda idea es que en diciembre del año pasado, el Senado aprobó una reforma constitucional para reconocer el derecho de los ciudadanos a moverse de forma segura, en condiciones de equidad, igualdad y accesibilidad para todos. Este es el primer paso para contar con una ley general de seguridad vial, la cual ha sido impulsada por especialistas y organizaciones civiles con el fin de adoptar las mejores prácticas para reducir accidentes viales.
A pesar de que la ley está en proceso de elaboración, se sabe que abordará el problema desde una perspectiva integral, basada en las directrices que marca la Organización Mundial de Salud, y que considerará temas como el diseño de vialidades, gestión de tránsito, capacitación para conductores, controles y mecanismos de evaluación. Estos lineamientos servirán para que los estados y municipios adapten la normatividad local, como las leyes de movilidad y reglamentos de tránsito.
Aún queda un gran camino por recorrer. Se espera que durante este periodo legislativo, que arrancó el primero de febrero, la Cámara de Diputados ratifique esta reforma. Asimismo, deberá ser aprobada en al menos 17 de los 32 congresos locales. Con ello, se podrá presentar y votar la iniciativa de ley.
Mejorar la seguridad vial en todo el territorio nacional es fundamental en términos de salud pública, bienestar, medio ambiente y economía. Ojalá que los legisladores involucrados estén conscientes de ello y aceleren el proceso relacionado con esta ley, la cual representa un rayo de esperanza para construir ciudades más incluyentes y competitivas.
Publicado por Expansión
14-02-2020
