Índice de competitividad internacional 2019

¿Qué mide?

El subíndice Sociedad incluyente, preparada y sana (Sociedad) mide la calidad de vida de los habitantes de cada entidad federativa al analizar el acceso que tienen a bienes y servicios agrupados en las siguientes tres áreas: inclusión, educación y salud. Estos sectores dan un indicio de las oportunidades que existen en un estado para formar, atraer y retener capital humano e inversiones. Por ello, este subíndice considera indicadores de pobreza, desigualdad, rendimiento académico, oferta médica, servicios de salud y condiciones socioeconómicas. Una entidad que ofrece altos niveles de calidad de vida para toda su población es más justa y competitiva.

LA MEJOR ENTIDAD (2018)

Ciudad de México

Por décimo octavo año consecutivo la CDMX alcanzó la primera posición en este subíndice al colocarse entre los primeros cinco lugares en 15 de los 20 indicadores analizados. En específico, se posicionó en el primer lugar en 11 de ellos.

En relación a los indicadores asociados al sector educativo, la CDMX fue la entidad con la mayor escolaridad promedio (11.4 años), la mayor proporción de escuelas de calidad (48%), el mejor rendimiento académico (el 32% de los alumnos presentaron un desempeño bueno en matemáticas) y la menor tasa de analfabetismo (1%) de entre todas las entidades.

Por otra parte, en los indicadores vinculados al sector salud obtuvo el primer lugar en médicos y enfermeras (9.16 por cada mil habitantes), médicos con especialidad (2.2 por cada mil habitantes), camas de hospital (1.7 por cada mil habitantes) y esperanza de vida (76.4 años), así como la segunda posición en el porcentaje de unidades médicas certificadas (2.8%) por el Consejo de Salubridad General.

Por último, en materia de inclusión tuvo la mayor proporción de mujeres económicamente activas (44%), el menor número de embarazos adolescentes (48.7 por cada mil mujeres entre 15 y 19 años) y además fue la cuarta entidad con la mayor equidad salarial y el cuarto menor índice de informalidad laboral entre hombres y mujeres.

No obstante, a pesar de que la CDMX tuvo la sociedad más incluyente, preparada y sana del país en 2018, también obtuvo el mayor número de muertes por diabetes y enfermedades hipertensivas, al registrarse 14 defunciones por cada 100 mil habitantes. Además, fue la segunda entidad (solo por delante de Guerrero) de la que emigraron más personas en términos netos como porcentaje de su población (-0.6%).

La peor entidad (2018)

Chiapas

Por cuarto año seguido, Chiapas se ubicó en la última posición en este subíndice. Tan solo en tres de los 20 indicadores analizados estuvo por encima del promedio nacional: equidad salarial, mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas, y suicidios. Fue en este último indicador en el que mejor se situó al alcanzar la tercera posición con 2.6 suicidios por cada 100 mil habitantes. Por el contrario, la entidad ocupó los tres últimos lugares en 11 indicadores y en siete de ellos tuvo el desempeño más bajo en comparación al resto de las entidades federativas del país: en 2018 el 76% de su población se encontraba en situación de pobreza, solo el 28% de la población económicamente activa estaba conformada por mujeres, el 13% de la población mayor de 15 años no sabía leer ni escribir, apenas el 4% de sus escuelas eran de calidad, únicamente el 2% de sus alumnos tuvo un rendimiento académico adecuado y la escolaridad promedio de la población mayor de 15 años fue de 7.7 años (equivalente a poco más que primero de secundaria). A su vez, la entidad tuvo el menor número de camas de hospital (0.4) y médicos con especialidad (0.5) por cada mil habitantes.

Resultados del subíndice (2016-2018)

Gráfica III.1 Posiciones y cambios del subíndice Sociedad

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa III.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Sociedad

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador (2016-2018)

Tabla III.1 Resultados generales por indicador del subíndice Sociedad

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.

Una mirada al interior del subíndice

Pobreza

• En 2018 más de dos terceras partes de la población de Chiapas (76%), Guerrero (66%) y Oaxaca (66%) se encontraba en situación de pobreza. Por el contrario, en Nuevo León (15%) y Baja California Sur (18%) menos de una quinta parte de la población se encontró en esa situación.

Mujeres económicamente activas

• En promedio, en 2018 el 38.2% de la población económicamente activa del país estaba conformada por mujeres.

Equidad salarial

• En 2018 Chiapas fue la única entidad del país en la que las mujeres que trabajaron tiempo completo tuvieron ingresos promedio mensuales (4 mil 836 pesos) superiores a los de los hombres (4 mil 150 pesos).

Analfabetismo

• En un plazo de 10 años la tasa de analfabetismo promedio del país se redujo en 3.3 puntos porcentuales al pasar del 7.2% en 2008 al 3.9% en 2018.

• Mientras que en 2018, en la CDMX menos del 1% de la población mayor de 15 años no sabía leer ni escribir, en Chiapas fue el 13%.

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas

• En 2018, la CDMX registró el mayor número de muertes por diabetes y enfermedades hipertensivas: 14 defunciones por cada 10 mil habitantes.

Suicidios

• En tres entidades la tasa de suicidios observada en 2018 fue mayor o igual a 10 por cada 100 mil habitantes: Aguascalientes (10.0), Chihuahua (10.0) y Yucatán (10.7).

Embarazos adolescentes

• Durante 2018, en Coahuila se registraron 10 nacimientos por cada 100 mujeres entre 15 y 19 años de edad.

Camas de hospital

• En 2018 existían 88 mil 821 camas censables en área de hospitalización en el país, de las cuales una tercera parte se concentró en tres entidades federativas: la CDMX (17.7%), el Estado de México (9.4%) y Jalisco (7.3%).

Unidades médicas certificadas

• Al mes de diciembre de 2019 menos del 1% de las unidades médicas públicas y privadas del país se encontraba certificada por el Consejo de Salubridad General (CSG). A esa fecha de corte solamente 1 de las 2 mil 245 unidades médicas en Oaxaca estaba certificada.

IMCO propone

El combate a la pobreza y la desigualdad requiere más que compensar el ingreso de las familias que lo necesitan. Se requieren servicios públicos de calidad que rompan con los círculos viciosos que impiden a la población en desventaja tener mejores condiciones de vida y ser más próspera. En ese sentido, los gobiernos estatales tienen un rol fundamental en el acceso de sus habitantes a los servicios básicos, de salud y educación, debido a que reciben aportaciones federales para ello. Por ello, tienen una fuerte responsabilidad para lograr una sociedad más incluyente, preparada y sana.

Inclusión social

Para tener entidades más incluyentes y competitivas es necesario lograr los mayores rendimientos del presupuesto que se destina a programas de desarrollo social. También, se deben eliminar las barreras que le impiden a los grupos vulnerables competir en igualdad de circunstancias. A continuación, se presentan algunas propuestas del IMCO para alcanzar estos objetivos:

• Contar con un padrón único de beneficiarios de programas de desarrollo social a nivel estatal. Para ello, se puede tomar como ejemplo el Sistema de Información para el Bienestar Social (Sibis) de la Ciudad de México, el cual concentra, en un solo sitio y con un mismo formato, toda la información de la política social de la ciudad. Lo ideal sería que este tipo de padrones evolucionara de modo que utilice registros biométricos y se pueda conciliar con los registros federales. En un contexto de austeridad, este esfuerzo es clave para focalizar mejor el gasto social y obtener los mayores rendimientos en términos de bienestar con esos recursos.

• Evaluar los impactos del gasto social, federal y estatal, sobre la inclusión de grupos en desventaja. Para garantizar su desempeño adecuado, es necesario diseñar mecanismos de evaluación, retroalimentación y transparencia de los programas que se han implementado en esta materia.

• Robustecer y mantener las políticas para la protección de la salud de las PCD después de la pandemia de COVID-19. A finales de abril 2020, se presentó una guía para proteger a las PCD en el contexto del COVID-19.^[1] En ella se reconoce que esta población tiene formas de comunicación diferentes, según el tipo de discapacidad, lo cual debe tomarse en cuenta para implementar medidas diferenciadas para la prevención y el manejo de esta enfermedad en el hogar, los espacios de internamiento y las instituciones de salud. Esta guía es un primer paso para que el sector salud sea más incluyente. Sin embargo, es un esfuerzo que, más allá de la pandemia, se debería ampliar para otro tipo de enfermedades y fortalecer con herramientas que faciliten la implementación de medidas diferenciadas.

• Garantizar que la educación de todos los niveles sea cada vez más inclusiva, como lo obliga la modificación del 2019 al Artículo 3o. Constitucional. Hay dos vías fundamentales para avanzar en este aspecto:

• Destinar más recursos para la capacitación y contratación de maestros de Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER): docentes especializados en inclusión que apoyan a los maestros de las escuelas para que puedan adaptar los materiales o sepan cómo interactuar con los niños, niñas, y adolescentes en las aulas. Asegurarse de que los materiales de las iniciativas de educación a distancia (como todas las diseñadas durante la emergencia del COVID-19 y Prepa en Línea) sean accesibles y cuenten, por ejemplo, con intérpretes en lengua de señas mexicanas. Se debe impulsar que todas las normales del país tengan más de un curso opcional de educación para la inclusión y que sea parte de la formación de todos los maestros y maestras.

