En México, las condiciones de competencia de los mercados son objeto de interés y de preocupación desde que comenzó el proceso de apertura comercial y se dio inicio a la privatización de una serie de empresas públicas a mediados de los años 80 y a lo largo de los 90.
Los primeros pasos fueron el ingreso de México al entonces Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), hoy Organización Mundial de Comercio (OMC), y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Inmediatamente después se creó la Ley Federal de Competencia Económica y la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) como el organismo del Estado responsable de velar por la competencia y de castigar a los agentes económicos que incurran en prácticas monopólicas.
Desgraciadamente, a más de 15 años de que se iniciaron estos esfuerzos, el panorama de la competencia en México no se percibe como el mejor. Por ejemplo, un estudio conjunto de la Cofeco y la OCDE (2010) afirma que el 30% del gasto familiar en México se lleva a cabo en mercados con problemas de competencia (refrescos y jugos, cerveza, medicamentos, leche, electricidad, telefonía móvil, etcétera), y que en estos mercados los consumidores pagan 40% más de lo que pagarían si hubiera competencia.
Así las cosas, en el IMCO nos dimos a la tarea de analizar en qué medida la falta de competencia se explica por las regulaciones existentes: leyes, reglamentos y actos administrativos que desde el Estado estorban el funcionamiento de los mercados. Tomamos como objeto de estudio cinco sectores económicos (telefonía móvil, autotransporte de carga, gasolina, electricidad y azúcar) y lo que encontramos es que en comparación con nuestros pares comerciales en Norteamérica, para estos mercados, nuestra economía se caracteriza por padecer regulaciones que favorecen la concentración y las prácticas anticompetitivas, además de que el Estado favorece la ausencia de opciones para el consumidor a través de monopolios estatales.
¿Qué hacer?
En México, como en Estados Unidos y Canadá, las prácticas monopólicas y actos colusivos por parte del sector privado se regulan y castigan de acuerdo con las leyes de competencia. La tarea de la Cofeco es fundamental y, por lo tanto, urgente la necesidad de dotarla de todos los recursos necesarios para la realización de sus funciones. De hecho, recientemente la Cámara de Diputados discutió y aprobó una iniciativa del Ejecutivo para darle mayores capacidades y herramientas a nuestro organismo antimonopolios. Esta iniciativa se encuentra actualmente en la Cámara de Senadores esperando aprobación. Que se convierta en ley depende enteramente del Senado.
Por otra parte, además de aplicar la ley antimonopolios a los agentes privados, se necesita el compromiso del Estado para revisar y modificar todas aquellas regulaciones que bajo la justificación de proteger el consumo, el empleo y salvaguardar la soberanía nacional, son la fuente misma de comportamientos anticompetitivos.
Sólo cuando el Estado se comprometa con esta tarea de revisión de regulaciones a la vez de fortalecer a la Cofeco, México tendrá una política pública integral de competencia.
Miembro del staff profesional del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
