El domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el nuevo Plan Nacional de Refinación. Refrendó lo que ha venido anunciando desde la campaña: se rehabilitarán las seis refinerías y se construirá una nueva en Dos Bocas, Tabasco.
El objetivo es alcanzar la autosuficiencia energética, dejar de importar gasolinas y poder bajar el precio de los combustibles en tres años.
El problema de esto es que aún en el mejor de los escenarios, en el que la nueva refinería sea rentable y se logren llevar a cabo las rehabilitaciones en los costos y tiempos planeados, el precio de la gasolina no depende de dónde se haga. Éste no se define en México, sino en la región, México es un “tomador de precios” de gasolina. Somos parte del mercado norteamericano de gasolina, donde el precio de los productos se define por la oferta y demanda de toda la región. México sólo representa 7% del consumo de gasolina de Norteamérica, por lo que el precio de referencia en México es el precio de los mercados de la costa del golfo de Estados Unidos.
De los $19.80 que hoy cuesta un litro de gasolina magna en la CDMX, el precio de referencia representa un poco más de una tercera parte. Incluso en el caso que Pemex pudiera producir gasolina con mejores márgenes que las refinerías del golfo de México, al venderla a un precio más barato estaría incurriendo en un costo de oportunidad y dejando dinero sobre la mesa.
En el fondo, la única palanca que el nuevo gobierno tiene de bajar la gasolina es bajando los impuestos, del precio que pagamos los consumidores alrededor de 30% proviene de diversos impuestos (IEPS e IVA), lo cual implicaría subsidiarla.
Sin embargo, esto derivaría en más problemas.
En primer lugar, pondría presión sobre el presupuesto -en 2017 el IEPS a la gasolina aportó más de 200 mil millones de pesos en impuestos. Por otro lado, sería ideológicamente contradictorio para un gobierno de izquierda crear subsidios regresivos. Desde el Centro Mario Molina hasta el IMCO, han demostrado que subsidiar la gasolina es quitarle dinero a los pobres para dárselo a los ricos; en esto se dilapidó una parte importante de la “bonanza petrolera” que tuvimos. Cada peso que se destina a subsidiar la gasolina es un peso que no se invierte en salud, educación o programas sociales. El precio de la gasolina es un campo minado para cualquier gobierno, no solo en México sino en el mundo.
Las protestas de los chalecos amarillos que están haciendo tambalear al gobierno de Macron en Francia, empezaron como una protesta por un aumento a los impuestos del diésel. Aunque ésta ha sido una de las banderas de campaña más exitosas de López Obrador y es una medida muy popular, las campañas se acabaron. El presidente cuenta con una popularidad y un capital político sin precedentes, no necesita meterse a este problema. Hacer promesas sobre los precios de los combustibles que podrían tener efectos fiscales o limitar la implementación de la agenda que lo llevó a la victoria podría volverse en un error costosísimo más adelante.
Publicado por El Heraldo de México
13-12-2018