• Utilizar a los organismos estatales de infraestructura educativa para garantizar la inclusión de criterios de accesibilidad en la construcción y mantenimiento de los planteles educativos. Ante la distribución de los recursos para infraestructura directamente a las comunidades escolares, los organismos estatales de infraestructura educativa deben garantizar que su uso considere criterios de accesibilidad para maestros y alumnos. Para ello, pueden emitir directrices que guíen a las comunidades escolares para evaluar la accesibilidad de su plantel e identificar posibles mejoras a las instalaciones o mobiliario. Los organismos locales de infraestructura escolar también deben registrar en fuentes públicas los planteles que cumplan con las condiciones de accesibilidad, para que esta información sirva para la toma de decisiones de madres y padres de niños que se enfrentan con barreras para el aprendizaje.

• Eliminar barreras para que más mujeres se sumen al mercado laboral.[2]Contar con más mujeres en el mercado laboral tiene múltiples beneficios que van desde un mayor crecimiento del PIB[3] hasta cambios en la percepción de roles que podrían derivar en arreglos institucionales orientados a la igualdad de género. Una propuesta para lograrlo es:

• Diagnosticar y atender las causas de los embarazos adolescentes. Aunque a nivel nacional se ha reducido este problema en los últimos 20 años, hay entidades como Coahuila, Chiapas y Nayarit en donde las tasas para 2018 son más altas que el promedio nacional en 2001. Los embarazos adolescentes limitan la preparación escolar de las mujeres afectadas, así como su inserción en la vida laboral.

• Implementar prácticas de integración vida-trabajo en las oficinas de los gobiernos estatales.Estas prácticas pueden ir desde días personales para resolver trámites hasta esquemas de trabajo en casa, además permiten que los colaboradores cumplan con sus responsabilidades laborales sin sacrificar sus necesidades personales.Varios pioneros en diferentes sectores (privado, Gobierno federal y social) han implementado una amplia gama de este tipo de prácticas[4] con buenos resultados en la percepción y permanencia (menores tasas de rotación) de sus empleados.

Salud

La salud es una pieza angular en el camino para alcanzar una mayor competitividad, por sus impactos directos sobre la población, la educación y la productividad.[5] Por ello, el Gobierno federal ha modificado la Ley General de Salud en aras de avanzar hacia la provisión universal de servicios de esta naturaleza. Aunque estas modificaciones implican ciertos cambios en el rol de las entidades en materia de salud, existen varias acciones que se pueden implementar para lograr mejores resultados y reducir inequidades. Por ello, el IMCO propone las siguientes medidas:

• Diagnosticar inequidades en salud al interior de los estados. Los gobiernos estatales pueden jugar un papel clave para identificar las causas que detonan diferencias en el acceso a los servicios de salud dentro de su territorio. Esto podría servir como base para que el Gobierno federal concrete un diagnóstico regional que permita la toma de decisiones estratégicas en la materia.

• Capacitar a médicas y enfermeros con base en el perfil epidemiológico y las condiciones que se viven en cada estado. Con ello, podría mejorar la atención, sobre todo primaria, del personal de salud para prevenir y diagnosticar los padecimientos que más afectan a cada entidad. También, se debería incentivar la certificación de médicos generales para elevar la calidad de atención en el primer nivel.

• Consolidar una política nacional para mejorar los datos en salud. Para ello, los gobiernos estatales deben colaborar con el Gobierno federal, tomando en cuenta los siguientes objetivos:

• Desarrollar estadísticas confiables de resultados y calidad de los servicios de salud estatales. Las estadísticas deben estar apegadas a criterios internacionales como los del proyecto de indicadores de calidad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

• Homologar formularios de captura de información. Los formularios deben ser iguales para todas las clínicas y hospitales estatales, de manera que se pueda garantizar la comparabilidad de los indicadores.

• Adoptar expedientes clínicos electrónicos. Éstos permitirán dar un mejor seguimiento y atención de los pacientes, pero también facilitarán la obtención de datos de interés.

• Fortalecer, desde los estados, la atención primaria del sistema nacional de salud. Los mejores sistemas de salud del mundo (Gran Bretaña, Noruega y Dinamarca) están concentrando sus esfuerzos en la atención primaria para evitar el desarrollo de enfermedades, así como las complicaciones de los padecimientos crónicos.[6] Esto, además de ser costo-efectivo, eleva la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Algunas acciones para que los estados materialicen esta recomendación son:

• Incrementar esfuerzos para la detección temprana de enfermedades crónicas. Por ejemplo, se pueden implementar módulos de revisión en espacios públicos, que permitan identificar enfermedades como diabetes o hipertensión.

• Promover estilos de vida más saludables. Las entidades pueden diseñar e implementar campañas de comunicación y eventos especiales relacionados con estilos de vida más sanos, cuyo objetivo final sea prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas.

• Identificar aquellas escuelas públicas que cuentan con bebederos funcionales. Con base en esta información, se debe contar con un plan para continuar con la instalación y mantenimiento de bebederos.

• Implementar acciones para fomentar la donación de células, tejidos y órganos en los hospitales estatales. Estas no solo elevan la calidad de vida de los pacientes afectados por padecimientos como falla renal, sino que también optimizan el uso del presupuesto que se destina para el tratamiento de dichas enfermedades. Los gobiernos estatales pueden diseñar acciones al interior de sus unidades médicas, similares a los esfuerzos que ha hecho el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para aumentar las tasas de donación cadavérica. Entre estas acciones se incluyen la capacitación de personal para solicitar en tiempo óptimo los órganos de pacientes con muerte encefálica, mayor sensibilización a los familiares de posibles candidatos e identificar y corregir barreras para que los órganos lleguen a sus receptores.

Educación

Para lograr una sociedad más incluyente y preparada, es indispensable elevar la calidad de los aprendizajes que el sistema educativo contribuye a desarrollar en niñas, niños y jóvenes. Los retos en materia educativa dependen del cumplimiento coordinado de las responsabilidades de las autoridades federales, estatales y escolares, en sus respectivos ámbitos de competencia. Un área de oportunidad importante para los gobiernos estatales es asumir su responsabilidad como un agente de cambio protagonista en el sistema educativo. Entre las acciones urgentes que requieren del involucramiento específico de las entidades federativas se incluyen:

• Establecer programas de reconocimientos y estímulos profesionales para los docentes y directores que trabajen en zonas de alta marginación o en áreas rurales. Con el fin de propiciar mayor equidad dentro del sistema educativo, es necesario atraer y retener al personal docente y directivo para atender a las poblaciones más vulnerables social, geográfica y económicamente. Sin un piso más parejo en la calidad de los servicios educativos públicos no habrá manera de cerrar las brechas de aprendizaje que existen entre los sectores de la población.

• Implementar mecanismos que faciliten y den seguimiento al cumplimiento de la responsabilidad de los directores, supervisores y jefes de zona de registrar oportunamente las plazas vacantes en los centros escolares. Con el objetivo de posibilitar el uso eficaz y transparente del presupuesto de la nómina educativa, todas las plazas vacantes que se generen en las escuelas deben registrarse ante las autoridades estatales, de manera que su asignación pueda realizarse mediante los procesos que marca la ley. Para asegurarse que ninguna plaza se llene mediante otras vías, las entidades deben facilitar a las escuelas el cubrir con su obligación, al tiempo que detecten posibles incumplimientos y tomen medidas correctivas.

• Realizar eventos públicos de asignación de plazas docentes, directivas y de supervisión. El involucramiento de más sectores de la población es necesario para dar certidumbre a la imparcialidad y justicia de los procesos de ingreso y promoción al servicio docente. Para facilitar la participación social, la asignación de plazas debe realizarse en eventos públicos, transparentes y que presenten información completa, confiable y actualizada sobre las plazas vacantes, los resultados de la valoración de los aspirantes y la asignación resultante. Estos eventos deben contemplar la participación de todos los integrantes de las comunidades escolares, los sistemas anticorrupción, la sociedad civil y otros actores interesados.

• Cumplir con la responsabilidad estatal de formar y acompañar a los docentes en su trayectoria profesional. La planificación de la oferta de formación inicial y continua debe realizarse usando los resultados de las evaluaciones diagnósticas de los docentes y los alumnos como evidencia, para asegurar su pertinencia y utilidad. Las propuestas de criterios e indicadores que realizan los estados a la federación, respecto a los estándares que los docentes y directivos deben alcanzar, deben estar alineados con la formación y acompañamiento al que tienen acceso efectivo los docentes. No es justo exigir a los docentes en aspectos en los que no se les formó ni se les apoyó para capacitarse.

• Fortalecer los sistemas estatales de información y datos del sistema educativo. Para que los sistemas estatales de información centralicen los procesos de recolección de información y reduzcan las cargas administrativas es necesario continuar su fortalecimiento técnico y operativo, así como su vinculación con las plataformas federales análogas. Los datos que estos sistemas generan son un insumo crucial para la planeación, la toma de decisiones informadas y la rendición de cuentas, por lo que deben ser accesibles al público de manera oportuna y en formatos abiertos.

• Generar y publicar información oportuna, confiable y sistemática sobre la infraestructura, equipamiento y mantenimiento de los planteles escolares. Contar con diagnósticos del estado real de la infraestructura educativa es fundamental para posibilitar una planeación eficaz, transparente y equitativa de los recursos disponibles. Estos datos también son evidencia necesaria para los procesos de evaluación y rendición de cuentas de las políticas de infraestructura educativa.

