Las estimaciones del costo de los daños ocasionados por un desastre natural como el vivido en Acapulco hace ya casi dos semanas son siempre muy difíciles de hacer. Se sabe poco todavía de la magnitud de los daños más allá de los aparentes, poco también de la afectación a la infraestructura que hay que reparar, un poco más, pero con información que no es pública sobre el costo que representará para las aseguradoras y nada, en lo absoluto nada, de lo que se debe hacer con un puerto que ya estaba en una situación difícil por la decadencia del propio estado y por la toma del crimen organizado.
Aún así, los estimados de los daños en Acapulco y municipios aledaños rondan los 16 mil millones de dólares, más o menos, 288 mil millones de pesos de los que una parte, suponemos, provendría del sector privado. Sobre los recursos públicos a utilizar, la semana pasada el presidente anunció un plan para la primera etapa de la reconstrucción del puerto.
Se destinarán un poco más de 61 mil millones de pesos para atender el desastre, cifra que coincide con lo asignado para el Plan Nuevo Guerrero, la iniciativa para reconstruir las zonas afectadas de Acapulco tras el paso de los huracanes Ingrid y Manuel, ambos de categoría 1, pero en 2013. La destrucción de aquel momento no es ni de cerca comparable a la de hoy, de entrada, en aquel momento, ambos huracanes golpearon una zona específica del puerto, mientras que Otis devastó prácticamente la totalidad de la ciudad. Para que el monto asignado para 2014 fuera comparable con los precios de 2023, tendríamos que hablar de cerca de 94 mil millones de pesos.
Los 61 mil millones no serán suficientes. Quizás alcancen para resolver la situación de emergencia, pero no para plantear una reconstrucción integral y bien hecha del puerto. De ese monto hay cifras que ameritan un análisis distinto. Por ejemplo, se contempla adelantar el pago de las pensiones y los programas para el bienestar, pero no son recursos nuevos. Se consideran dentro de los 61 mmdp, las prórrogas para el pago de la carga social de la nómina —Infonavit, IMSS y Fovissste—, así como la exención del pago de luz hasta enero de 2024. También está considerada la exención fiscal de IVA y de ISR hasta febrero del año entrante. Para los recursos que efectivamente tendrán que ser erogados —como el pago de despensas, de enseres domésticos, de infraestructura— no hay explicación alguna de la fuente de la que provendrán.
El desastre coincidió con las negociaciones sobre el presupuesto aplicable para 2024. Sería importante, por una vez, hacer bien las cosas y planear una recuperación viable y ordenada de Acapulco, desde luego multianual y transexenal. Pensar que esto es cosa de un par de años evidencia el desconocimiento de la magnitud del desastre. La reconstrucción posterior al huracán Katrina en Nuevo Orleans en 2005 ha tomado más de 15 años y más de 150 mil millones de dólares erogados en todos esos años.
Pero me queda claro que es solo un deseo. El desaseo en la reconstrucción será tal que ni siquiera se ha planteado una asignación específica y etiquetada para atender al puerto. No sabremos no solo cuánto costará la reconstrucción, tampoco de donde saldrán los recursos y mucho menos la forma en la que se ejercen. Los diputados están a tiempo de cambiar las cosas, aunque parece que tampoco tienen claro que prioridad que no está en el presupuesto, no es prioridad.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad de la autora y no representan la postura institucional.
Publicado en El Universal.
07-11-2023
