Índice de competitividad internacional 2019

¿Qué mide el índice de Competitividad Estatal?

 El Índice de Competitividad Estatal 2021 (ICE) mide la capacidad de los estados para forjar, atraer y retener talento e inversiones. Un estado competitivo es aquel que consistentemente resulta atractivo para el talento y la inversión, lo que se traduce en mayor productividad y bienestar para sus habitantes. Para medir esto, nuestro Índice evalúa tanto las capacidades estructurales como coyunturales de los estados. El ICE está compuesto por 72 indicadores, categorizados en 10 subíndices que evalúan distintas dimensiones de la competitividad de los 32 estados del país.

En esta edición se modificaron algunos indicadores con base en criterios de disponibilidad de la información, así como de oportunidad de los temas abordados. Dado que lo anterior impide realizar comparaciones directas entre ediciones, por ello se reconstruyeron las series de todos los indicadores para poder analizar la evolución de los estados a través del tiempo con los cambios incorporados en esta edición.

Índice general y cambios en posiciones

Gráfica 1 Resultados generales del Índice de Competitividad Estatal 2021

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por ubicación geográfica

Mapa 1 Resultados del Índice de Competitividad Estatal 2021 por grupo de competitividad

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados generales por subíndice y cambios

Tabla 1 Resultados promedio por subíndice para los 32 estados

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Entidad que lleva la delantera

 Ciudad de México

Como ha ocurrido desde la primera edición de este índice, la Ciudad de México fue la entidad más competitiva y el único considerado de competitividad alta. Fue la entidad con el mayor grado de escolaridad (10.1 años), camas de hospital (1.7 por cada mil habitantes), médicos y enfermeras (5.4 por cada mil habitantes) y médicos con especialidad (2.4 por cada mil habitantes) y la mayor esperanza de vida. Fue también la entidad con el mayor PIB per cápita (408 mil 42 pesos por persona), y con la mayor diversificación económica (937 sectores), uso de banca móvil (14 mil 827 contratos de banca móvil por cada 10 mil adultos) y carga aérea (51 mil kilogramos por cada mil personas). No obstante, lo anterior, debe señalarse que la Ciudad de México presenta importantes rezagos en materia de sistema político pues reportó el mayor número de agresiones en contra de la prensa.

Entidad con el peor desempeño

 Guerrero

 La entidad su ubicó en la última posición en nuestro índice con una competitividad baja, debido a que presentó el peor desempeño en el tema de innovación y gobierno. Fue el estado con mayor porcentaje de delitos no denunciados (94%), el menor porcentaje de ingresos propios (2.4% de los ingresos totales. Fue también el estado que reportó la mayor migración ya que 0.9% de la población migró.

 Datos interesantes por subíndice

Sistema de derecho confiable y objetivo

• Los estados con las tasas de homicidios más altas fueron: Colima (75.3), Baja California (69.9) y Chihuahua (62.2).
• Los estados con las tasas de secuestros más altas (por cada 100 mil habitantes) fueron: Morelos (2.9) y Zacatecas (2.2). La tasa de estas entidades fue 3 veces mayor al promedio de las entidades.
• En las entidades en promedio no se denunciaron el 88% de los delitos. En Guerrero no se denunció el 94.2% de los delitos totales ocurridos en el estado, mientras que en Colima no se denunció el 80%.
• En ningún estado se denuncia más del 20% del total de los delitos ocurridos.

Manejo sustentable de medio ambiente

• Hidalgo fue la entidad con el mayor caudal tratado de aguas residuales, al tratar 9 litros por segundo por cada mil habitantes.
• Los estados perdieron, en promedio, 0.4% de su superficie total cubierta por árboles.

Sociedad incluyente, preparada y sana

• De 2005 a 2020 la brecha entre los ingresos promedio estatales de hombres y mujeres se redujo solo 8 puntos porcentuales.
• Mientras que la diferencia salarial entre mujeres y hombres en promedio fue del 13%, en Guerrero fue del 25%.
• En promedio, en los estados se observaron 0.7 camas en áreas de hospitalización por cada mil habitantes. El máximo correspondió a Ciudad de México con 1.7 y el mínimo a Chiapas con 0.4.

Sistema político, estable y funcional

• En 30 estados más del 75% de los adultos consideró que las prácticas corruptas en el gobierno del estado eran frecuentes o muy frecuentes. Los estados por debajo de esta línea fueron Querétaro (72%) y Yucatán (71%).
• En Chiapas aquellas personas que deseen registrarse como candidatos independientes para gobernador debían reunir firmas por el equivalente al 0.25% de la lista nominal, en 11 entidades dicha cifra ascendía al 3%.
• Yucatán fue la entidad con la mayor participación ciudadana, al participar el 74% de su lista nominal en la última elección a gobernador. 

Gobiernos eficientes y eficaces

• En promedio en los estados, el 30% de los adultos del país interactuaron al menos en una ocasión con el gobierno por medios electrónicos.
• Únicamente Michoacán obtuvo menos de 50 puntos en el Índice de Información Presupuestal Estatal.
• Los tres estados con las tasas de informalidad más altas promediaron un 76%, mientras que los tres con las más bajas un 36%.

Mercado de factores eficiente

• El salario estatal promedio de los trabajadores de tiempo completo fue de 7 mil 456 pesos mensuales, sin embargo, los trabajadores de Baja California Sur (primer lugar), ganaron 2.3 veces lo que los trabajadores de Chiapas (último lugar).
• Chiapas (4.66), Baja California (3.97) y Oaxaca (3.42) fueron los tres estados que presentaron el coeficiente de desigualdad salarial más alto.
• En promedio, solo el 4.1% de las personas económicamente del país recibieron capacitación laboral.

Economía estable

• En promedio, los estados generaron 63% de su PIB en sectores de alto crecimiento.
• Nuevo León fue el estado con la mayor proporción de su PIB generado en sectores de alto crecimiento (79%) y Campeche el estado con la menor (10%).
• En 2016 había un promedio de 770 sectores presentes en las economías estatales. En 2020 dicha cifra se incrementó a 797.

Sectores precursores de clase mundial

• En promedio, el 50% de las viviendas contaron con acceso a internet.
• En promedio, el 80% de las viviendas contaron con telefonía móvil.
• En 2018, solo había un promedio de 2 mil 345 contratos de banca móvil por cada 10 mil adultos. Sin embargo, dicha cifra aumentó a 4 mil 642 en 2020.

Aprovechamiento de las relaciones internacionales

• Los tres estados más visitados recibieron el 80% del total de pasajeros aéreos internacionales del país (Quintana Roo, Ciudad de México y Jalisco).
• Quintana Roo (22%), Baja California Sur (16%) y Nayarit (14%) fueron los estados que generaron mayor proporción de su PIB en el sector turístico.
• En promedio, solo el 3.5% del PIB de cada estado estuvo concentrado en el sector turístico.

Innovación y sofisticación en los sectores económicos

• Mientras que en la Ciudad de México presentó 3.1 centros de investigación por cada 100 mil de la población económicamente activa, Colima solo 0.3.
• En 13 estados la tasa de patentes solicitadas fue menor a uno por cada 100 mil de la población económicamente activa.
• De 2019 a 2020 la tasa promedio de patentes solicitadas se redujo al pasar de 2 a 1.8 por cada 100 mil de la población económicamente activa.

¿Qué mide?

El subíndice Sistema de derecho confiable y objetivo (Derecho) analiza el entorno de seguridad pública y jurídica en las entidades federativas del país. La seguridad pública está estrechamente ligada a la calidad de vida de los ciudadanos, al salvaguardar su integridad física y sus derechos a través de la prevención y eliminación de aquello que pone en riesgo sus libertades, el orden y la paz pública. Por otro lado, la seguridad jurídica es determinante para la llegada de nuevas inversiones. Por ello, un Estado de derecho funcional genera condiciones favorables para la atracción y retención de talento e inversión en los estados. En este sentido, el subíndice analizado considera indicadores sobre delitos, denuncias, percepción de seguridad y entre otros.