• Establecer sistemas efectivos de comunicación con todos los integrantes de las comunidades escolares. Los mecanismos de comunicación dentro de las comunidades escolares deben hacer uso tanto de innovaciones tecnológicas como de alternativas accesibles para poblaciones con acceso digital restringido. Su diseño debe permitir que los padres de familia y maestros puedan interactuar, presentar y dar seguimiento a comentarios, quejas o denuncias respecto del servicio educativo, así como difundir y facilitar el procesamiento de documentos y trámites escolares.

---

^[1] Gobierno de México-COVID-19, “Documentos de Consulta para el Personal de Salud”, Personal de salud, https://coronavirus.gob.mx/personal-de-salud/documentos-de-consulta/ (Consultado el 29/04/2020).

[2] Se pueden consultar más propuestas al respecto en la sección IMCO Propone del subíndice de Mercado de factores.

[3] OCDE. 2017. “Construir un México inclusivo: políticas y buena gobernanza para la igualdad de género”. https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/Estudio%20G%C3%A9nero%20M%C3%A9xico_CUADERNILLO%20RESUMEN.pdf (Consultado 04/03/2020).

[4] En el “Catálogo de Mejores Prácticas Vida-Trabajo” se pueden consultar ejemplos reales de este tipo de prácticas, las cuales no siempre implican costos elevados.

[5] David E. Blomm y David Canning, Commission on Growth and Development, Population Health and Economic Growth (Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, 2008), https://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/489960-1338997241035/Growth_Commission_Working_Paper_24_Population_Health_Economic_Growth.pdf (Consultado el 05/03/2020).

[6] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Caring for Quality in Health: Lessons learnt from 15 reviews of health care quality. (OCDE, 2017) http://www.oecd.org/els/health-systems/Caring-for-Quality-in-Health-Final-report.pdf (Consultado el 05/03/2020).

¿Qué mide?

El subíndice Sistema político estable y funcional (Sistema político) mide la calidad de los sistemas políticos estatales. Un sistema político incluyente y democrático es un bien público en sí mismo, pero además fomenta la inversión mediante la creación de un entorno de sana competencia política, con estabilidad, mayor participación ciudadana y rendición de cuentas. En este sentido, el subíndice analizado incorpora indicadores sobre la incidencia y percepción de corrupción, la participación, la competencia electoral y las libertades civiles.

La mejor entidad (2018)

Colima

En 2018, Colima alcanzó el primer lugar en este subíndice ya que se ubicó dentro de las primeras 10 posiciones en seis de los 10 indicadores analizados. Resalta por ser el estado con la menor incidencia de corrupción en 2018, al reportar 12 mil 601 actos de corrupción de servidores públicos por cada 100 mil habitantes (la mitad que el promedio estatal de 25 mil 179 actos). A pesar de que cerca del 83% de la población adulta consideró que las prácticas corruptas en los partidos políticos fueron frecuentes y muy frecuentes, fue el segundo estado con la menor percepción de corrupción en partidos políticos, pues el promedio en el resto del país fue del 89%. Además, fue una de las ocho entidades que reconoció en su legislación el matrimonio igualitario.

Contrario a su buen desempeño en la mayoría de los indicadores de este subíndice, fue una de las 11 entidades del país que impuso las mayores barreras a los candidatos independientes al cargo de gobernador del estado respecto al número de firmas requeridas para poder registrar sus candidaturas (el 3% de la lista nominal): 2.75 puntos porcentuales más que la mejor entidad en este indicador (Chiapas).

La peor entidad (2018)

Sonora

El desempeño de esta entidad durante 2018 la ubicó en la última posición en este subíndice. En términos relativos, obtuvo el peor resultado en cuatro de los 10 indicadores que componen el subíndice. Fue el estado con la mayor incidencia en corrupción al reportar 61 mil 652 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes (2.4 veces más que el promedio) y la menor participación ciudadana en las elecciones federales de 2018 con una votación del 52% de los ciudadanos registrados en la lista nominal.

Al igual que otras 23 entidades del país, no consideró la figura del matrimonio igualitario en su legislación local. Junto con otros 10 estados, impuso las mayores barreras a candidatos independientes al puesto de gobernador, al requerir para su registro un número de firmas equivalente al 3% de la lista nominal de la entidad.

Resultados del subíndice (2016-2018)

Gráfica IV.1 Posiciones y cambios del subíndice Sistema político

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa IV.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Sistema político

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador (2016-2018)

Tabla IV.1 Resultados generales por indicador del subíndice Sistema político

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.

Una mirada al interior del subíndice

Percepción de corrupción estatal

• En promedio, en 2017 el 89% de la población adulta que habitaba en zonas urbanas del país percibió como frecuentes y muy frecuentes las prácticas corruptas en el gobierno de su estado: nueve puntos porcentuales más que la proporción observada en 2011 (80%).

• En la CDMX el 96% de la población mayor de edad percibió como frecuentes y muy frecuentes las prácticas de corrupción en la entidad durante 2017. En cambio, en Yucatán la percepción de corrupción en el estado solo la compartió el 75% de las personas de 18 años y más.

Consulta de información de finanzas públicas

• Durante 2017, menos del 22% de la población adulta en las distintas entidades federativas consultó las páginas de internet del Gobierno (federal, estatal o municipal) para conocer información sobre los programas que realiza o el uso de los recursos y el dinero público.

Barreras a candidatos independientes

• Mientras que en 11 entidades se requirió un número de firmas equivalente al 3% de la lista nominal de cada entidad para que los candidatos independientes pudieran registrar sus candidaturas al puesto de gobernador en 2018, en Chiapas únicamente se necesitó del 0.25%.

Matrimonio igualitario 

• En 2016 solo ocho entidades reconocían en su legislación local el matrimonio igualitario: Campeche, Coahuila, Colima, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana Roo y la CDMX. Desde entonces y hasta 2018 esta cifra no ha aumentado.

Agresiones a periodistas

• En 2018 se registraron 542 agresiones a periodistas en el país. Las cinco entidades en donde fue más peligroso ejercer la libertad de prensa fueron Veracruz (57), Coahuila (47), Puebla (45), la CDMX (40) y Oaxaca (39) al concentrar el 42% del total de agresiones.

• Durango fue la única entidad federativa del país que no registró agresiones a periodistas durante 2018.

Imco propone

Un sistema político democrático y con contrapesos es clave para un México competitivo. En el presente subíndice se desarrolla un conjunto de propuestas que buscan impulsar la competitividad y efectividad de los gobiernos estatales, a partir de mecanismos que también inciden en el mejoramiento de la participación y percepción ciudadana. A continuación, se presentan las recomendaciones:

• Crear oficinas de presupuestos en los congresos. Los poderes legislativos locales cuentan con obligaciones importantes en materia de finanzas públicas. Específicamente, tienen a su cargo funciones presupuestarias, de monitoreo y revisión. Deben autorizar la contratación de deuda pública, previo a un análisis de capacidad de pago, así como la ejecución de proyectos de prestación de servicios; analizar y aprobar las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos, además de establecer y legislar las contribuciones fiscales en su entidad federativa.

A pesar de estas responsabilidades, los legisladores carecen de instrumentos que les permitan llevar a cabo estas funciones de manera correcta. Por ello, los poderes ejecutivos locales en el ciclo de las finanzas públicas han ejercido sus funciones de manera discrecional, sin supervisión y, en la mayoría de los casos, con irresponsabilidad y sin información.

Ante estas deficiencias, es necesaria la creación de oficinas de presupuestos profesionales, independientes, técnicas y apartidistas que supervisen el manejo de las finanzas por parte de los gobiernos estatales y que brinden los insumos necesarios a los legisladores para una toma de decisiones más informada.

• Robustecer la función presupuestaria de los poderes legislativos locales. A través del IIEG, el IMCO ha documentado la mala planeación de los recursos públicos: una subestimación de ingresos, un sobreejercicio de recursos y variaciones injustificadas entre lo aprobado y lo ejercido.

Esta mala planeación se refleja en una pérdida de credibilidad de los presupuestos de egresos y fomenta la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas por parte de los gobernadores.

Para reducir el uso discrecional e injustificado del gasto público, deben incorporarse límites a las variaciones del gasto en los marcos normativos de las entidades federativas, incluyendo casos específicos en los que se requiera la autorización de la legislatura local. De igual forma, es necesaria la vinculación real entre los resultados de las evaluaciones de impacto y la asignación de recursos en los ejercicios fiscales siguientes.

• Prohibir el gasto en ayudas sociales en las legislaturas estatales.En los últimos años, el IMCO ha documentado, a través del Informe Legislativo, la mala práctica de los congresos locales de ejercer recursos públicos en funciones que no les corresponden. En tan solo tres años (2016-2018), los órganos legislativos reportaron un gasto en este concepto superior a los 5 mil millones de pesos.[1] Estos recursos fueron ejercidos discrecionalmente por los legisladores y destinados a ayudas sociales y otros conceptos.

El acceder a recursos sin un fin específico o sin reglas de operación es una mala práctica, misma que se agrava cuando genera una competencia electoral inequitativa entre candidatos sin cargos públicos. El riesgo de corrupción se eleva cuando los legisladores buscan la reelección, pues estos últimos disponen de una cantidad de recursos públicos para propósitos sociales que pueden favorecer sustancialmente su candidatura en el proceso electoral.

Para garantizar elecciones justas y equitativas, la legislación estatal debe prohibir expresamente el ejercicio de recursos públicos en lassedesoles legislativas o ayudas sociales de los congresos y de cualquier otro concepto que le permita a los legisladores la entrega a la población de dinero en efectivo o en especie.

