La Comisión Reguladora de Energía (CRE) es uno de los reguladores más relevantes de México, pero también uno de los menos comprendidos. Las decisiones de la CRE impactan en los recibos de luz, el precio de la gasolina, la inflación y por consecuencia en el bolsillo de los mexicanos; sus resoluciones inciden directamente en la competitividad y bienestar del país, sin embargo, su naturaleza eminentemente técnica hace de ella un órgano difícil de escrutar.
La CRE nació en 1994 con el objetivo de establecer un marco regulatorio que facilitara la coexistencia de empresas privadas con las entonces paraestatales, a raíz de las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) de 1992 que permitían la entrada de jugadores privados al sector eléctrico en diversas modalidades en el contexto de la apertura comercial del país. En 2008, una serie de reformas agregaron facultades a la CRE y volvieron más compleja su operación, al igual que la liberalización del sector en 2013-14.
Actualmente la CRE regula el transporte, almacenamiento, distribución y expendio de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos, así como la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad. En esencia, la CRE tiene la función crucial de establecer reglas claras y promover la certeza legal y regulatoria para el mercado energético. Para ello, cuenta con dos instrumentos principales: otorgar permisos y establecer tarifas. El alcance de sus resoluciones es tal que, en el fondo, definen la continuidad y viabilidad—o no—del mercado energético. De ahí que su independencia, tanto de gobiernos como de empresas, sea una condición indispensable para la competitividad de México.
Los mercados energéticos tienen externalidades negativas (por ejemplo las emisiones contaminantes y su efecto de salud pública, ambiental y de calentamiento global) y en algunos segmentos de la cadena de valor existen monopolios naturales (las economías de escala hacen que solo un jugador sea viable en la transmisión eléctrica) o una propensión a monopolios y oligopolios (pocos jugadores pueden participar en la construcción y operación de gasoductos o de refinerías por las altas barreras de entrada).
Por ello, los mercados energéticos no se pueden regular solos y necesitan un ente imparcial que asuma esta tarea. Al beneficiar a una empresa sobre otra, el regulador está claudicando en su responsabilidad y distorsionando el mercado en detrimento de la competitividad de la economía mexicana.
Los acontecimientos de los últimos dos años dejan patente la necesidad de entender a la CRE y defender su independencia. Estos incluyen las renuncias de cinco de siete comisionados en el órgano de gobierno antes de finalizar sus periodos, el accidentado proceso para reemplazarlos en el Senado– las ternas para cuatro posiciones de comisionados fueron rechazadas en dos ocasiones, lo que permitió que el presidente Andrés Manuel López Obrador los nombrara directamente– y las resoluciones recientes que pretenden obstaculizar la entrada de energías renovables y que han acabado en litigios ante el Poder Judicial.
El regulador cuenta con autonomía operativa, técnica y de gestión y su integración misma está diseñada para tener un carácter transexenal con nombramientos escalonados. A pesar de esto, la independencia de la CRE está en riesgo. Las renuncias de comisionados entre 2018 y 2019 son reflejo de ello, así como la reducción significativa de su presupuesto en esos años. Hoy la CRE cuenta con un presupuesto similar al que tenía en 2013, cuando tenía menos facultades y regulaba un sector menos complejo. Un menor presupuesto se ha reflejado en la salida de un número importante de funcionarios técnicos de carrera. Tomará décadas compensar esta pérdida de memoria institucional en un sector que, a nivel global, se mueve hacia el futuro a una velocidad sin precedentes.
Una CRE verdaderamente independiente está en el mejor interés de la administración actual. Un regulador debilitado queda expuesto a la captura no solo del gobierno en turno, sino también de intereses privados. Esto sin olvidar que, al someter las decisiones de la CRE a las prioridades de política energética de Palacio Nacional, México está incumpliendo flagrantemente con la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y con los compromisos adquiridos en la modernización del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea (TLCUEM, pendiente de ratificación). De igual forma, beneficiar regulatoriamente a Pemex y la CFE sobre jugadores privados viola el capítulo de empresas propiedad del Estado del Tratado Transpacífico (CPTPP) y del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Regular siguiendo las instrucciones del presidente en lugar de cumplir con la ley y los tratados internacionales no será un argumento válido en un arbitraje internacional.
Publicado por Animal Político
22-10-2020
