Como sucede con los seres humanos, ninguna reforma es una isla en sí misma, sino que coexiste con otras. En el contexto actual, en el que México se ve enfrentado a una serie de cambios cruciales para su estructura democrática y de división de poderes, entender esta premisa se hace más importante que nunca.
Una de las reformas que ha estado en la discusión pública es la electoral. De materializarse en los términos planteados, implicaría el desdibujamiento del federalismo electoral, al eliminar los organismos públicos locales electorales (OPLE) -encargados de organizar las elecciones locales- y los tribunales electorales de los estados. Estas nuevas disposiciones entrarían en conflicto con las disposiciones constitucionales del federalismo y, además, resultan incoherentes con la propuesta de elección popular del poder judicial que plantea otra de las reformas presentadas.
La reforma electoral de 2014 buscó homologar los procesos electorales y favorecer la coordinación del INE como autoridad nacional y los OPLE como autoridades estatales. Estas instituciones son, en el ámbito de su competencia, garantes de la democracia y, al estar en contacto directo con las dinámicas políticas locales, tienen ventajas en la toma de decisiones.
Desde la aprobación de la reforma, los resultados de las elecciones concurrentes evidencian que, aunque hay áreas de oportunidad, la coordinación entre el INE y los OPLE ha sido eficiente. Esto no significa, sin embargo, que las dinámicas de coordinación no sean mejorables en muchos sentidos.
Hace algunos meses, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó un reporte en el que se identifica que la coordinación es un desafío importante porque, entre otras cosas, la asignación presupuestaria de los OPLE tiene dinámicas particulares y puede derivar en que estos organismos no cuenten con los recursos humanos, tecnológicos y logísticos necesarios para cumplir sus funciones.
En este escenario, ¿por qué no buscar cambios paulatinos y mejorar la coordinación? ¿Por qué no escuchar a los OPLE y a las áreas encargadas del INE y construir una reforma a partir de las necesidades identificadas? Al establecer cambios que se contradicen con las disposiciones sobre el federalismo que sustenta la república mexicana, la reforma electoral muestra falta de cuidado argumentativo y un nivel de incoherencia inaceptable considerando las potenciales consecuencias.
Pero además, el fenómeno de incoherencia se observa entre reformas: al proponer la elección popular de 1,600 jueces, magistrados y nueve ministros en el poder judicial, ¿cómo se concibe la posibilidad de llevar a cabo esto en el contexto de un nuevo instituto electoral que de por sí tendría ya una sobrecarga al tener que realizar funciones que hoy realizan los OPLE?
La exposición de motivos afirma que el INE es “un organismo autónomo grande, burocrático y marcadamente ineficiente para cumplir su principal labor (…)”. Y por otra parte, establece que al eliminar a los OPLE se contará con una “autoridad administrativa única”, pero el punto es que la elección popular que se propone en la reforma judicial, junto con la eliminación de los OPLE, tendría precisamente el efecto que se critica: tener un INE -o INEC- enorme, con más y más funciones e ineficiente porque no contaría -al menos en un inicio- con las capacidades para hacer lo que hoy realizan los 32 OPLE.
Ningún ser humano es una isla y ninguna decisión en la esfera pública lo es. Ojalá lo entendieran quienes pretenden hacer cambios tan profundos.
Publicado en Animal Político
15-08-2024