• Establecer la segunda vuelta en las elecciones de gobernador. Desde 2001 han existido 103 comicios en los que se ha elegido al titular del Poder Ejecutivo local. Hasta 2012, en el 42% de las elecciones, el candidato ganador obtuvo más del 50% de los votos emitidos. Sin embargo, desde 2013 se han celebrado 37 elecciones a gobernador, pero en 15 de ellas la candidatura ganadora no superó el 40% de los votos emitidos y solo en cuatro obtuvo más de la mitad de los votos.[2]

Si bien, resulta positivo que en los estados la competencia electoral se haya acentuado, esto tiene como consecuencia que existan gobernadores electos con menos de una tercera parte de los votos.[3]

Establecer la segunda vuelta electoral dotaría de mayor legitimidad al candidato ganador y podría reducir los conflictos post electorales al tener candidatos con el respaldo de la mayoría de los electores. Para esto, es necesario que las legislaturas locales aprueben reformas a sus constituciones locales para que, en el caso de que ningún candidato a gobernador o jefe de gobierno alcance un porcentaje superior al 50% de los votos, se convoque a una nueva elección entre los dos candidatos más votados.

Esto puede encarecer los procesos electorales, pero también pueden establecerse excepciones como sucede en otros sistemas. Por ejemplo, no sería necesario convocar a una segunda vuelta cuando la candidatura más votada obtenga al menos el 40% de los votos y exista una diferencia superior a 10 puntos porcentuales respecto a la candidatura que quede en segundo lugar.

• Disminuir el financiamiento a los partidos políticos. Además del financiamiento federal que reciben los partidos políticos, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) también les asignan recursos públicos a nivel estatal.

En 2019, el financiamiento público estatal para los partidos políticos fue superior a los 4 mil 500 millones de pesos[4] (a pesar de que solo en cinco estados se celebraron elecciones locales).[5] Esta cifra no es menor si se considera que el gasto en subsidios para el programa federal de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras fue de 3 mil 556 millones de pesos en 2018.[6]

Es necesario que las legislaturas de las entidades federativas reformen sus leyes electorales para cambiar las fórmulas de financiamiento público de los partidos políticos a nivel estatal y redireccionar el gasto público hacia las prioridades del estado. Esta reforma electoral ya sucedió en Jalisco y los cambios son evidentes. Al comparar dos años no electorales, la diferencia presupuestal es notable: en 2016, las prerrogativas a partidos políticos en Jalisco fueron de 260.7 millones de pesos, mientras que en 2019 fueron de 99.6 millones de pesos.[7] Los 161 millones de diferencia podrían cubrir en un 83% el gasto del programa de estancias infantiles en Jalisco.[8]

• Reducir el porcentaje de firmas para candidaturas independientes en las entidades federativas. Si bien, la legislación electoral de las 32 entidades federativas prevé que los ciudadanos pueden postularse a cargos de elección popular de manera independiente a los partidos políticos, aún persisten disposiciones legales que vuelven imposible ejercer este derecho.

Las reglas de las candidaturas independientes están delegadas a los órganos legislativos locales, por lo que hay una diversidad de criterios según el estado del que se trate. En este sentido, los legisladores locales deben modificar las leyes en esta materia para eliminar o modificar aquellos principios que dificultan el derecho a ser votado a través de esta figura.

Las entidades federativas que, comparadas con el promedio, tengan un periodo reducido de tiempo para la recolección de firmas, exijan determinada cobertura territorial, o sea necesario un porcentaje superior a lo solicitado a nivel federal[9] deberán ajustar su marco normativo para facilitar la participación de ciudadanos apartidistas en los procesos electorales.

• Prohibir el dinero en efectivo en las campañas electorales. El dinero en efectivo es el mejor vehículo para desarrollar campañas electorales fuera de la legalidad: facilita el desvío de recursos públicos para estos fines, favorece la intromisión de recursos de procedencia ilícita, dificulta su rastreo y fiscalización, y complica comprobar el destino de los gastos de campaña.

Las leyes electorales deben prever que las erogaciones derivadas de cualquier tipo de gasto de campaña, y en general cualquier gasto que ejerzan los partidos políticos, se efectúe únicamente por medio de depósitos o transferencias, lo que permite auditorías más eficaces. Además de reducir enormes espacios de ilegalidad en las campañas electorales, eliminar el uso de efectivo puede propiciar una competencia electoral más equitativa, pues aquellas candidaturas que actualmente se apegan a la ley en términos de gastos de campaña están en desventaja frente aquellas que no lo hacen.

---

[1] Elaborado por el IMCOcon información del Informe Legislativo (varios años).

[2] Elaborado por el IMCO con información de los institutos electorales locales.

[3] Oaxaca y Tlaxcala en 2016.

[4] Presupuestos de egresos de las entidades federativas, 2019.

[5] Además del financiamiento público estatal que reciben los partidos políticos, cuando hay renovación de poderes en la entidad federativa se les asignan recursos para gastos de campaña equivalente a un 30-50% de su financiamiento ordinario.

[6] SHCP, Cuenta Pública federal 2018, https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/2018 (Consultado el 12/03/20).

[7] Presupuesto de egresos del estado de Jalisco, 2016 y 2019.

[8] Solicitud de información. En 2018, se devengaron 192.1 millones de pesos en subsidios de este programa en Jalisco.

[9] Para la candidatura independiente para el cargo del Poder Ejecutivo federal es necesario al menos el 1% de la lista nominal, a nivel estatal solo cinco entidades exigen un porcentaje igual o menor.

¿Qué mide?

El subíndice Gobiernos eficientes y eficaces (Gobiernos) mide la forma en la que los gobiernos estatales son capaces de influir positivamente en la competitividad de sus entidades. Entre las acciones necesarias para cumplir este objetivo se encuentran las políticas públicas que fomentan el desarrollo económico local. Por tanto, este subíndice incluye indicadores relacionados con la promoción del desarrollo económico y la formalidad de la economía. Además, considera indicadores sobre la capacidad de los gobiernos para generar ingresos propios, la calidad de la información de sus finanzas públicas y el acercamiento con la ciudadanía por medios electrónicos.

La mejor entidad (2018)

Querétaro

Por segundo año consecutivo, Querétaro obtuvo el primer lugar en este subíndice. Se ubicó en las primeras cinco posiciones en tres de los nueve indicadores analizados. Fue la entidad con el mayor acercamiento con la ciudadanía por medios electrónicos, pues el 41% de los adultos interactuó con el Gobierno a través de estos medios (14 puntos porcentuales más que el promedio). Además, fue la segunda entidad con la mayor facilidad para registrar una propiedad y la quinta para abrir una empresa.

Sin embargo, a pesar de su buen desempeño en la mayoría de los indicadores, Querétaro tuvo un rendimiento desfavorable, en comparación al promedio, en dos de ellos: hogares que se surten de agua por pipa y accesibilidad para silla de ruedas. En dichos indicadores se ubicó en las posiciones 22 y 14, respectivamente.

La peor entidad (2018)

Guerrero

Desde 2013, Guerrero presenta el peor desempeño en este subíndice. Su resultado en 2018 se debe a que la entidad ocupó el antepenúltimo o último lugar en siete de los nueve indicadores analizados. Se ubicó en la posición 30 en transparencia presupuestaria, de acuerdo con el IIPE. Asimismo, obtuvo esta misma posición en los indicadores de hogares que se surten de agua por pipa (el 5% de los hogares accedió a agua a través de este mecanismo), informalidad laboral (el 78% de la población ocupada se encontró en esta condición) e interacción con el Gobierno por medios electrónicos (solo el 21% de los adultos interactuó con el Gobierno estatal por esta vía).

A su vez, ocupó la última posición en los indicadores de ingresos propios, al generar por cuenta propia solo el 2.4% de sus ingresos totales, accesibilidad en silla de ruedas (únicamente el 3.2% de las manzanas en zonas urbanas fue accesible para personas en silla de ruedas) y registro de la propiedad.

Resultados del subíndice (2016-2018)

Gráfica V.1 Posiciones y cambios del subíndice Gobiernos

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa V.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Gobiernos

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador (2016-2018)

Tabla V.1 Resultados generales por indicador del subíndice Gobiernos

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.

Una mirada al interior del subíndice

Interacción con el Gobierno por medios electrónicos

• En promedio, en 2017, el 27% de los adultos que habitaba en zonas urbanas interactuó al menos una vez con su Gobierno estatal por medios electrónicos. En Querétaro esta proporción fue del 41%, mientras que en Guanajuato fue de apenas del 18%.

Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE)

• En 2017 las entidades de Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Jalisco y Puebla, obtuvieron el primer lugar en el IIPE al cumplir el total de los criterios evaluados en materia de calidad de la información de sus leyes de ingresos y presupuestos de egresos.

Ingresos propios

• En 2018, la CDMX generó por sí misma el 41% de sus ingresos vía impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. Esto representa 22 puntos porcentuales más que la segunda mejor entidad en este indicador: Chihuahua (19%).

• En 2018, las entidades con mayor dependencia de las transferencias del Gobierno federal y la contratación de deuda al generar por cuenta propia menos del 5% de sus ingresos totales fueron Morelos (4.9%), Veracruz (4.9%), Nayarit (4.7%) y Guerrero (2.4%).

