• Las y los legisladores deben de considerar las opiniones vertidas por organizaciones y académicos en las sesiones de Parlamento Abierto que se realizaron sobre la extinción de fideicomisos para evitar afectaciones a derechos humanos.
• La decisión de desaparecer los fideicomisos debe de obedecer a criterios claros y definidos del porqué de su extinción. La austeridad y situación de emergencia no debe realizarse en detrimento de otros derechos humanos.
• La decisión de extinguir los fideicomisos sin considerar los fines para los cuales fueron creados puede incrementar la vulnerabilidad de las personas a quienes se dirigen estos instrumentos.

Ciudad de México, 29 de septiembre de 2020. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados determinará hoy el destino de al menos 44 fideicomisos, que derivan de la iniciativa presentada por la fracción parlamentaria de Morena el pasado 20 de mayo, la cual busca extinción de 44 fideicomisos, a través de un dictamen que determina que la medida no genera afectaciones negativas a las finanzas públicas.

Desde la presentación de la iniciativa, distintos sectores de la sociedad, académicos, cineastas, defensores de derechos humanos y activistas, alzaron su voz para criticar la iniciativa debido a los fideicomisos que podrían verse afectados, algunos de ellos encargados de garantizar derechos humanos, tales como el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas o los fondos de protección de desastres naturales. En ese contexto, el pasado abril, el presidente de la Junta de Coordinación Política determinó la realización de sesiones de Parlamento Abierto con el fin de escuchar a la opinión de personas expertas de la sociedad civil, de la academia y de organismos internacionales sobre la medida. La conclusión de estas sesiones fue la de extinguir sólo 5 fideicomisos debido a la utilidad y necesidad de los demás, especialmente de aquellos que buscan proteger la seguridad y la vida de personas defensoras y periodistas en México; o los que tienen como fin la reconstrucción de desastres de origen natural.

Por ello, preocupa que, frente al dictamen de la Comisión de Presupuesto, las y los diputados reconsideren la extinción de fideicomisos cuya utilidad y existencia se habían determinado como indispensables. La decisión de desaparecer los fideicomisos no debe basarse únicamente en los impactos económicos, sino en los fines por los cuales se crearon y el impacto en los beneficiarios directos a los cuales se dirigen. Los criterios para determinar extinguir un fideicomiso deben ser claros, concretos y transparentes. Sobre todo, porque estos instrumentos están diseñados para que, en contextos de crisis económica, como en el que nos encontramos, el gobierno cuente con con recursos económicos y mecanismos para asegurar el cumplimiento de funciones estratégicas, y en algunos casos, garantizar la protección de derechos humanos.

Asimismo, es importante que las y los legisladores respeten y consideren las opiniones proporcionadas por las personas miembros de la sociedad civil y las personas expertas en las diversas materias de los fideicomisos que participaron en las sesiones de Parlamento Abierto (cuyo fin ha sido reunir en un mismo foro a una pluralidad de opiniones y experiencias para alcanzar un consenso), pues lo contrario implicaría prácticas de procesos simulados de participación ciudadana en estos esquemas. Por ello, ante las distintas vías abiertas e inconclusas para la extinción de fideicomisos, reconsiderar otros fideicomisos en esta iniciativa cuya existencia se había determinado indispensable, incrementa las dudas en torno a la razonabilidad de la toma de decisiones para desaparecer unos fideicomisos y mantener a otros.

La narrativa empleada para extinguirlos es la falta de transparencia en su manejo, sin embargo, desaparecer los fideicomisos no resuelve el problema, pues uno de los elementos de mayor preocupación en términos de opacidad se encuentra en su extinción. Actualmente hay poca claridad en los procesos que se siguen para desaparecerlos, las motivaciones para extinguirlos, en qué condiciones se extinguen y en qué se destinan los recursos que se recuperan. A la fecha, no es pública la lista de fideicomisos que están en procesos de extinción conforme al decreto presidencial emitido el 02 de abril de 2020, ni se conoce el informe del estatus de los fideicomisos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública debieron de enviar a la Cámara de Diputados para la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. Por ello, la decisión de desaparecer todos los fideicomisos previstos en la iniciativa del legislativo y presentada ante la Comisión de Presupuesto para su discusión, abonará a estos problemas de opacidad.

Conminamos a las y los legisladores a tomar decisiones con base en la utilidad de estos instrumentos, considerando el impacto negativo que pueden generar en la garantía de derechos humanos y la vida de las personas que son beneficiarias de los fideicomisos al desaparecerlos. De lo contrario, lejos de generar ahorros, se estaría dejando en estado de indefensión a sectores vulnerables ante eventos catastróficos, dejaría a las instituciones públicas sin capacidad de acción y adaptación ante cambio climático, entre otros efectos que incrementan el riesgo y la desigualdad de quienes dependen de estos fideicomisos.

NÚCLEO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
DE LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO EN MÉXICO