Como cada seis años, la lista de promesas de campaña de las candidatas a la presidencia es amplia, variada y costosa. Sin tomar en cuenta las restricciones presupuestales a las que inevitablemente se enfrentarán en caso de llegar al poder, las candidatas han comprometido ante el electorado el uso de recursos públicos para financiar distintas políticas que implican un impacto presupuestario significativo. Las promesas van desde duplicar el número de integrantes de la Guardia Nacional y otorgar una beca universal para estudiantes de nivel básico, hasta dar apoyos mensuales a mujeres víctimas de la violencia y reducir la edad a partir de la cual los adultos mayores pueden acceder a una pensión no contributiva.
Desafortunadamente para los ciudadanos que votaremos este 2 de junio, es probable que varias de estas promesas no lleguen más allá de algunas menciones durante los debates presidenciales o de los spots que hoy saturan la radio y televisión. Terminarán siendo promesas vacías, no por falta de voluntad política o capacidad técnica para implementarlas, sino simple y llanamente por la falta de recursos públicos para ponerlas en marcha.
Al tomar posesión el próximo 1 de octubre, la primera presidenta de México se topará con un conjunto de obstáculos o restricciones impuestas por la complicada situación de las finanzas públicas que heredará de su antecesor. En ausencia de una reforma fiscal de gran calado, estas limitarán su capacidad para honrar los compromisos de campaña que adquirió ante los electores que la llevaron al poder.
De acuerdo con los Pre-Criterios Generales de Política Económica (PCGPE) 2025 que publicó recientemente la Secretaría de Hacienda, este año se estima que el saldo de la deuda del sector público federal alcance su mayor nivel desde el año 2000 (17.05 billones de pesos), lo que limitará la capacidad de endeudamiento del nuevo gobierno. Además, su margen de maniobra será limitado, ya que –al igual que en años recientes– aproximadamente 60 % de los ingresos que obtenga estará destinado al pago de compromisos ineludibles, como transferencias a gobiernos estatales y municipales, y el pago de pensiones e intereses de la deuda.
Es posible, incluso, que esta restricción presupuestal sea aún más severa en el primer año de la siguiente administración. Como parte de una estrategia para sanear las finanzas públicas del sector público federal, la Secretaría de Hacienda plantea la posibilidad de un recorte significativo al gasto del sector público en 2025: de 9.14 billones de pesos en 2024 a 8.66 billones de pesos en 2025. Esta reducción, la primera desde 2017, se daría específicamente en el componente programable del gasto, que se destina a proveer bienes y servicios para la población. Este pasaría de 6.62 billones de pesos en 2024 a 6.04 billones de pesos en 2025, lo que representa una reducción de 578.9 mil millones de pesos, es decir, un 12.1% menos en términos reales.
Ante este escenario, la ausencia de un pronunciamiento explícito por parte de las candidatas para implementar una reforma fiscal integral que aumente los ingresos del sector público es preocupante, especialmente cuando amenaza su plataforma electoral. ¿Abordarán el elefante en la habitación, contratarán más deuda, o correrán el riesgo de no tener los recursos suficientes para sostener sus promesas de campaña en detrimento de sus electores? La respuesta a esta pregunta definirá en gran medida el éxito de su administración.
Publicado en Animal Político
04-04-2024