Resultados del subíndice

Gráfica I.1 Ranking del subíndice Derecho

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa I.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Derecho

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador

Tabla I.1 Resultados generales del subíndice Derecho por indicador

*El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

**El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Para mayor detalle de los indicadores consultar el anexo metodológico.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

IMCO Propone

PREVENCIÓN DEL DELITO.

• Implementar una política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana desde lo local. De acuerdo con el Inegi, a nivel nacional el 64.3% de la ciudadanía identificó como primer conducta antisocial y delictiva en su entorno inmediato, del hogar, colonia o comunidad, el consumo de alcohol en las calles, seguido de robos o asaltos frecuentes y el atestiguamiento del consumo o venta de drogas[1]. Lo anterior se agudiza si no existe un modelo adecuado que atienda integralmente y promueva la convivencia y seguridad ciudadana en el entorno más inmediato de los ciudadanos.

La Justicia Cívica[2], como un componente de respuesta y solución, brinda respuestas eficientes, evitando que muchas conductas escalen y se conviertan en delitos. Mediante la implementación y desarrollo de programas de convivencia la Justicia Cívica fomenta la cultura de la legalidad y de cercanía con una policía.

Esta Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, implementada desde las entidades, desde los municipios o en conjunto, con el apoyo directo de los gobernadores o presidentes municipales, la participación social, sociedad civil y el empresariado, preferentemente coordinada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con el involucramiento de otras instituciones o dependencias relacionadas con la movilidad, desarrollo social o la salud, entre otras, han dado buenos resultados, por ejemplo, en Aguascalientes, con la implementación hace más de una década del Programa Línea Verde. [3] Este programa generó que los asaltos violentos y robos disminuyeran en un 50%, desde su lanzamiento y que el valor de las propiedades aumentará en un 20%.[4]

La justicia cívica, el establecimiento de un modelo integral de seguridad ciudadana y de solución de conflictos sociales que fomente la cultura de legalidad, el diseño y desarrollo de programas y proyectos de convivencia, prevención de la violencia y delincuencia y mejorar las capacidades de la policía y el involucramiento de la sociedad en las decisiones de cambio, han ayudado en países como Honduras[5], por ejemplo, en aumentar la confianza en sus policías[6].

JUSTICIA PENAL Y POLÍTICA DE REINSERCIÓN SOCIAL.

• Consolidar el modelo de atención a víctimas de delitos. En 2019, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) mediante una consulta pública sobre atención a víctimas en México señaló que, el 63% de las víctimas que denunciaron o solicitaron ayuda por un delito por violación a sus derechos humanos no recibió acompañamiento en su denuncia. Lo anterior, principalmente debido a que no se les ofreció ningún servicio (47%), lo solicitaron, pero se les indicó que en ese momento no se contaba con personal o recursos para ello (24%), o se les indicó que no se brinda el servicio de apoyo o acompañamiento (13%)^[7]. Es por eso, que es importante consolidar el Modelo Integral de Atención a Víctimas[8] por conducto del Sistema Estatal de Atención a Víctimas que está integrado por los representantes del poder ejecutivo, legislativo, judicial, organismos públicos (Comisiones de Derechos Humanos) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel local, buscando contar con procesos a nivel estandarizados de atención y acompañamiento, homologación de criterios de reparación de daños y la unificación de sus atribuciones jurídicas a nivel nacional, incluyendo asegurar los recursos suficientes para cumplir con sus objetivos y atribuciones.

A su vez, se considera relevante impulsar desde los gobiernos o legislaturas locales la modificación a la Ley General de Víctimas y al Código Nacional de Procedimientos Penales con el objeto de fortalecer los derechos de la víctima para que pueda contar con un asesor jurídico desde el momento en que interpone una denuncia, sin que sea opcional o a solicitud de la misma.

Lo anterior, servirá para que miles de víctimas, cuenten con los mecanismos adecuados de acceso a la justicia, fortaleciendo el Estado de Derecho en nuestro país.

• Crear unidades eficientes de investigación de delitos. A nivel nacional, la probabilidad de que se denuncie y esclarezca un delito es de 1.3%[9]. Ante los altos niveles de impunidad, es necesario fortalecer las capacidades de investigación, dentro de las Fiscalías, y dependencias encargadas de brindar seguridad ciudadana.

Hoy en día, las policías de los tres órdenes de gobierno deben de tener un papel protagónico en la investigación de los delitos, sin embargo, aún no se ha logrado que éstas se corresponsabilicen y doten de información útil al Ministerio Público para detonar el avance en las investigaciónes que se les presentan. Se continúan fabricando investigaciones de escritorio (sin salir de la oficina), y continuan existiendo disputas por cuestiones competenciales sobre a aquíen le corresponde resguardar o indagar sobre un crimen. Y en algunas ocasiones esto tambíen se debe a que no se cuenta con las capacidades técnicas necesarias para procesar el lugar de los hechos o para el llenado de un informe policial[10]. Lo cual, tiende a afectar el desarrollo en las lineas de investigación, y en los deficientes resultados ante los tribunales.

Por ello, se requiere, mediante acuerdos de colaboración que se impulsen desde las Fiscalías del país, que cualquier autoridad de seguridad cuente con el personal capacitado  y especializado para el procesamiento del lugar del delito y que pueda efectuar una investigación científica del crimen, sin trabas competenciales o burocráticas entre instituciones, apoyándose de herramientas tecnologicas de análisis, inteligencia delictiva e intercambio de información.

Al concretar lo anterior, se contribuirá a por ejemplo:

• • Detectar patrónes criminales en zonas de alta densidad delincuencial o en prevenir, combatir o disminuir su incidencia.
  • Contar con agentes policiales con los elementos técnicos necesarios para iniciar, buscar o ampliar, investigaciones juridicamente sustentadas ante el Ministerio Público y con altas probabilidades de éxito ante los jueces.

• Disminuir la sobrepoblación penitenciaria. De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, a diciembre del 2020, de los 289 centros penitenciarios federales y estatales del país, 130 están sobrepoblados. Dentro de los que destaca el Estado de México que cuenta con 23 centros cuya capacidad es de más de 14 mil espacios, y sin embargo, cuenta con una sobrepoblación de más 18 mil personas o una población que excede más de la mitad de su capacidad.[11] A su vez, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad^[12] (ENPOL) realizada por el Inegi, muestra que, el 72% de la población recluida cuenta con educación básica. Mas de la mitad (60%), trabajaba en oficios de bajos ingresos como: trabajador artesanal o en el comercio informal, entre otros. El 68% de éstos, son jóvenes entre 18 y 39 años. Y del total de las personas recluidas, casi el 67% se encuentra encerrado ya sea por haber sido condenado o se encuentra a la espera de serlo por cometer un delito relacionado con el robo. Por lo tanto, es posible asumir que la mayoría de los reclusos no son personas que han cometido delitos de gravedad, sino jóvenes con bajos recursos que cometieron el delito de robo y con pocas alternativas de desarrollo personal y profesional.

