Tantos jaloneos, desprestigios y golpeteos entre los actores de las telecomunicaciones dejan ver claramente que a México le urge una política seria y de largo plazo. Con este ánimo, la Cofetel y la SCT solicitaron a la OCDE pronunciarse y que emitiera recomendaciones al respecto. La idea original era que el estudio, al determinar que ni las tarifas, ni la calidad, la cobertura ni la penetración de estos servicios están cerca de los estándares internacionales sirviera de acicate para definir acciones coherentes para superar el rezago en el que nos encontramos.
El estudio hace referencia a casi todos los asuntos controversiales del sector. Por ejemplo, menciona la posibilidad de que Telmex pueda ofrecer TV de paga, bajo ciertas condiciones. Aborda también la excesiva concentración de medios televisivos en Televisa y TV Azteca, y enumera las dificultades que tenemos como país para atraer a un operador internacional de telefonía móvil ante la dominancia no regulada de Telcel. Señala la necesidad de lineamientos más claros para el nombramiento de los comisionados de la Cofetel, pone el dedo en el renglón sobre el uso indiscriminado del amparo, además de mencionar que México es uno de los tres países miembros de la OCDE que impone barreras a la propiedad extranjera en el sector.
El reporte incluye también duros señalamientos sobre los problemas de gestión de los reguladores, sobre la tardanza en las respuestas de la Cofetel, el incumplimiento de plazos y la falta de agilidad para reaccionar a las quejas de las empresas reguladas. También apunta a que la SCT no ha logrado delinear una verdadera política social en telecomunicaciones.
Hay igualmente un análisis sobre los problemas de diseño institucional, en particular la falta de una división clara, con duplicidades, de responsabilidades entre la SCT y la Cofetel. Es incisivo en sugerir la necesidad de dotar a la Cofetel de algún tipo de autonomía presupuestal.
Un importante espacio está dedicado a discutir cómo la combinación de Telmex y Telcel hace casi imposible que un competidor no pueda evitar el acceso o la interconexión con los activos de América Móvil. Sobre el tema de la televisión de paga, apunta que a la fecha no existen obligaciones generales de transmisión ni de oferta ni de demanda de contenidos televisivos (must-carry & must-offer), con lo cual los operadores de televisión de paga, especialmente los pequeños, se encuentran en desventaja frente a las empresas propiedad de Televisa.
Sin duda, cada una de estas circunstancias en lo particular hace que el sector esté frenado. El informe sugiere que la traba principal es la falta de un consenso político básico sobre los contornos futuros del sector. Es decir, que estos frenos desaparecerán sólo cuando el Estado mexicano se ponga de acuerdo en lo que debe ser una política de telecomunicaciones.
Para la implementación de básicamente todas las recomendaciones de la OCDE se requeriría una cirugía legislativa de gran calado, incluyendo cambios a la Constitución, a la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, además de cambios en materia de amparo. Se necesitan también de iniciativas que emanen del seno de la SCT y de la misma oficina de la Presidencia. La agenda de la OCDE requeriría igualmente que el Poder Judicial asuma criterios de interés general en sus decisiones en materia de telecomunicaciones.
Obviamente, las acciones del Estado mexicano necesarias para llevar a cabo estas recomendaciones se toparán con restricciones serias para a su implementación. Se necesita de voluntad política para enfrentar y vencer los intereses de los actores dominantes en el sector. Pero si los representantes del Estado no pueden trabajar unidos, ¿entonces quién? ¿Algún candidato presidencial que se anime a insertar estas preocupaciones, necesidades y acciones en su plataforma de campaña y que se comprometa a dar el primer paso cuando sea Presidente?
Directora de Proyectos de Buen Gobierno, Instituto Mexicano para la Competitividad, AC.
