A pesar de que para el siguiente año el gasto público de la federación crecerá cerca de 800 mil millones de pesos (pasamos de 6.2 a 7.1 billones de pesos), hay a quienes ya se les dijo que no hay dinero. Háganle como puedan. No habrá más recursos para el Instituto Nacional Electoral (INE) ni para el Poder Judicial de la Federación (PJF). Contrario a lo que sucede con los recursos destinados a Pemex que se estiman aumentarán 9.7% o al Tren Maya que subirán 68% con respecto al año anterior.
La Constitución establece que el 15 de noviembre es la fecha límite para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Por eso, la semana pasada la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dictaminó el proyecto del PEF enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al hacerlo, introdujo cambios importantes que generaron descontento, por decir lo menos. Al pasar a la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados esa falta de acuerdos se tradujo en la presentación de 1906 reservas de los legisladores, que tenían como propósito cambiar el destino de los recursos públicos.
Horas y horas de discursos, peleas y descalificaciones pasan sin que se admita a discusión y menos a aprobación las reservas presentadas. Los temas son muchos: fondos para seguridad pública, recursos para medicamentos, municipios, turismo, grupos vulnerables, etc. La respuesta es la misma, no se cambiará el presupuesto propuesto por el presidente.
De lo cambios hechos en la Cámara de Diputados resaltan dos: la reducción de recursos para el INE y para el PJF. En ambos casos, poder y órgano son autónomos. Para 2022 ambos requieren de recursos para llevar a cabo las ¡propias reformas legislativas aprobadas por quien ahora les niegan los recursos! En el caso del INE la realización de la revocación de mandato (tergiversada a ratificación) implica prácticamente la realización de una elección federal: capacitar ciudadanos, impresión de materiales, sistema de conteo, fiscalización y supervisión de la consulta.
En el caso del Poder Judicial de la Federación, los recursos solicitados son para dar cumplimiento a la reforma laboral, que además de ser compromiso internacional plasmado en el T-MEC, afecta directamente a la justicia social para millones de trabajadoras y trabajadores mexicanos. La instalación de 77 nuevos tribunales laborales requiere de recursos públicos.
La aprobación del PEF es facultad exclusiva de los diputados, porque, al menos en teoría, en ellos recae la representación popular. Si se tomaran en serio esa representación popular, no podrían negar recursos para cumplir con las propias leyes que ellos aprobaron. En la práctica, tal parece que la representación que hacen nuestros legisladores es solo de la voluntad del Ejecutivo federal.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor y no representan la postura institucional.
Publicado en El Sol de México.
15-11-2021