Si a lo anterior le añadimos las reformas que se han efectuado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPUEM) y al Código Adjetivo penal para la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, no han mejorado los índices delictivos ni desincentivado su comisión. Por el contrario, los datos que arroja el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, a diciembre del 2020 nos muestran el aumento en un año (Dic-2019-Dic-2020) de un poco más de 13 mil personas privadas de su libertad y que están siendo procesados y en espera de sentencia por un delito del fuero común[13]. Así, un 36% de las personas privadas de libertad están aún en proceso, es decir, no existe una sentencia firme que asegure su responsabilidad delictiva y el tiempo que estará en prisión. Por lo anterior, para disminuir la población penitenciaria, se recomienda:

El poder judicial en el ámbito estatal, por conducto de los jueces locales de ejecución de sentencias tienen la encomienda de supervisar y velar que se cumplan los derechos humanos de los internos, puedan aplicar e impulsar constantemente las siguientes figuras jurídicas descritas en la Ley Nacional de Ejecución Penal[14]:

• • Otorgar los beneficios preliberaciones que la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) prevé, por criterios de política penitenciaria, por ejemplo: a personas sentenciadas adultas mayores, portadoras de enfermedades crónico-degenerativas o terminales o cuando se trate de un delito cuya pena máxima sea de 5 años de prisión y no se haya cometido con violencia.[15]
  • Utilizar la figura de sustitución de la pena, cambiando la prisión de una persona, por su libertad, por ejemplo, cuando se busque la protección de los menores de 12 años o tengan una condición de discapacidad y cuando su cuidadora principal sea quien esté cumpliendo con la sentencia, o cuando se cumplan con programas de tratamiento de adicciones.[16]
  • Incentivar que se efectúen ante el Juez solicitudes de libertad anticipada (extinción de la pena y libertad del sentenciado), a petición del sentenciado, su defensor, el Ministerio Público o a propuesta de la Autoridad Penitenciaria, con la condición de cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 141 de la LNEP.[17] (por ejemplo: buena conducta, haber reparado el daño o se haya cumplido con la mitad de la pena impuesta para delitos culposos)

• • Conceder a la persona sentenciada el beneficio de la libertad condicionada cumpliendo los requisitos contemplados en el artículo 137 de la LNEP.[18] (por ejemplo: que no implique un riesgo para la víctima, haber reparado el daño y el pago de la multa, no estar sujeto a otro proceso penal por delito que amerite prisión preventiva, buena conducta)

• • Establecer de manera urgente medidas estratégicas e integrales que tomen en cuenta que el contexto de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad y sus operadores ante la pandemia COVID-19, es un tema de salud pública, y es necesario que sea atendido bajo el principio de corresponsabilidad que estipula la propia LNEP[19]y los protocolos correspondientes.[20]

Los gobernadores de los estados puedan considerar las siguientes acciones:

• Impulsar y dotar de recursos económicos suficientes a la autoridad penitenciaria estatal , a fin de asegurar que todas las personas que puedan acceder a la figura de libertad condicionada cuenten con las herramientas de monitoreo electrónico suficientes, a fin, de que los sentenciados que no puedan cubrir su costo, y en tanto un juez así lo disponga , tengan la opción de acceder a su libertad de forma condicional.[21]
• Enviar iniciativa a las legislaturas estatales a fin de que se publique una Ley de Amnistía, pudiendo considerar la Ley publicada el 22 de abril del 2020 por el ejecutivo federal, con el objetivo de buscar la pacificación y la restauración del tejido social, a través de la condonación de penas por diversos delitos como forma de reparar las violaciones al debido proceso, reconociendo los contextos de precarización y/o vulnerabilidad de algunas poblaciones históricamente criminalizadas. Reconociendo que la mayor parte de la población privada de libertad y que pudiese beneficiarse se encuentran en el ámbito estatal.
• La utilización de la figura de sustitución de la pena[22] para evitar el congestionamiento en los centros y proteger a los sectores vulnerables.
• Impulsar que las solicitudes de libertad anticipada[23] se resuelvan de manera positiva prioritariamente en los casos de personas que, por ejemplo, presentaron buena conducta, que hayan reparado el daño o hayan cumplido con la mitad de la pena impuesta para delitos culposos.
• Implementar de manera urgente medidas sanitarias adecuadas dentro de los centros penitenciarios ante la pandemia del COVID-19, atendidas bajo los principios que estipula la propia Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP)[24] y los protocolos[25]
• Adquirir herramientas de monitoreo electrónico[26] suficientes para que los sentenciados que no puedan cubrir su costo, puedan beneficiarse de esos aparatos y acceder a la figura de la libertad condicionada[27].

COMPETENCIA NOTARIAL Y REGISTRO DE PROPIEDAD.

• Eliminar obstáculos regulatorios para acceder a una patente notarial. Todavía, en algunas leyes de la materia de algunos estados como por ejemplo, en Chiapas[28] o Tlaxcala[29] la decisión, para otorgar una patente de notario público, puede ser a elección directa del Ejecutivo Estatal, es decir, los gobernadores tienen una fuerte injerencia en decidir a quienes se les otorga tal función, inclusive sin una previa examinación técnica que acredite sus conocimientos o práctica profesional en la materia, que se traduzca en brindar un servicio eficiente al público usuario[30].

Para esto, es necesario, impulsar las modificaciones y reformas concernientes para evitar que esta práctica continué siendo común y que ponga en riesgo los actos jurídicos que necesiten contar con el profesionalismo, eficiencia y calidad que debe regir a los prestadores de servicios de la fe pública.

• Reducir los rezagos importantes en materia de actualización y modernización del sistema registral y catastral del país. Desde las gobernaturas y las legislaturas locales, se debe impulsar la adopción o creación de una ley en materia de Armonización y Homologación de los Registros Públicos y Catastros, con el objetivo de contar con una norma efectiva y útil para obtener, administrar, procesar y utilizar la información registral y catastral, que brinde certeza jurídica sobre los derechos de propiedad de los inmuebles,[31] así como tener la cartografía digitalizada y complementar esa información con el uso de herramientas electrónicas en le identificación de predios.

La ciudad de México, mediante la migración a trámites digitales, los servicios sobre el catastro (oficina virtual del catastro)[32] y seguimiento a los procesos relacionados con el registro de inmuebles. Es una práctica, que busca brindar respuestas ágiles y certeras a sus usuarios, protegiendo sus derechos de propiedad. Estas medidas a nivel internacional, también están siendo aplicadas, en países como España, Suecia o Japón. Por ejemplo, los nipones, mediante la utilización de la tecnología blockchain, están unificando información sobre predios o propiedades, por ejemplo, desocupadas o sin dueño, o en casos de tierras no productivas, a fin de estimular su reutilización y controlar la reurbanización.[33]

[1] Inegi, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020 (México: Inegi, 2021), https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_presentacion_nacional.pdf (Consultado el 16/02/2021).

[2] Justicia Cívica. La Justicia Cívica es el conjunto de procedimientos e instrumentos de Buen Gobierno orientados a fomentar la Cultura de la Legalidad y a dar solución de forma pronta, transparente y expedita a conflictos comunitarios en la convivencia cotidiana en una sociedad democrática. Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno, y Cultura de Legalidad para los municipios de México, aprobado mediante el acuerdo 06/XL/16 el 30 de agosto de 2016 en la cuadragésima sesión del Consejo de Seguridad Pública. En: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/281131/Modelo_Justicia_C_vica_Aprob_CNSP.pdf(Consultado el 03/03/2021).

[3] Programa Línea Verde en Aguascalientes, Aguascalientes, México (2010). Tuvo como principal enfoque la toma de decisiones concertadas entre el sector público y privado para la gestión, desarrollo y planificación de la ciudad, al priorizar las siguientes acciones: Recuperar las zonas deterioradas de la ciudad; Promover el uso del espacio público; Impulsar la participación comunitaria de manera activa; Fomentar la seguridad pública y el desarrollo local, mediante programas sostenibles y multifuncionales; Disminuir el robo y el asalto violento; Aumentar el valor de las propiedades en esas zonas. Nathalie Alvarado y Robert Muggah, Crimen y violencia. Un obstáculo para el desarrollo de las Ciudades de América Latina y el Caribe. (USA: BID, 2018), https://publications.iadb.org/es/crimen-y-violencia-un-obstaculo-para-el-desarrollo-de-las-ciudades-de-america-latina-y-el-caribe (Consultado el 17/02/2021)

[4] Alvarado y Muggah, Crimen y violencia, 13-14.