Apertura de una empresa

• En 2016, Nuevo León fue la entidad con la mayor facilidad para abrir una empresa en términos del número de trámites, tiempos, costos y requisitos de capital mínimo pagado. Por el contrario, Quintana Roo fue el estado con la mayor dificultad para abrir un negocio.

Accesibilidad para silla de ruedas

• En 2014 solamente el 16% de las manzanas en las zonas urbanas del país tenían rampas en alguna o todas sus vialidades circundantes para permitir el acceso y movilidad de personas en silla de ruedas. En ninguna entidad esta proporción superó el 47%.

Informalidad laboral

• En 2018 el 81% de la población ocupada en el estado de Oaxaca estaba en condición de informalidad, mientras que en las demás entidades dicha proporción fue del 56%, en promedio.

IMCO Propone

Las actividades económicas de las y los ciudadanos, así como de las empresas, no suceden en un vacío, sino que se ven afectadas por las acciones y regulaciones del Gobierno. La presencia o ausencia de políticas públicas destinadas a fomentar el desarrollo económico influye en la competitividad de los estados, la cual se ve beneficiada cuando el Gobierno es capaz de generar condiciones óptimas para el desarrollo económico al eliminar las barreras en la inversión y hacer negocios, garantizar un entorno libre de corrupción, realizar inversiones públicas de calidad y facilitar la interacción con sus ciudadanos mediante la innovación y uso de tecnologías.

Compras y obras públicas

• Ligar la planeación de la obra pública estatal a los objetivos y prioridades establecidos en el PED. La obra pública realizada por los gobiernos estatales debe ser independiente del ciclo político, por lo que también debe considerar los Planes Sectoriales y Regionales, así como las necesidades de la ciudadanía a largo plazo.

• Promover la libre competencia en los procesos de compra y obra pública. Es fundamental asegurar que todos los posibles proveedores se encuentren en igualdad de condiciones para participar y competir. De esta manera, los gobiernos reciben propuestas más solventes y de mayor calidad ya que, al tener que competir con otras empresas, la probabilidad de presentar una propuesta asequible y competitiva es mayor.

• Identificar y sustentar la necesidad y viabilidad de todas las compras.Es importante reconocer el bien o servicio que se desea adquirir según una evaluación de las carencias de la dependencia de gobierno correspondiente. De igual forma, debe realizarse el análisis de impacto social y ambiental, así como un plan de adquisiciones alineado a las estrategias y acciones que se deben llevar a cabo.

• Priorizar las licitaciones públicas en las compras del Gobierno. Mejorar los procesos de planeación, monitoreo, seguimiento y contratación de las compras públicas con especial énfasis en la disminución del uso de adjudicaciones directas.

• Justificar de manera rigurosa el fundamento legal de excepción a una licitación pública. Es importante generar y publicar el dictamen de excepción en el que se explique por qué se realizó un proceso de excepción, adjudicación directa o invitación restringida, en vez de un proceso competido.

• Uso de plataformas de compras públicas que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas, el control y la vigilancia en las compras públicas estatales.El desarrollo y aplicación de herramientas para monitorear toda la información pública es fundamental para identificar las etapas, las fallas y las posibles soluciones. Estos medios pueden ser plataformas electrónicas que incluyan la planeación, conducción y monitoreo de las compras públicas de forma abierta y en tiempo real.

• Transparentar y actualizar los documentos de una compra pública. Para facilitar la detección de riesgos en un proceso de compra pública, es necesario que las dependencias del Gobierno transparenten, al menos, los siguientes documentos:
  • Dictamen de excepción
  • Análisis o investigación de mercado
  • Convocatoria y/o invitación para participar en el proceso
  • Bases y catálogo de conceptos
  • Anexo técnico
  • Acta de apertura de propuestas
  • Dictamen del fallo de adjudicación
  • Contrato
  • Oficio de suficiencia presupuestal
  • Finiquito

Facilidad para invertir y hacer negocios en el entorno estatal

• Promover el desarrollo y uso de herramientas electrónicas para la simplificación, monitoreo y gestión de procesos estatales y municipales. Esto debe basarse en los principios de Gobierno Abierto: transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y uso de tecnología e innovación. Específicamente se propone:

• Generar y utilizar herramientas electrónicas para reducir espacios de discrecionalidad entre el Gobierno y la ciudadanía. Incorporar el uso de nuevas tecnologías e impulsar el uso de datos y herramientas electrónicas elimina los espacios de interacción entre la ciudadanía y las autoridades, lo que permite minimizar las oportunidades para realizar actos de corrupción como la extorsión o el soborno.

• Fomentar la apertura y uso de los datos públicos.  El uso de la información pública debe ser accionable y útil. Por lo tanto, es fundamental promover el desarrollo de portales de datos abiertos para la ciudadanía. De igual forma, crear los incentivos adecuados para que las dependencias del gobierno incorporen la información generada en sus estrategias y rutas de acción.

• Promover la transparencia y simplificación de trámites. Reducir la carga regulatoria que impide el crecimiento económico, la apertura de empresas y la productividad. Para esto, es necesario eliminar los trámites y requisitos excesivos, simplificar el proceso para realizarlos y garantizar que los beneficios de las regulaciones propuestas sean mayores que sus costos.

• Generar políticas de creación de empleos formales. La simplificación regulatoria a través del pago de impuestos en línea y los incentivos al primer empleo formal son pasos importantes para el desarrollo económico y el impulso a la productividad de las empresas mexicanas.

• Publicar información sobre las ventajas competitivas del estado para brindar mayor información y certidumbre a potenciales inversionistas. El entorno geográfico, político, económico, regulatorio, social y de seguridad, influye en el costo y flexibilidad para hacer negocios. Por lo tanto, es importante que los gobiernos estatales generen información sobre estos temas, la compilen y publiquen de manera que sea accesible a las personas y socios comerciales.

Interacción con el Gobierno por medios electrónicos

• Implementar herramientas tecnológicas que promuevan la participación e inclusión ciudadana. Es importante reconocer los esfuerzos de la sociedad civil y los gobiernos estatales que han invertido en tecnologías para el monitoreo de los recursos, compras públicas y proyectos de infraestructura. Sin embargo, estas plataformas electrónicas deben contar con información accionable, útil y de valor público, así como un seguimiento por parte de las autoridades.

• Eliminar la hoja de papel y generar bases de datos estructuradas. El uso y análisis de los datos estructurados puede ser un gran insumo para el diseño y elaboración de propuestas de política pública, especialmente para aquellas acciones con un enfoque de prevención, detección y sanción de prácticas de corrupción.

• Promover la transparencia presupuestaria. Es esencial contar con información suficiente que permita conocer los planes y acciones del Gobierno en materia presupuestaria. De esta forma, es posible identificar cómo se elabora el presupuesto, a dónde va el dinero y cómo fue ejercido.

Gobiernos inclusivos

• Incluir en las administraciones estatales una instancia dedicada a incorporar la perspectiva de discapacidad de forma transversal en la toma de decisiones. A pesar de que a nivel federal se otorga una pensión para las PCD, esto no genera oportunidades (en el mercado laboral, en la planeación de ciudades o en educación, entre otros) para quienes tienen esta condición. Por ello, las entidades deben poseer instancias especializadas para diseñar políticas públicas destinadas a esta población y ofrecer recomendaciones a todas las áreas del Gobierno para que incorporen las necesidades de estos grupos de manera transversal. Además, esta instancia debe contar con el presupuesto suficiente para lograr un impacto y tener continuidad entre administraciones. Un ejemplo a nivel local es el Ingudis, que en 2020 tuvo un presupuesto 168% mayor^[1] al del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis).

---

^[1] En 2020, el presupuesto del Conadis fue de 33,559,804 pesos, mientras que el del Ingudis ascendió a 89,856,744 pesos.

¿Qué mide?

El subíndice Mercado de factores eficiente (Mercado de factores) mide la eficiencia del trabajo, uno de los principales factores de la producción. La eficiencia del mercado laboral en México depende de condiciones como la distribución del ingreso y la igualdad salarial, así como del desarrollo de capacidades y conocimientos a través de capacitaciones y el desarrollo del sector educativo. Estos elementos determinan el nivel de competitividad laboral y generan condiciones para la atracción y retención de talento e inversión.

La mejor entidad (2018)

Querétaro

Querétaro obtuvo el primer lugar en este subíndice por cuarto año consecutivo, al colocarse en las primeras 10 posiciones en cinco de los ocho indicadores que lo integran. Destacó particularmente en dos de ellos: población foránea con educación superior y desigualdad salarial. En relación con el primer indicador, Querétaro fue la segunda entidad más atractiva del país para la población con educación superior, pues cuatro de cada 10 personas foráneas que habitaban en la entidad en 2018 contaban con este nivel académico. En cuanto al segundo indicador, fue la segunda entidad con la menor desigualdad salarial: por cada persona que ganó dos o más salarios mínimos al mes hubo 0.45 que ganaron menos de dos salarios mínimos mensuales (0.77 menos que el promedio nacional).

Sin embargo, contrario a su buen desempeño en la mayoría de los indicadores del subíndice, esta entidad ocupó la posición 25 en el indicador de eficiencia terminal en secundaria (84%).

