Por: Ana Lambarri, investigadora de Gobierno y Finanzas, y Manuel Sobral, quien realiza sus prácticas profesionales en el IMCO.
¿Te imaginas querer saber en qué gastará tus impuestos el gobierno de tu estado y no encontrar nada, o encontrar presupuestos escritos a mano ilegibles, como si fuera el siglo pasado? Hoy esto suena absurdo, pero antes era lo normal. La información presupuestal de los estados era inexistente, estaba incompleta, era diferente entre entidades y no se concentraba en un mismo lugar. Al percatarse de esta situación, en 2008 el IMCO inició la medición del Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE), como un esfuerzo para medir y mejorar la información en materia presupuestal.
El presupuesto que ejercen las entidades federativas importa porque representa un tercio del gasto público de todo el país. A través de los presupuestos de egresos, los ciudadanos pueden conocer las prioridades de gasto de los gobiernos: en educación, inversión pública, sueldos y salarios, y más. Conocer la salud de las finanzas públicas estatales sirve para evaluar la capacidad de gasto de los estados y tomar decisiones informadas que mejoren la vida pública.
Desde ese lejano 2008 en que comenzó el esfuerzo de analizar cajas y cajas de papeles, los estados han logrado pasar de un cumplimiento promedio en el reporte de su información presupuestal del 53% a un 93%, 40 puntos porcentuales por encima de la primera evaluación. El BIPE ha fomentado las mejores prácticas en materia presupuestal: en 14 años se logró una homologación y digitalización que facilitó el acceso a esta información. Esto en sí mismo es un gran avance. Para lograrlo, el IMCO ha brindado capacitación técnica a los gobiernos estatales, e incluso elaboró un presupuesto modelo con los lineamientos que se evalúan en el BIPE, mismo que ha sido adoptado por 21 gobiernos.
Esto no quiere decir que no haya aún trabajo por hacer. Algunas entidades federativas siguen sin adoptar buenas prácticas o cumplir con el reporte de su información presupuestal. ¿Dónde hay opacidad?
El saldo o destino de la deuda pública, los sueldos y plazas del personal docente, el saldo de los fideicomisos o el financiamiento a partidos políticos continúan sin reportarse al inicio del ciclo de las finanzas públicas, que incluyen las fases de planeación, programación y presupuestación. Contar con esta información permite a la ciudadanía estar más informada respecto del actuar de sus representantes y crea confianza entre la sociedad civil, el sector privado y el gobierno.
Si atendemos a la lógica detrás del derecho de acceso a la información y de las obligaciones de transparencia, se vuelve evidente que estamos lejos de cumplir el objetivo. El cumplimiento de los criterios evaluados en el BIPE y de las leyes son tan solo un primer paso hacia la efectividad del principio de máxima publicidad y una mejor administración de los recursos públicos.
La idea del mínimo esfuerzo debe quedar en el pasado. El cumplir con los mínimos establecidos en las leyes no es suficiente para poder hablar de un gobierno transparente y abierto. En consecuencia, las entidades federativas deben publicar información de forma proactiva en aras de satisfacer la demanda de información de su ciudadanía.
Es fundamental institucionalizar las mejores prácticas en materia de contabilidad gubernamental, disciplina financiera y de transparencia presupuestal para la elaboración y aprobación de las leyes de ingresos y presupuestos de egresos. La información presupuestal de las entidades federativas debe ser del conocimiento de la ciudadanía para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.
Publicado en Animal Político.
31-03-2022