[5] Secretaría de Seguridad, Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana para Honduras 2011-2022. (Honduras: SS, 2011), https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10605.pdf (consultado el 16/02/2021)

[6]Nathalie Alvarado y Robert Muggah, Crimen y violencia. Un obstáculo para el desarrollo de las Ciudades de América Latina y el Caribe. (USA: BID, 2018), https://publications.iadb.org/es/crimen-y-violencia-un-obstaculo-para-el-desarrollo-de-las-ciudades-de-america-latina-y-el-caribe (Consultado el 17/02/2021)

[7] Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Consulta pública abierta sobre atención a víctimas en México 2019. (México: CEAV, 2019) Enhttps://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/489219/Informe_Encuesta_PAIV_2019-2024_1.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[8]El Modelo Integral de Atención a Víctimas, es un conjunto de acciones, tendientes a brindar atención, asistencia, protección y reparación a las víctimas de un delito, impulsando el empoderamiento de las personas, evitando su revictimización. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Modelo Integral de Atención a Víctimas. (México: CEAV, 2015) En: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/127943/MIAVed..pdf (Consultado el 17/02/2021)

[9] Zepeda, Guillermo Raúl, Jiménez Rodríguez Paola Guadalupe. “Índice Estatal de desempeño de las Fiscalías y Procuradurías 2019” (México: Impunidad Cero, 2019) En: http://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/123/contenido/1567527134U67.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[10] Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). 9 AÑOS DE OCURRENCIAS: evidencias para entender la crisis en la justicia penal mexicana. (México: IMCO, 2017) https://imco.org.mx/nueve-anos-de-ocurrencias-en-justicia-penal-evidencias-para-entender-la-crisis-de-impunidad/ (Consultado el 13/02/2021

[11] Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. «Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional dic.2020». (México: SSPC, 2020) En: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/616688/CE_2020_12.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[12] INEGI. “Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016.” INEGI. 2017. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf

[13] Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. «Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional dic.2020». (México: SSPC, 2020) En: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/616688/CE_2020_12.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[14] Instituto Mexicano para la Competitividad “PRESOS: LOS OLVIDADOS ANTE EL COVID 19”. (México: IMCO, 2020) En: https://imco.org.mx/presos-los-olvidados-ante-el-covid-19/ (Consultado el 18/02/2021)

[15] Cámara de Diputados. “Ley Nacional de Ejecución Penal Art. 146” (México: Cámara de Diputados, 2016) En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[16] Cámara de Diputados. “Ley Nacional de Ejecución Penal Art. 144” (México: Cámara de Diputados, 2016) En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[17] Cámara de Diputados. “Ley Nacional de Ejecución Penal Art. 141” (México: Cámara de Diputados, 2016) En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[18] Cámara de Diputados. “Ley Nacional de Ejecución Penal Art. 137” (México: Cámara de Diputados, 2016) En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[19] Cámara de Diputados. “Ley Nacional de Ejecución Penal Art. 4 (México: Cámara de Diputados, 2016) En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[20] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) “Estándares Especiales UNAPS COVID 19. Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario Mexicano marzo 2020” (México: UNODC,2020) En: https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2020/Mexico/Estandares_Especiales_UNAPS_COVID-19.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[21] Cámara de Diputados. “Ley Nacional de Ejecución Penal Art. 137” (México: Cámara de Diputados, 2016) En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[22] Cámara de Diputados. “Ley Nacional de Ejecución Penal Art. 144” (México: Cámara de Diputados, 2016) En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[23] Cámara de Diputados. “Ley Nacional de Ejecución Penal Art. 141” (México: Cámara de Diputados, 2016) En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[24] Cámara de Diputados. “Ley Nacional de Ejecución Penal Art. 4” (México: Cámara de Diputados, 2016) En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[25] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) “Estándares Especiales UNAPS COVID 19. Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario Mexicano marzo 2020” (México: UNODC,2020) En: https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2020/Mexico/Estandares_Especiales_UNAPS_COVID-19.pdf (Consultado el 17/02/2021

[26] Cámara de Diputados. “Ley Nacional de Ejecución Penal Art. 137” (México: Cámara de Diputados, 2016) En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[27] Cámara de Diputados. “Ley Nacional de Ejecución Penal Art. 136” (México: Cámara de Diputados, 2016) En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf (Consultado el 17/02/2021)

[28]En el artículo 32 la Ley del Notariado del estado de Chiapas, el Gobernador, puede decidir a quién otorgarle la titularidad de una notaría sin cumplir con el requisito, por ejemplo, de aprobar un examen de oposición. En: https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/ley%20del%20notariado%20para%20el%20estado%20de%20chiapas.pdf?v=NA== (Consultado el 18/02/2021).

[29]En el artículo 31 la Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala, el Ejecutivo de la entidad, y cuando por la demanda poblacional o satisfacer las necesidades del servicio podrá directamente otorgar patente de notario sin sujeción a un procedimiento (examen), eligiendo entre aquellos profesionales del derecho con Constancia de Aspirante. En: http://cjuridica.tlaxcala.gob.mx/images/leyes/Ley%20del%20Notariado%20para%20el%20Estado%20de%20Tlaxcala.pdf (Consultado el 18/02/2021).

[30] En el artículo 32 la Ley del Notariado del estado de Chiapas, el Gobernador, puede decidir a quién otorgarle la titularidad de una notaría sin cumplir con el requisito, por ejemplo, de aprobar un examen de oposición. En: https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/ley%20del%20notariado%20para%20el%20estado%20de%20chiapas.pdf?v=NA== (Consultado el 18/02/2021).

[31] En el año 2017 la Cámara de Senadores aprobó un dictamen para expedir la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros, se envió a la Cámara de Diputados sin respuesta alguna. Durante principios del 2020, el Congreso de la Unión organizó diversos foros regionales para analizar y brindar experiencias sobre cómo modernizar los Registros Públicos y Catastros a nivel nacional, para poder expedir una nueva ley de carácter general. El 6 de diciembre del 2020, La diputada Aleida Alavez Ruíz, integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, informó que ya se encontraba lista el proyecto de dictamen (pendiente de aprobar por el pleno de la Cámara de Diputados) de la nueva Ley General de Catastros y Registros Públicos. En: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2020/Diciembre/06/8143-Listo-proyecto-de-dictamen-de-nueva-Ley-General-de-Catastros-y-Registros-Publicos-Aleida-Alavez (Consultado el 18/02/2021).

[32] Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, Oficina virtual del Catastro (México: SAFCDMX,2020) En: https://ovica.finanzas.cdmx.gob.mx/ (Consultado el 13/03/2021)

[33] Alcaide Juan Carlos. “Blockchain para registro de la propiedad: países pioneros en su uso” 2019 (España: Enzyme advising group, 2019) En: https://blog.enzymeadvisinggroup.com/blockchain-registro-propiedad (Consultado el 18/02/2021).

¿Qué mide?

El subíndice de Manejo sustentable de medio ambiente (Medio ambiente) mide la capacidad de los estados para relacionarse de manera sostenible y responsable con los recursos naturales y su entorno. Éste provee información sobre la disponibilidad y administración del agua, aire y uso eficiente de los recursos. Estos elementos inciden directamente sobre la calidad de vida de los habitantes. Por ende, el buen manejo de los recursos naturales y su sustentabilidad podrían tener un efecto considerable en la inversión y la atracción de talento en los estados en el mediano y largo plazo.