La peor entidad (2018)

Chiapas

Desde 2001 Chiapas ha tenido el desempeño más bajo en este subíndice. En 2018 se ubicó en la última posición en la mitad de los ocho indicadores que lo integran. Fue la entidad en la que los trabajadores de tiempo completo percibieron el menor ingreso promedio: 4 mil 311 pesos al mes (casi 2 mil 500 pesos menos que el promedio nacional). También fue el estado con la mayor desigualdad salarial, pues por cada persona que ganó dos o más salarios mínimos al mes hubo cerca de cuatro que ganaron menos de dos salarios mínimos mensuales.

A su vez, tuvo la menor absorción en educación superior (33%) y la mayor proporción de personas que trabajaron y recibieron ingresos por debajo de la línea de bienestar (22% de su población económicamente activa). Por el contrario, el indicador en el que mejor se posicionó (lugar 11) fue el de población foránea con educación superior (30%).

Resultados del subíndice (2016-2018)

Gráfica VI.1 Posiciones y cambios del subíndice Mercado de factores

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa VI.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Mercado de factores

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador (2016-2018)

Tabla VI.1 Resultados generales por indicador del subíndice Mercado de factores

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.

Una mirada al interior del subíndice

Ingreso promedio de trabajadores de tiempo completo

• En promedio, el ingreso mensual de los trabajadores de tiempo completo en las entidades federativas aumentó un 10% entre 2016 y 2018, al pasar de 6 mil 202 a 6 mil 806 pesos al mes. En dicho lapso, el ingreso promedio mensual en San Luis Potosí fue el que más creció (16%).

• Aunque en los últimos 10 años (2008-2018) el ingreso promedio mensual de los trabajadores de tiempo completo en Chiapas creció un 43%, al pasar de 3 mil 13 pesos a 4 mil 311 pesos, en 2018 dicho ingreso fue el menor del país: estuvo un 37% por debajo de la media nacional.

Desigualdad salarial

• En los últimos 10 años (2008-2018), la desigualdad salarial promedio en México se incrementó. Mientras que en 2008 por cada persona que ganaba dos o más salarios mínimos al mes había un 0.8 que ganaban menos de dos salarios, en 2018 esta proporción aumentó a 1.2 personas.

• En 15 entidades federativas el número de personas que ganaron dos o más salarios mínimos al mes, durante 2018, fue superior al de las personas que ganaron menos de dos salarios mínimos.

• Chiapas fue el estado con la mayor desigualdad en 2018: por cada persona que ganó dos o más salarios mínimos al mes hubo casi cuatro que ganaron menos de dos salarios mínimos mensuales.

Personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar

• En 2018 los estados con el mayor porcentaje de la población económicamente activa con ingresos por debajo de la línea de pobreza fueron Chiapas (22%), Oaxaca (14%), Guerrero (9%) y Campeche (8%).

Eficiencia terminal en secundaria

• Entre 2014 y 2018 la eficiencia terminal en secundaria se mantuvo prácticamente igual al pasar de un promedio del 85.5% al 86.1%. No obstante, en algunas entidades hubo cambios significativos: en Michoacán cayó 13 puntos porcentuales (del 90% al 77%) y en Morelos creció nueve puntos (del 78% al 87%).

Eficiencia terminal en preparatoria

• En promedio, desde hace 10 años (2008-2018), la tasa de eficiencia terminal en secundaria (85%) en el país ha sido alrededor de 20 puntos porcentuales superior a la tasa de eficiencia terminal en preparatoria (64%).

• Entre 2014 y 2018 la eficiencia terminal en preparatoria se redujo al pasar de un promedio del 67% al 65%. Durante este periodo destaca una caída significativa (en puntos porcentuales) en tres entidades: CDMX (-19), Jalisco (-16) y Morelos (-13).

Absorción en educación superior

• En 2018 las entidades con la mayor absorción en educación superior fueron Aguascalientes (107%), Sonora (103%) y Sinaloa (100%) con tasas superiores al 100%. Dicho fenómeno se explica por la atracción de estudiantes foráneos.

• En 18 años la absorción en educación superior en Chiapas se redujo significativamente. Mientras que en 2001 el 53% de los estudiantes que terminaron la preparatoria (en ese año) se incorporaron a la educación superior, en 2018 solamente el 33% lo hizo.

• En el transcurso de 10 años (2008-2018) la tasa promedio de absorción en educación superior en el país se redujo siete puntos porcentuales al pasar del 82%, en 2008, al 75% en 2018. Durante este periodo la tasa de absorción disminuyó en 22 de las 32 entidades federativas.

Población foránea con educación superior

• Desde 2005, Yucatán y Querétaro han sido las entidades más atractivas para la población foránea con educación superior. En 2018, cuatro de cada 10 personas foráneas que habitaban en dichas entidades contaban con ese nivel educativo.

Capacitación laboral

• En 2018 los estados con la mayor proporción de trabajadores que recibieron capacitación laboral en ese año (como porcentaje de la PEA) fueron Sinaloa (10.7%), Hidalgo (8.6%) y Campeche (8.5%).

Imco propone

La eficiencia y productividad de la fuerza laboral determina los niveles de competitividad y prosperidad de las sociedades y economías locales. Uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico regional es el desempeño del mercado laboral. La capacitación y el desarrollo del capital humano elevan la productividad e ingresos de las personas que trabajan. La justicia laboral ofrece certeza a las relaciones de trabajo, mientras que una mayor participación de las mujeres en la economía genera inclusión y desarrollo. Con el objetivo de promover un mejor desempeño de los mercados laborales a nivel estatal, el IMCO propone lo siguiente:

Vinculación educativa con el mercado laboral

• Incrementar la información pública sobre las expectativas de empleabilidad, rentabilidad, formalidad y salarios de ocupaciones y carreras universitarias. Esta información permitirá a los jóvenes conocer las expectativas laborales de las distintas opciones de educación superior. Plataformas como Compara Carreras[1] ayudan a los estudiantes a tomar mejores decisiones sobre los prospectos económicos y laborales de aproximadamente 100 carreras universitarias y técnicas, además de brindar información sobre la oferta educativa existente desde bachillerato hasta licenciatura.

• Recabar y publicar estadísticas de seguimiento de egresados de todas las instituciones estatales de educación técnica, superior y capacitación para el trabajo. Es necesario elaborar indicadores de empleabilidad de manera anual y obligatoria mediante encuestas. Además, su publicación debe realizarse por medio de un sistema integral, homologado y de acceso público. La falta de indicadores públicos de calidad en el sector de educación técnica y superior dificulta que los estudiantes, las organizaciones educativas y las autoridades tomen mejores decisiones respecto a las inversiones en capital humano y permiten la proliferación de escuelas de baja calidad.

• Vincular la educación técnica y superior con las necesidades del sector productivo. La oferta de educación técnica debe ser pertinente para elevar los prospectos laborales de los jóvenes y necesita responder a las necesidades particulares de cada región del país. La colaboración institucional tripartita debe actualizar e innovar planes de estudio para asegurar que los egresados técnicos y universitarios adquieran las habilidades que buscan los empleadores de su sector. Para ello, también es necesario definir y priorizar planes de estudio en educación media superior, superior y capacitación para el trabajo con base en las habilidades productivas y sociales más demandadas por el mercado laboral.

Participación laboral de las mujeres[2]

• Establecer licencias de paternidad irrenunciables y de mayor duración. Actualmente, las madres trabajadoras gozan de un descanso de siete semanas anteriores y siete posteriores al parto, mientras que los padres únicamente tienen derecho a cinco días. Esta disparidad entre los tiempos de descanso envía una señal al mercado laboral: es más costoso emplear a una mujer que a un hombre, en particular, cuando deciden formar una familia. Para eliminar estas diferencias, se propone hacer irrenunciables las licencias de paternidad, que éstas se paguen con recursos públicos y que se amplíe su duración de cinco a 10 días hábiles.

• Reformar el artículo 201 de la Ley del Seguro Social para permitir que los padres de familia, independientemente de su estado civil, puedan acceder a servicios de guardería. La reforma es necesaria para otorgar el derecho de estancias infantiles a cualquier trabajador afiliado y no solo a mujeres trabajadoras, trabajadores viudos o trabajadores divorciados.

• Establecer un programa de estancias infantiles gratuitas para hogares monoparentales. Las estancias infantiles ofrecen un servicio integral de cuidado que no puede ser sustituido por transferencias directas a las jefas y jefes de familia. Estos programas son especialmente valiosos para los hogares monoparentales, en los que usualmente la jefa de familia es una mujer. Dado lo anterior, proporcionar estancias infantiles gratuitas para este sector poblacional garantiza que las mujeres tengan más opciones para lograr insertarse en el mercado laboral y permite que la educación inicial de los menores no esté condicionada a la situación laboral de las mujeres.

• Incentivar la participación laboral femenina en áreas consideradas no tradicionales para ellas. Los programas de capacitación en actividades técnicas, o becas en carreras relacionadas con ciencias duras, ingenierías o matemáticas, son acciones que se mueven en este sentido.

• Diseñar convocatorias para puestos de dirección y coordinación dirigidas solo a mujeres.Garantizar la incorporación de las mujeres en la toma de decisiones de una organización asegura que éstas se articulen con enfoque de género e impacten sobre la satisfacción de las trabajadoras y el ambiente laboral.

• Aplicar políticas de integración vida-trabajo en las organizaciones. Flexibilizar las condiciones de trabajo de las mujeres ayuda a generar incentivos para mejorar su productividad, atribuir mayor valor a su espacio de trabajo y reducir las tasas de rotación.

