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Por una aprobación concertada de la NOM-163

En México, el sector automotriz es el principal motor de las exportaciones, así como uno de los principales sectores económicos. De acuerdo con la SE (2012), este sector representa una tercera parte de las exportaciones manufactureras y más de una quinta parte de las exportaciones totales del país. Además, emplea a casi 16% del personal ocupado y genera 3% del PIB nacional.

La aprobación en días pasados de los estándares de eficiencia vehicular al 2016 y al 2025 en EU ha puesto el tema de la norma de eficiencia vehicular de México (NOM-163-Semarnat) sobre la mesa. El debate que se ha llevado por varios años entre el sector automotriz y el gobierno federal se centra en los costos adicionales que implican para la industria el cambio tecnológico de adaptar los vehículos a dicha norma y los beneficios a la salud y el ahorro de combustible que su adopción generaría.

De acuerdo con el INE, los costos adicionales para la industria de adoptar la NOM-163 serían 8-9,000 pesos por automóvil subcompacto. Por otro lado, la AMIA ha estimado que dichos costos serían de 35,000 pesos para el mismo vehículo. Comparando dichos costos con los beneficios económicos que resultan del ahorro de gasolinas (sin considerar los beneficios en salud), el Imco estimó una tasa de retorno a la inversión de 22% de acuerdo con los costos del INE y de 0% considerando los costos de la AMIA.

En el primer caso, el retorno es mayor al costo del capital promedio de las empresas mexicanas que cotizan en la BMV (2010), cercano a 12.5%; esto quiere decir que, si los números del INE están bien, el mercado podría financiar el cambio tecnológico mediante esquemas que transmitan el costo de inversión presente a los consumidores futuros. En caso de que los números de la AMIA fueran los correctos, dicha inversión necesitaría del impulso del estado para que la industria cubriera sus costos de financiamiento.

Con el fin de avanzar la discusión, se podrían revisar los supuestos de ambos números así como incluir los mayores ahorros para el gobierno en gastos de salud y un menor subsidio a la gasolina, que podrían resultar de aprobarse la norma. También se podrían considerar cambios en los beneficios potenciales para la industria debido a una mayor demanda por vehículos más eficientes.