Resultados del subíndice

Gráfica II.1 Ranking del subíndice Medio ambiente

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa II.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Medio ambiente

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador

Tabla II.1 Resultados generales del subíndice Medio ambiente por indicador

*El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

**El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Para mayor detalle de los indicadores consultar el anexo metodológico.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

IMCO Propone

GARANTIZAR EL ACCESO A ENERGÍA LIMPIA

• Facilitar el tendido de infraestructura de energía. Los gobiernos estatales pueden facilitar la instalación de infraestructura energética en sus entidades, en la medida de sus atribuciones, al facilitar la expedición de permisos y el uso de terrenos.
• Difundir los incentivos fiscales existentes para la instalación de capacidad de generación eléctrica renovable. Una mayor promoción de los beneficios que los gobiernos estatales ofrecen para las tecnologías verdes, como reducciones en el impuesto sobre nómina (ISN), incrementaría el atractivo para las inversiones sustentables.
• Promover la generación distribuida en hogares y negocios. Una campaña de promoción que explique de forma sencilla las ventajas de esta generación y las opciones para los distintos tipos de consumidores sería un aliado para expandir la instalación de paneles fotovoltaicos en los estados.
• Utilizar a las agencias estatales de energía para promover la inversión en parques renovables. Las agencias estatales de energía pueden jugar un papel de coordinación a nivel estatal para facilitar el desarrollo de proyectos de infraestructura renovable. Estas agencias pueden ser el principal punto de contacto de las empresas con el gobierno estatal. El papel de estas dependencias como agencias promotoras de inversión en el sector se ha incrementado en la medida que las autoridades federales se han cerrado a la inversión privada en energía. Es necesario convertir estas agencias en órganos descentralizados de la administración pública estatal y que cuenten con un marco legal y regulatorio definido. Esto no implica asumir atribuciones que corresponden a la federación, sino contar con una estructura que permita a las entidades tener una política energética propia dentro de sus facultades constitucionales. Las agencias de energía de estados como Jalisco y Tamaulipas han sido exitosas en adoptar este federalismo energético[1].
• Incluir criterios de eficiencia energética, sustentabilidad y generación eléctrica limpia en licitaciones de compras públicas. El concepto de compras públicas sustentables ha ido creciendo en América Latina. Los países de la Alianza del Pacífico lanzaron en 2016 el “Proyecto de Cooperación Triangular “Integración Regional para el Fomento de la Producción y Consumo Sustentable en los países de la Alianza del Pacífico”[2] que pretendió establecer criterios sustentables para bienes y servicios prioritarios, los cuales van desde papel hasta electrodomésticos y computadoras, así como servicios de limpieza, publicidad, alimentos y vigilancia en inmuebles. Este proyecto ofrece una ruta crítica que podrían implementar los gobiernos estatales en sus dependencias.

MONITOREAR Y COMUNICAR LA CALIDAD DEL AIRE

• Monitorear la concentración de contaminantes atmosféricos, sobre todo en las zonas más pobladas y facilitar el acceso a los datos que se generan. Ante el riesgo de priorizar a los combustibles fósiles para la generación de electricidad, es fundamental que los gobiernos estatales destinen recursos y capacidades para monitorear la calidad del aire y publicar los datos en tiempo real. El Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire (Sinaica) concentra de forma automatizada los datos que generan las estaciones de monitoreo que disponen de infraestructura adecuada para ello. De acuerdo con la NOM-156-SEMARNAT-2012 al menos las 74 zonas metropolitanas[3], deben monitorear su calidad de aire. Sin embargo, en Sinaica solo hay registradas 35 redes y de ellas, al 23 de febrero de 2021, 11 no contaban con datos. Con ello, los habitantes en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Colima, Querétaro, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Campeche desconocían los niveles de contaminación. Aunque el sistema ha evolucionado desde la última edición del Índice de Competitividad Estatal, la descarga de datos más reciente es para 2016^[4]. Es fundamental que estos datos estén actualizados para detectar riesgos a la población en tiempo real, así como hacer análisis sobre los niveles de contaminación y sus posibles impactos.
• Comunicar a la población los riesgos de contaminación atmosférica de forma oportuna. Las concentraciones de contaminantes pueden afectar la salud de la ciudadanía. Sin embargo, los datos que generan los sistemas de monitoreo son técnicos para los ciudadanos y se deben traducir para influir en la toma de decisiones oportunas para reducir la exposición a contaminantes. Para hacerlo, los estados se deben basar en el Índice de Aire y Salud, según la NOM-172-SEMARNAT-2019 que desde el 18 de febrero de 2020 es obligatoria para los gobiernos estatales o municipales responsables del monitoreo de la calidad del aire. El índice se basa en una escala de colores para diferentes rangos de contaminantes, la cual se acompaña de mensajes específicos según el nivel de riesgo que implica y las acciones que se recomienda tomar. La norma busca que los índices de todos los estados estén homologados, para simplificar su interpretación y evitar diferencias entre ciudades. Al 23 de febrero de 2021, en la mitad de las entidades no se encontró evidencia de que el gobierno local calculara el índice y difundiera sus implicaciones[5].

[1] Arroyo, Santiago F. (2020) ¿Qué sigue de la Reforma Energética? La evolución hacia un federalismo energético. Forbes, en https://www.forbes.com.mx/que-sigue-de-la-reforma-energetica/#:~:text=De%20esta%20forma%2C%20arribamos%20a,conocer%20las%20necesidades%20sociales%2C%20econ%C3%B3micas%2C.

[2] Secretaría de la Función Pública (2016). Contrataciones Públicas Sustentable, en https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/contrataciones-publicas-sustentables.

[3] Conapo. 2015. “Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015”. https://www.gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las-zonas-metropolitanas-de-mexico-2015.html (Consultado el 11/03/2021).

[4] En el portal del SINAICA, se hizo una búsqueda aleatoria de las redes donde se sabe que ha información actualizada (como la de CDMX) y se trató de descargar información para diferentes contaminantes.

[5] Se hizo una búsqueda en Google con el concepto “índice aire y salud” y el nombre de las 32 entidades. Se consideró como válidas aquellas observaciones donde hubiera una página del gobierno local con los datos y el uso de la escala de colores del índice. No se evaluó la calidad de la información ni otros esfuerzos para difundir los resultados (por ejemplo, mensajes en redes sociales).

¿Qué mide?

El subíndice de Sociedad incluyente, preparada y sana (Sociedad) mide la calidad de vida de los habitantes a través del acceso que tienen a bienes y servicios agrupados en las siguientes tres áreas: inclusión, educación y salud. Éstas dan un indicio de las oportunidades que existen en un estado para formar, atraer y retener capital humano. Se incluyen indicadores desigualdad, rendimiento académico, oferta médica, servicios de salud y condiciones socio-económicas. Un estado que ofrece altos niveles de calidad de vida para toda su población es más justo y competitivo.

Resultados del subíndice

Mapa III.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Sociedad

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador

Tabla III.1 Resultados generales del subíndice Sociedad por indicador

*El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

**El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Para mayor detalle de los indicadores consultar el anexo metodológico.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

IMCO Propone

SALUD

La pandemia por Covid-19 acentuó los desafíos en el sector salud para garantizar atención de calidad en los servicios médicos. Sin embargo, también significa una oportunidad para los gobiernos estatales a fin de generar acciones complementarias al gobierno federal cuyos esfuerzos estén liderados a nivel local en materia de prevención de enfermedades crónicas y transmisibles.

Ante este panorama, el IMCO propone las siguientes medidas:

• Incrementar las pruebas de Covid-19 en los estados. Aumentar los esfuerzos de prevención puede tener beneficios de mayor control y previsión de necesidades de medicamentos, así como ocupación hospitalaria a nivel local. Además, esta información puede servir como referente para mejorar las estadísticas estatales sobre los casos activos de SARS-CoV2 y, de esta forma, mejorar la contención y atención de la enfermedad.

Algunas entidades como la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Nuevo León han implementado módulos fijos,[1] módulos drive-thru[2] y macrokioscos[3] para ofrecer pruebas gratuitas de Covid-19. Estos esfuerzos se hacen mediante la geolocalización de los centros de salud en un mapa, incluyendo la información de contacto y horarios para acudir. Asimismo, se realizan valoraciones médicas en caso de tener síntomas como fiebre, tos o dolor de cabeza y, de ser necesario, se canalizan a las unidades médicas para su seguimiento.

Estas acciones deben estar a cargo de las Secretarías de Salud estatales las cuales, a su vez, podrían generar un sistema que garantice la digitalización de los registros y de los casos detectados para que, con base en ello, se genere un plan gradual de regreso a la “nueva normalidad”.