• Aplicar políticas de inclusión financiera que incorporen la perspectiva de género en sus análisis de riesgo crediticio. Así, las mujeres tendrán una mayor posibilidad para acceder a un crédito en caso de querer iniciar un negocio.

• Generar incentivos fiscales que reduzcan los costos de la afiliación al IMSS de segundos y terceros miembros de familia.

Participación laboral de las personas con discapacidad

• Otorgar estímulos fiscales en el pago del impuesto sobre la nómina (ISN) a las empresas que contraten y realicen inversiones en el lugar de trabajo en beneficio de las PCD. De acuerdo con datos del Inegi, en 2014 solamente cuatro de cada 10 personas (de 15 años y más) con discapacidad participaron en el mercado laboral.^[3] Por ello, para impulsar la participación plena y efectiva de las PCD en el mercado laboral formal y reducir su dependencia económica, se propone que los gobiernos estatales ofrezcan estímulos de diversa naturaleza a las empresas que las contraten, así como a aquellas que acondicionen el lugar de trabajo para que éstas puedan desempeñarse adecuadamente. Dichos estímulos serían análogos a los que actualmente ofrece el Gobierno federal para el caso del Impuesto sobre la Renta (ISR):^[4]

• Deducir del pago del ISN un porcentaje del salario de las PCD que sean empleadas por las empresas. Dicho estímulo consiste en poder deducir, de los ingresos acumulables del contribuyente para los efectos del impuesto sobre la nómina (que actualmente recaudan las 32 entidades federativas) por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto equivalente a un porcentaje del salario efectivamente pagado a las personas que tengan alguna discapacidad. A finales de 2019, el Congreso del estado de Guanajuato aprobó una modificación a la Ley de Hacienda del estado en este sentido, al permitir la deducción del 100% del ISN determinado a pagar respecto de estos trabajadores.

• Deducir del pago del ISN el costo de la inversión en activos fijos que realicen las empresas en beneficio de las PCD. Las empresas podrían deducir del pago del ISN el 100% del costo de las adaptaciones que se realicen al lugar de trabajo que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo para que dichas adaptaciones le faciliten a las personas con discapacidad el acceso y el uso de las instalaciones de la empresa.

En ambos casos podría acreditarse la discapacidad del trabajador mediante el Certificado de Discapacidad que actualmente expide el IMSS para la deducción del ISR.^[5]

Productividad y pensiones

• Aumentar la inversión en capital humano y programas de capacitación.Es posible incrementar la productividad de los trabajadores mediante incentivos fiscales y un mayor gasto en programas de capacitación laboral. La acumulación de capital humano en la fuerza laboral es la herramienta más poderosa para aumentar su productividad y, en consecuencia, sus salarios.

• Cambiar la estructura de financiamiento de los fondos públicos de pensiones. Los estados deben cabildear de manera activa en el Congreso federal para cambiar la estructura de financiamiento de los fondos públicos de pensiones. Una posibilidad es la reducción de recursos de flujo futuro destinados al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para reducir los déficits en los sistemas públicos de pensiones.

• Asegurar el registro actuarial y la sostenibilidad de los fondos de pensiones. Es necesario hacer una revaluación actuarial de los fondos pensionarios estatales, municipales y de universidades públicas, además de una reestructuración de obligaciones para asegurar su sostenibilidad. Cada estado debe tener un mapa claro de sus obligaciones pensionarias no fondeadas.

Justicia laboral

• Implementar el nuevo modelo de justicia laboral. Es necesario monitorear la implementación del nuevo modelo de justicia laboral enmarcado por las reformas publicadas en la Ley Federal del Trabajo en mayo de 2019 y atendiendo la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017.

• Evaluar los avances del Consejo de Coordinación para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.  Esto permitiría conocer si esta instancia nacional está llevando a cabo adecuadamente la política y coordinación necesarias para la implementación del modelo a nivel local o si se enfrenta a obstáculos.

• Evaluar la adecuada implementación de los Centros de Conciliación a nivel estatal. Esta evaluación continua debe centrarse en conocer si cuentan con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y gestión. Efectuar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los Centros de Conciliación en las entidades federativas ayudará a medir la independencia, certeza, legalidad, imparcialidad, eficiencia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad con la que están trabajando sus operadores y si realmente el sistema de conciliación laboral está siendo ágil, menos costoso, de fácil acceso y sin obstáculos como la discrecionalidad y la opacidad.

• Efectuar un diagnóstico sobre el funcionamiento del procedimiento ordinario laboral bajo el nuevo modelo. El objetivo de este ejercicio es reconocer los retos y bondades del nuevo sistema y si realmente está logrando, en comparación con el anterior, mejores resultados.

• Establecer el Servicio Profesional de Carrera (SPC) en los Centros de Conciliación. Esto permitirá contar con un sistema de ingreso de servidores públicos a través de criterios claros y objetivos. También posibilitaría la existencia de un sistema de actualización y profesionalización continuos,  de una sana competencia entre organizaciones, estabilidad en el empleo, así como un sistema de incentivos y promociones integral.

• Fortalecer la aplicación de sanciones de carácter administrativo para aquellas personas que incurran en malas conductas en las juntas de conciliación y arbitraje. Uno de los principales problemas en la impartición de justicia laboral es que se ha convertido en un espacio propicio para la corrupción.

• Evaluar la calidad en el desempeño de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Esto nos permitirá conocer si realmente están cumpliendo con su trabajo: representar y asesorar a los trabajadores ante cualquier autoridad cuando así lo soliciten.

---

[1] Puede accederse al sitio a través de esta liga: http://imco.org.mx/comparacarreras/

[2] Se pueden consultar más propuestas al respecto en la sección IMCO Propone del subíndice de Sociedad.

^[3] Inegi, La discapacidad en México, datos al 2014: versión 2017 (México: Inegi, 2017), http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825094409.pdf (Consultado el 15/04/2020).

^[4] Arts. 34 y 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

^[5] Certificado de Discapacidad con fines de Aplicación del Artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

¿Qué mide?

El subíndice Economía estable (Economía) mide las principales características de las economías estatales. Dentro del subíndice se incluyen indicadores que describen la distribución del PIB, el dinamismo de la economía, el nivel de deuda, la dependencia y la diversificación económicas. Los estados que presentan una economía estable atraen más talento e inversión y son, por lo tanto, propensos a una mayor generación de empleo y riqueza.

La mejor entidad (2018)

Ciudad de México

Desde 2001 la CDMX ha obtenido el primer lugar en este subíndice. En 2018 se ubicó dentro de las primeras dos posiciones en cinco de los 11 indicadores analizados. Destacó al ser la entidad con el mayor PIB per cápita (401 mil 601 pesos por habitante), la que generó la mayor proporción de su PIB en sectores de alto crecimiento (69.4%) y la más diversificada del país con el mayor número de sectores presentes en su economía (909 frente a un promedio de 771). Además, se situó en el segundo lugar en los indicadores de participación laboral (48.2%) y costo promedio de la deuda (8.3%).

Sin embargo, a pesar de ser la economía estatal más estable, la CDMX ocupó el último lugar en el indicador de personas con ingresos mayores al promedio estatal: solo el 13.8% de la población ocupada tuvo ingresos mayores al promedio de la entidad.

La peor entidad (2018)

Zacatecas

Desde 2001, Zacatecas tuvo el desempeño más bajo en este subíndice. De los 11 indicadores analizados, solo en uno se desempeñó mejor que el promedio de las demás entidades en 2018  (aunque solo alcanzó la posición 14): plazo promedio de vencimiento de la deuda. En cambio, en el resto de los indicadores se colocó entre las posiciones 22 y 30. Fue la quinta entidad con el menor PIB por habitante y únicamente el 41.9% de su producto interno bruto se generó en sectores de alto crecimiento (frente a un promedio del 54.2%).

Además, la media de su tasa de crecimiento en los últimos tres años fue de un -0.7%, mientras que, en promedio, las demás entidades presentaron una tasa de crecimiento del 2.3%. También fue la antepenúltima entidad con la menor participación laboral pues solamente el 39% de su población se encontraba ocupada en 2018.

Resultados del subíndice (2016-2018)

Gráfica VII.1 Posiciones y cambios del subíndice Economía

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa VII.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Economía

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador (2016-2018)

Tabla VII.1 Resultados generales por indicador del subíndice Economía

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.

Una mirada al interior del subíndice

PIB per cápita

• Mientras que en 2018 el PIB por habitante en la CDMX fue de 401 mil 601 pesos, en Chiapas fue de apenas 60 mil 197 pesos: una brecha de 341 mil 404 pesos.

Crecimiento del PIB

• Desde 2005 y hasta 2018 (salvo 2013) la tasa de crecimiento real anual del PIB de Campeche fue negativa. Entre esos años el PIB de la entidad cayó un 49% en términos reales, al pasar de 1 billón a 529 mil millones de pesos de 2013.

• En promedio, en los últimos tres años (2016-2018) la tasa de crecimiento real anual del PIB de Baja California Sur fue del 10.4%. Solo en 2018 registró la mayor tasa de crecimiento real observada para cualquier entidad federativa del país desde 1999: un 17.2%.

Deuda estatal y de organismos estatales (participaciones federales)

• En 2018 los saldos de la deuda de los gobiernos de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo representaron más de dos veces el total de ingresos que les proporcionó el Gobierno federal vía participaciones.

Costo promedio de la deuda

• Nuevo León fue la entidad con el mayor costo de deuda, con una tasa de interés promedio ponderada del 9.9%: un punto porcentual por encima del promedio que reportaron las demás entidades en 2018.