• Generar mecanismos de seguimiento a distancia de enfermedades crónicas y transmisibles. Alienado a los esfuerzos de prevención y con ayuda de la tecnología, se podrían desarrollar aplicaciones móviles, líneas de atención telefónica -como el caso del sistema Radar Jalisco-[4], o servicios de información vía mensajes de texto (SMS) -similar a la herramienta de rastreo vía mensajes en Yucatán-[5], con el objetivo de emitir recomendaciones, así como recordatorios de atención médica y seguimiento del paciente cuyo resultado de la prueba haya dado positivo, pero que no presente síntomas graves de Covid-19.

Adicionalmente, es importante fortalecer los protocolos de protección a la salud en los establecimientos y espacios públicos. Esta acción podría ser similar al escaneo de códigos QR implementados por el gobierno de la Ciudad de México a través del cual los usuarios registran su entrada o permanencia en un lugar. Posteriormente, mediante el cruce de información, se notifica a la persona si estuvo en el mismo sitio que alguien con Covid-19 para frenar la cadena de contagios y tomar las medidas de aislamiento necesarias.[6]

Esta información podría ser útil para las autoridades sanitarias locales a fin de contar con información sobre posibles casos de contagio y, con ello, fortalecer la atención inmediata de salud. Dicha medida también podría estar a cargo de las Secretarías de Salud estatales, en conjunto con universidades y organizaciones que presten servicios tecnológicos, así como personal de salud especializado que vigile el correcto seguimiento de los casos.

• Impulsar una estrategia de fomento de vida saludable. En México, el 10% de la población adulta padece diabetes mellitus y el 18% tiene hipertensión arterial.[7] Ante este escenario, se han generado algunas estrategias locales como el programa “Salud en tu vida”,^[8] a través del cual se realiza un cuestionario a los usuarios vía SMS para calcular el nivel de riesgo de padecer una enfermedad crónica. Una vez obtenidos los resultados, la persona recibe un perfil de riesgo con una serie de recomendaciones y notificaciones continuas para mejorar su salud. De ser el caso, se canaliza a alguna unidad médica cercana a su domicilio para recibir atención inmediata.

Generar un esfuerzo parecido a éste liderado por las Secretarías de Salud, en coordinación con el IMSS e ISSSTE, mediante campañas de salud o kioskos de atención situados en diversos puntos de las ciudades, puede ayudar a detectar en una etapa inicial casos de obesidad, diabetes o hipertensión arterial.

Además, esta podría ser una forma de fortalecer el eslabón de la prevención y dar atención primaria a través de un algoritmo diseñado con ayuda de las y los médicos, para aquellos que requieren de información relacionada a padecimientos menores y requieren de seguimiento automatizado.

INCLUSIÓN SOCIAL

• Promover una agenda de inclusión que contemple estrategias para sumar a más mujeres al mercado laboral, especialmente en puestos de liderazgo dentro del gobierno y la iniciativa privada. Actualmente hay una baja representación de las mujeres en el sector público y privado.

Durante 2019, a nivel nacional, solo el 18% de las titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal fueron mujeres.[9] En los estados, 18 entidades federativas cuentan con un congreso paritario o las mujeres representan más del 50% del total de los legisladores.[10] Por su parte, en el sector privado, solo el 35% del total de la plantilla laboral en las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores, son trabajadoras. En los consejos de administración, las mujeres representan solo el 9%.[11]

Algunas acciones para impulsar la participación de las mujeres en las economías estatales podrían ser diseñar convocatorias dirigidas a mujeres para ocupar puestos dentro del gobierno, principalmente al frente las dependencias con base en su experiencia y perfil. Esta recomendación podría estar a cargo de las Secretarías generales de Gobierno en conjunto con las Secretarías del Trabajo y las Secretarías de las Mujeres.

Asimismo, se podría acompañar de la ampliación del sistema de guarderías infantiles basado en aquellas a cargo de los DIF estatales. Éste sería especialmente valioso para los hogares monoparentales en los que, en su mayoría, la jefa de familia es una mujer. Además, formaría parte de la estrategia para generar un sistema de cuidados a nivel local que permita insertar y mantener a más mujeres en el mercado laboral.

• Generar un directorio estatal de los centros de trabajo certificados por la norma mexicana 025. Hasta marzo de 2021, 441 centros de trabajo del sector público y privado contaban con la NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad laboral y no discriminación.[12] Aunque el padrón de organizaciones listadas es generado por el Consejo Interinstitucional de la norma 025 a nivel nacional, es necesario contar con un registro a nivel estatal de las empresas que han hecho esfuerzos por mejorar las condiciones laborales de las mujeres.

Esta información, generada desde las Secretarías de Trabajo estatales, sería útil para replicar las políticas de inclusión en otras empresas de la región, así como aumentar el valor social y reputacional de las organizaciones ya certificadas.

Para el caso de las empresas que aún no cuentan con la norma 025, en dicha secretaría es posible capacitar a algunos miembros de la dependencia o generar un área encargada del acompañamiento de los centros de trabajo durante el proceso de certificación. De esta forma, se podrían generar sinergias con Conapred, la STPS e Inmujeres, a fin de reducir la carga administrativa y dar a conocer los beneficios para los empleados y empleadores de contar con más mujeres en su plantilla laboral.

A los estados les conviene tener a más empresas con mejores condiciones laborales que se traduciría en autonomía económica para las mujeres, beneficios de productividad, menor rotación y mayor reconocimiento de las buenas prácticas a nivel local.

EDUCACIÓN

Para lograr una sociedad más incluyente, capaz de recuperarse de la pandemia de covid-19, es indispensable incrementar la calidad de los aprendizajes que las niñas, niños y jóvenes desarrollan en el sistema escolar. Las soluciones a los desafíos en educación requieren que las autoridades federales, estatales y escolares actúen de manera coordinada desde sus respectivos ámbitos. En particular, los gobiernos estatales tienen atribuciones para diseñar acciones específicas en materia educativa que respondan mejor a las necesidades de sus territorios. En ese sentido, el IMCO propone algunas acciones específicas:

• Desarrollar programas de nivelación académica y de reincorporación de alumnos para atender los efectos escolares de la pandemia de covid-19. La pérdida de aprendizajes y el abandono escolar causados por la pandemia arriesgan crear una generación perdida de estudiantes, especialmente entre los que provienen de sectores más vulnerables. Por lo menos 2.3 millones de personas no se inscribieron al ciclo escolar 2020-21 por motivo de la pandemia. Además, el 59% de los alumnos que permanecieron en la escuela y tomaron clases a distancia considera que en ellas aprendieron menos, o incluso nada, en comparación con las clases presenciales.[13] El sistema escolar debe buscar atraer de vuelta a quienes abandonaron sus estudios durante la pandemia. Al mismo tiempo, los alumnos que permanecieron en clases deben recibir apoyos académicos, como programas de nivelación de aprendizajes, que den mayor prioridad a los aprendizajes fundamentales, como lenguaje y matemáticas, y a las habilidades socioemocionales.[14]Existen estrategias que han demostrado tener efectos positivos en el logro de aprendizajes de estudiantes rezagados, entre las que destacan las tutorías. Estas son grupos de enseñanza con pocos o incluso un solo alumno, dirigidos por maestros y enfocadas en temas claves del currículo.[15] Para elevar su pertinencia y utilidad, el diseño y la implementación de estos programas debe realizarse con base en evaluaciones diagnosticas de los alumnos después del regreso a las aulas, las cuales pueden ser diseñadas y aplicadas por sus profesores o por autoridades estatales y federales.[16] Las secretarias e institutos estatales de educación, o sus equivalentes, cuentan con las atribuciones para realizar este tipo de programas. Es importante que se considere aumentar el presupuesto para implementar estas estrategias, ya que los recursos ordinarios no serán suficientes para atender tanto los retos creados por la pandemia, como los rezagos que ya existían en el sistema educativo.
• Asignar todas las plazas docentes, directivas y de supervisión mediante procesos públicos y transparentes. En 2017, las autoridades estatales abrieron a concurso tan solo entre el 25 y 30% del total de las plazas docentes vacantes.[17] Sin embargo, la evidencia indica que los alumnos aprenden considerablemente más cuando sus profesores fueron seleccionados por concurso y no con discrecionalidad.[18] La asignación de plazas en todas las entidades federativas debe realizarse en eventos públicos, transparentes y que presenten información completa, confiable y actualizada sobre las plazas vacantes y su asignación resultante. Para asegurar que las plazas ofertadas sean todas las que se encuentran vacantes, la lista de la nómina de docentes que se envía a las instancias federales debe incluir solamente las posiciones que se asignen en estos eventos, para evitar el gasto de recursos públicos en plazas otorgadas sin un concurso de por medio. Las autoridades estatales de educación tienen las atribuciones necesarias para realizar este tipo de eventos, siempre y cuando cumplan con los lineamientos en la materia que establece la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal. El involucramiento de más sectores de la población en la observación de los procesos de asignación de plazas es necesario para dar certidumbre a la imparcialidad y justicia de los procesos de ingreso y promoción al servicio docente. Estos eventos deben contemplar la participación de todos los integrantes de las comunidades escolares, los sindicatos docentes, los sistemas anticorrupción, la sociedad civil y otros actores interesados.
• Fortalecer los sistemas estatales de información y datos del sistema educativo. Los datos que estos sistemas generan son un insumo crucial para la planeación, la toma de decisiones informadas y la rendición de cuentas. Los sistemas estatales de información deben centralizar la recolección de datos, evitar la duplicidad de procesos y reducir la carga administrativa de las escuelas. Para ello, es necesaria su vinculación con las plataformas federales análogas (el Sistema de Información y Gestión Educativa, SIGED), el aseguramiento de presupuesto suficiente para su adecuado funcionamiento, así como incrementar la cantidad de escuelas con el equipo de cómputo y la conectividad necesaria para capturar y enviar su información a sus supervisores. La operación de estos sistemas de información es responsabilidad de las autoridades estatales de educación, aunque estas deben coordinarse con la SEP para observar lineamientos en el tema, ya que nutren las bases federales de datos educativos. En México, existen ejemplos como los sistemas de información de Guanajuato y Yucatán, los cuales han sido exitosos en generar información útil y en su uso en los planteles educativos.[19] Al ser información que beneficia a todos los integrantes del sector de educación, desde padres de familia hasta académico e investigadores, estos sistemas deben ser accesibles al público de manera oportuna y en formatos abiertos.

¿Qué mide?

El subíndice de Sistema político, estable y funcional (Sistema político) mide el potencial de los sistemas políticos estatales para ser estables y funcionales. Un sistema político incluyente y democrático es un bien público por sí mismo, pero además fomenta la inversión mediante la creación de un entorno de sana competencia política, con estabilidad, mayor participación ciudadana y rendición de cuentas. Se incorporan indicadores que dan información sobre corrupción, participación electoral y libertades civiles.

Resultados del subíndice

Gráfica IV.1 Ranking del subíndice Sistema político

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado. Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa IV.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Sistema político

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador

Tabla IV.1 Resultados generales del subíndice Sistema político por indicador

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado. ** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Para mayor detalle de los indicadores consultar el anexo metodológico.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

IMCO Propone

MEJORES CONGRESOS Y AUDITORÍAS ESTATALES

Para tener mejores gobiernos necesitamos un ecosistema con pesos y contrapesos que contribuyan a fortalecer el marco institucional de los estados. Los congresos y sus auditorías locales son actores fundamentales en esa tarea.

Los congresos estatales no solo tienen la función legislativa de redactar, aprobar o desechar leyes. Tienen la responsabilidad de:

1. Representación: expresar, vincular y proteger los intereses, valores y demandas de los ciudadanos.
2. Político – administrativa: nombrar, ratificar y designar a funcionarios de otros entes públicos por medio de la ratificación o evaluación de perfiles a cargos de interés públicos.
3. Jurisdiccional: aplicar el derecho en caso concreto de controversia, el cual se ejerce a través de la declaración de procedencia y del juicio político.
4. Legislativa: presentar, deliberar y aprobar o rechazar normas de aplicación general.
5. De control y presupuestales: cerciorarse de que cada ente público se mantenga en su esfera de competencia. Discutir, modificar y aprobar los presupuestos estatales, auditar el destino de los recursos públicos y sancionar a quienes excedan los límites presupuestales.

Los congresos que no son vigilados son instituciones que pueden ignorar sus responsabilidades, por ejemplo, mantener auditorías débiles (como asignar solo el 4% del presupuesto del Poder Legislativo[1]) y volverse cómplices en el abuso del poder. Por eso, IMCO propone cambios en nuestros poderes legislativos locales:

• Modificar la legislación presupuestal estatal con el fin de crear controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales. Un criterio que se debe de incluir es que, si un gobierno requiere modificar su gasto para alguna partida en más del 15%, debe tener la aprobación del congreso local y estar debidamente justificado.
• Blindar legislativamente de recortes por 7 años el presupuesto de las auditorías estatales para evitar presiones presupuestarias por parte de los congresos.
• Prohibir en la legislación que las auditorías superiores locales sean ocupadas por personas que hayan trabajado en posiciones de subordinación o de pares al gobernador o secretario de finanzas estatal en turno de la administración anterior o en curso; para ello se requiere armonizar la regulación en materia de órganos superiores de fiscalizadores.
• Realizar procesos de elección de auditores con la participación de consejos ciudadanos y estableciendo criterios de conformación de metodologías claras para la evaluación del perfil dentro de los requisitos de la legislación en materia de fiscalización. 

MAYOR REPRESENTATIVIDAD POLÍTICA

La falta de competencia, tanto en la economía como en la política, actúa en perjuicio del interés público. Si bien la mayor parte de los estados del país han alcanzado mejores oportunidades para que las y los ciudadanos puedan acceder a cargos públicos, todavía se mantienen retos importantes.

La política sigue estando en manos de los partidos con registro nacional. A principios de 2021, sólo un gobernador del país no tenía afiliación a un partido y de los 1,113 congresistas estatales en funciones sólo 42 pertenecían a partidos locales (el 3.8%), y 40 (el 3.6%) eran congresistas sin afiliación partidista, el resto (92.6%) pertenecían a ocho partidos con registro nacional.[2] Esto puede indicar que no han sido derribadas las barreras para que candidatos independientes y personas afiliadas a partidos locales puedan participar en la política.

Las reglas de las candidaturas independientes están delegadas a los órganos legislativos locales, por lo que hay una diversidad de criterios según el estado del que se trate. En este sentido, los legisladores locales deben modificar las leyes en esta materia para eliminar o modificar aquellos principios que dificultan el derecho a ser votado a través de esta figura.

Por estas razones, IMCO propone:

• Reducir en la normatividad local el porcentaje de firmas necesarias para el registro de candidaturas independientes a cargos estatales. Para la candidatura independiente para el cargo del Poder Ejecutivo federal es necesario al menos el 1% de la lista nominal, sin embargo, a nivel estatal solo cinco entidades exigen un porcentaje igual o menor.

PROFESIONALIZACIÓN

La confianza en las instituciones democráticas requiere contar con representantes populares legítimos y profesionales. En la actualidad las y los candidatos a ocupar cargos públicos cuentan con pocas herramientas para su profesionalización y una vez en el cargo no hay incentivos para capacitarse.

Por este motivo, IMCO propone:

• Establecer la segunda vuelta para las elecciones a gobernador cuando el candidato con mayor número de votos no alcance el 40%. Desde 2013 se han celebrado 37 elecciones a gobernador, pero en 15 de ellas la candidatura ganadora no superó el 40% de los votos emitidos y solo en cuatro obtuvo más de la mitad de los votos.[3] Para esto, es necesario que las legislaturas locales aprueben reformas a sus constituciones locales para que, en el caso de que ningún candidato a gobernador o jefe de gobierno alcance un porcentaje superior al 50% de los votos, se convoque a una nueva elección entre los dos candidatos más votados.
• Prohibir el gasto en ayudas sociales en las legislaturas estatales. En los últimos años, el IMCO ha documentado, a través del Informe Legislativo, la mala práctica de los congresos locales de ejercer recursos públicos en funciones que no les corresponden. Tan solo en 2018, los órganos legislativos reportaron un gasto en este concepto equivalente a los mil 852 millones de pesos.^[4] En 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Congreso de Quintana Roo presentó una demanda de amparo para combatir esta asignación presupuestal por exceder las funciones legislativas y considerarse una fuente de riesgo para la corrupción.^[5]
• Destinar el 10% de los recursos para los partidos políticos estatales en centros de investigación partidistas en donde se defina la agenda programática de los partidos políticos y se capacite a sus miembros. Para ello, se debe reformar la normatividad relacionada con el instituto estatal electoral.

GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LOS RECURSOS ESTATALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA

La crisis sanitaria que el país enfrenta demuestra la importancia de contar con compras públicas eficientes, eficaces y transparentes, las cuales permitan adquirir los servicios e insumos médicos indispensables para atender a la ciudadanía, proteger al personal de salud con equipo médico y asegurar un plan de vacunación oportuno y completo en las entidades federativas.

Hasta julio de 2020, 13 entidades hicieron público el monto de las contrataciones en la compra de bienes y servicios para atender el covid-19. Este monto representa 8 mil 160 millones de pesos^[6]. El resto, carece de información respecto de las acciones y contrataciones destinadas a la atención de la pandemia lo que dificulta su seguimiento y control. Por ello, el IMCO Propone:

• Realizar procesos claros para la contratación y ejecución de compras de emergencia. Es fundamental que las entidades federativas cuenten con lineamientos específicos para la contratación y adquisición de bienes y servicios en tiempos de emergencia, a través de reformas a las leyes de compras públicas de los estados, adquisiciones y obra pública, así como el acompañamiento de la Contraloría Estatal (o equivalente) para la implementación. Por ejemplo, Sonora realiza auditorías en tiempo real a las compras públicas de emergencia para garantizar la capacidad de atención médica a la población del estado. Estos lineamientos deben:
• • Detallar de manera obligatoria el fundamento legal que justifica realizar un proceso de adjudicación directa y no una licitación pública.
• • Desglosar los bienes o servicios adquiridos, la cantidad, el precio unitario y el giro del proveedor.
• • Enlistar los tipos de bienes y servicios que las entidades federativas pueden adquirir mediante procesos de emergencia, de tal manera que las compras se realicen y planifiquen con base en las necesidades de la población.

• Generar plataformas que transparenten las compras de emergencia y promuevan el control y la vigilancia de los recursos públicos en tiempos de emergencia. Es importante contar con portales electrónicos actualizados constantemente que trasparenten los recursos destinados a la atención de la emergencia, incluyendo el registro de la información de las compras en datos abiertos, con bases estructuradas y descargables, las cuales detallen los bienes y servicios adquiridos, así como los proveedores contratados.

El portal de Contrataciones Abiertas del Estado de Chihuahua incluye un apartado de proyectos especiales para consultar la información sobre las compras para atender la pandemia por covid-19[7].

REALIZAR COMPRAS PÚBLICAS EFICIENTES QUE ATIENDAN LAS PRÁCTICAS CON RIESGO DE CORRUPCIÓN.

Aún sin la presencia de una emergencia, las compras públicas en México deben realizarse de manera eficiente, ya que representan una gran cantidad de recursos públicos y permiten adquirir los bienes y servicios para atender las necesidades de la población y poner en marcha las políticas públicas de interés. En 2019, la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades por 13 mil 311 millones de pesos en las aportaciones a las entidades federativas y municipios. Para atender el uso de ineficiente de los recursos, así como las prácticas de riesgo de corrupción, es necesario:

• Priorizar los criterios de calidad en la evaluación de las propuestas de proveedores sobre los formalismos, al mismo tiempo que se asegure el cumplimiento de la ley. Es importante realizar procesos de compra pública que no limiten la competencia, por lo que las dependencias de gobierno pueden priorizar los criterios de calidad-precio, y evitar aquellos requisitos técnicos y formalismos de tal forma que no se conviertan en causales de desechamiento.
• Definir un identificador único del contrato para todas las plataformas electrónicas. Actualmente, las dependencias de gobierno en las entidades federativas tienen la obligación de capturar información sobre compras públicas en la Plataforma Nacional de Transparencia y, en ocasiones, en las plataformas de compras públicas estatales. Ambas cuentan con un proceso de captura particular para registrar la información. Por lo tanto, con el objetivo de permitir la interoperabilidad y los cotejos de información entre los sistemas electrónicos, es importante establecer un mismo identificador para cada proceso de compra que coincida en todas las plataformas donde sea publicado.
• Monitorear el registro de información en la Plataforma Nacional de Transparencia. Actualmente, se registran compras públicas con retrasos e inconsistencias. Es importante monitorear constantemente la calidad de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que, además de contener datos útiles para el seguimiento de los recursos públicos, es una obligación de ley[8].
• Generar y utilizar herramientas de detección de riesgos de corrupción en compras públicas. Además de contar con una plataforma electrónica para publicar la información de las compras públicas, las entidades federativas deben implementar metodologías para identificar los riesgos de corrupción, de tal forma que exista un mapa de ruta que muestre, de manera sistemática y en tiempo real, los procesos con mayor riesgo de padecer algún tipo de corrupción.

El IMCO desarrolló Mapeando la Corrupción, una plataforma que le permite al Gobierno y a la ciudadanía identificar riesgos de corrupción en compras públicas de manera automática. Esta herramienta, que está a disposición de las entidades federativas, permitió al gobierno estatal de Chihuahua analizar prácticas de riesgo de corrupción en más de mil 668 procesos de obra pública educativa de 2014 a 2018, lo que representa una auditoría al gasto de mil 947 millones de pesos.

• Transitar a un esquema de gobierno digital. La digitalización de la información es un paso fundamental para facilitar los procesos internos en la adquisición de bienes y servicios. A través de la generación y aplicación de herramientas electrónicas que permitan monitorear toda la información, específicamente de las compras públicas, es posible identificar las etapas, las fallas en estas y las posibles soluciones. Estas herramientas pueden ser plataformas electrónicas que incluyan la planeación, conducción y monitoreo de las compras públicas de forma abierta y en tiempo real. La transición a un gobierno digital debe considerar el registro de la información de compras públicas en plataformas transaccionales, donde la información y documentación esté disponible al público, de tal manera que facilite la participación y la contratación de bienes y servicios.

[1] El presupuesto de los poderes legislativos es distinto en estados como Puebla donde se otorga un 52% del presupuesto a la entidad de fiscalización, mientras que en Morelos se le asigna únicamente el 4% del presupuesto. Fuente: Informe Legislativo 2017, IMCO.

[2] Fuente: IMCO, con datos de portales electrónicos de los congresos estatales, consultado en enero 2021.

[3] Fuente: Elaborado por el IMCO con información de los institutos electorales locales.

[4] Fuente: Informe Legislativo 2019, IMCO.

[5] Fuente: Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo, www.anticorrupcionqroo.org

^[6]Transparencia Mexicana y Tojil, (In)cumplimiento de las obligaciones de transparencia en contrataciones por COVID-19. Disponible en https://www.tm.org.mx/susanavigilancia-cumplimientoleytransparenciacontrataciones-covid19/ (Consultado el 22/02/2021).

[7] Estado de Chihuahua, Portal de Contrataciones Abiertas. Disponible en https://contrataciones.chihuahua.gob.mx/

[8] Artículo 70 fracción XVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.