Personas con ingresos mayores al promedio estatal

• Durante 2018, Michoacán fue la entidad con la mayor proporción de trabajadores que percibió un salario por encima del promedio en dicho estado: el 34%. En cambio, en la CDMX esta proporción fue apenas del 13.8%.

Diversificación económica

• Campeche fue el estado con la menor diversificación de su economía en 2018, al contar solo con 633 sectores de actividad económica: 276 sectores menos que la entidad más diversificada del país (CDMX).

Imco propone

Los gobiernos estatales pueden ser un factor fundamental para acelerar el crecimiento del país. En el IMCO se cree que la participación laboral en mercados formales, el desarrollo de los servicios financieros, los vínculos de las empresas locales con cadenas de valor globales, la inversión en capital humano y la promoción económica regional para el desarrollo de proyectos productivos y atracción de inversión son los cimientos del crecimiento a nivel local. En este sentido, para promover tasas de crecimiento más altas en todos los estados se propone lo siguiente:

• Fortalecer la promoción económica regional. Después de la desaparición de ProMéxico, los estados deben repensar sus estrategias para mantener su competitividad regional. Las agencias de promoción económica locales tienen la oportunidad de convertirse en actores relevantes para la atracción de inversiones y el impuso del comercio internacional. Al incrementar sus capacidades presupuestales y de alcance, estas agencias tienen el potencial de convertirse en aliados de los gobiernos locales para identificar y promover el desarrollo de sectores relevantes a nivel estatal, además de convertirse en un instrumento de ejecución y evaluación de las estrategias regionales de crecimiento.

• Facilitar el desarrollo de la economía formal e incentivar su crecimiento. Los gobiernos estatales deben impulsar inversiones que no impliquen costos de largo plazo para el erario público, que eleven la productividad de sus regiones y propicien la diversificación productiva de su economía. La política de inversión debe acompañarse con una política de atracción y formación de capital humano, así como de la articulación de sectores que tengan el potencial de estimular el crecimiento del PIB y mejorar el bienestar de la gente. Los gobiernos estatales necesitan encontrar bases fiscales alternativas que permitan eliminar el impuesto sobre la nómina sin descomponer el balance de las finanzas públicas. Reducir y eliminar los gravámenes sobre la nómina tendrá un efecto positivo en la creación de empresas y empleos formales.

• Lograr una mayor participación laboral formal. Es posible generar esquemas y programas locales que incentiven la participación laboral formal. Para este esfuerzo, es útil reducir la carga regulatoria y fiscal de las empresas formales. De esta forma, las familias pueden optar por incorporarse como un negocio en lugar de operar como personas físicas desde la informalidad. Para la gente que gana menos de 10 mil 500 pesos, la reducción de los impuestos al trabajo es otra manera de estimular su incorporación a la formalidad.

• Ajustar los balances fiscales estatales al considerarse tanto los plazos como los montos y costos de la deuda. Es necesario que los estados eviten el crecimiento insostenible de la deuda pública a su cargo. La operación con déficit del Gobierno es una hipoteca sobre el bienestar futuro de los habitantes de los estados. Como regla general, un crecimiento de la deuda por encima del crecimiento de la economía, lleva a una situación insostenible. Una menor demanda de crédito debe reducir las tasas en el tiempo y permitir que el endeudamiento público estatal se acerque en costo al endeudamiento soberano de México. Es necesario que los proyectos de inversión incorporen fuentes de ingreso que fortalezcan la capacidad de pago del capital y no comprometan las finanzas públicas estatales por plazos largos.

¿Qué mide?

El subíndice Sectores precursores de clase mundial (Precursores) analiza indicadores relacionados con el sector financiero, de telecomunicaciones y de transporte; es decir, con el acceso a los servicios financieros, el desarrollo de las vías físicas de comunicación (aéreas y terrestres), y el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Estos sectores son de gran importancia, ya que su correcto funcionamiento es una condición necesaria para impulsar el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo, al incidir directa e indirectamente en muchos otros aspectos de la economía. Es por ello que su desarrollo es fundamental para mejorar la competitividad de las entidades federativas del país.

La mejor entidad (2018)

Ciudad de México

Desde 2001, primer año del que se tiene registro, la CDMX ocupa el primer lugar en este subíndice. En 2018 esta entidad destacó sobre el resto de los estados del país pues se ubicó en las primeras cinco posiciones de ocho de los 11 indicadores analizados. Fue la entidad con el mayor número de contratos de banca móvil y la mayor captación de ahorro, penetración del seguro en la economía y carga aérea transportada. Además, se ubicó en la segunda posición en cuanto a la disponibilidad de cajeros automáticos y en el tercer lugar respecto al acceso a terminales punto de venta y al flujo de pasajeros aéreos. Por otra parte, ocupó el sexto y el décimo lugar en los indicadores de acceso a internet y telefonía móvil, respectivamente.

A pesar de su desempeño sobresaliente en los indicadores antes señalados, la principal debilidad de esta entidad en el subíndice fue el indicador de accidentes por malas condiciones del camino, en el que se colocó en el lugar 26, al tener 23 accidentes por cada 100 mil vehículos (cinco accidentes más –por cada 100 mil vehículos– que el promedio).

La peor entidad (2018)

Oaxaca

De los 11 indicadores analizados en este subíndice, Oaxaca se ubicó mejor que el promedio en únicamente dos de ellos: heridos en accidentes de tránsito terrestre (39 heridos por cada 100 mil habitantes frente a un promedio de 92 heridos) y accidentes por malas condiciones del camino (2.6 accidentes por cada 100 mil vehículos ante un promedio de 17.1 accidentes). En el resto de los indicadores, particularmente en aquellos relacionados con el desarrollo del sector financiero y el acceso y uso de las TIC, la entidad tuvo un desempeño considerablemente bajo, lo cual explica su posición en el subíndice.

Fue el estado con el menor uso de la banca móvil en el país y el segundo estado (solo por delante de Chiapas) con el menor acceso a internet, telefonía móvil y terminales punto de venta. Además, fue la tercera entidad con la menor disponibilidad de cajeros automáticos.

Resultados del subíndice (2016-2018)

Gráfica VIII.1 Posiciones y cambios del subíndice Precursores

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa VIII.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Precursores

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador (2016-2018)

Tabla VIII.1 Resultados generales por indicador del subíndice Precursores

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.

Una mirada al interior del subíndice

Acceso a internet

• En menos de una década, la proporción promedio de hogares con acceso a internet, a nivel estatal, se incrementó en 31 puntos porcentuales al pasar del 21% en 2010 al 52% en 2018. En este periodo Sonora fue la entidad que registró el mayor crecimiento al pasar del 31% al 81%.

• En 2018 Sonora fue la entidad con la mayor proporción de hogares con acceso a internet (81%), mientras que Chiapas fue el estado con la menor (25%).

Cajeros automáticos

• Entre 2010 y 2018 el número promedio de cajeros automáticos por cada 10 mil adultos creció un 28% al pasar de 4.8 a 6.1.

• En 2018 solamente Quintana Roo (12.7), la CDMX (12.1) y Nuevo León (10.6) superaron los 10 cajeros automáticos por cada 10 mil adultos.

Uso de banca móvil

• Entre 2013 y 2018 el número promedio de contratos que usan banca móvil por cada 10 mil adultos creció un 839% al pasar de 291 a 2 mil 732.

Accidentes por malas condiciones del camino

• Nuevo León registró 218 accidentes debido a malas condiciones del camino por cada 100 mil vehículos en 2018: cifra 13 veces superior al promedio nacional (17.1).

Flujo de pasajeros aéreos

• En 2017 la CDMX (33%), Quintana Roo (18%) y Jalisco (13%) concentraron el 64% del flujo de pasajeros aéreos nacionales e internacionales en nuestro país.

• Querétaro fue el estado que registró el mayor incremento (232%) en el flujo de pasajeros nacionales e internacionales entre 2007 y 2017 al pasar de 243 mil a 807 mil pasajeros entre esos años.

Carga aérea

• En 2017 el 55% de la carga aérea doméstica e internacional que fue transportada en el país lo hizo vía el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

IMCO PROPONE

Los estados pueden incidir e impulsar de manera muy importante la mejora de la infraestructura en sus localidades. Los sectores económicos que mejor funcionan en una economía moderna son los que están mejor conectados. Desde la manufactura avanzada hasta las telecomunicaciones, desde el transporte público y red carretera hasta la banca, los estados que impulsan con éxito las economías de red acceden a mayores niveles de desarrollo económico. A continuación se presentan propuestas para mejorar la conectividad de los estados:

Acceso a servicios financieros y educación financiera

• Fomentar un mercado de seguros más grande. México es un territorio expuesto a diversos riesgos de tipo geológico y climático. Los estados pueden ser una fuerza para que el mercado de seguros sea más grande y más relevante para la población. En la medida en que más mexicanos tengamos pólizas de seguros, sufriremos menos pérdidas catastróficas ante las consecuencias de una epidemia, un terremoto o un huracán. Para ello, es necesario que los estados sean transparentes con su población respecto a la cobertura de los distintos mecanismos de pago frente a desastres de todo tipo.

• Garantizar un entorno de competencia económica para generar recursos ahorrables. El ahorro es la clave para la inversión y la inversión (en activos físicos o en educación) es la clave para el crecimiento económico. Los mexicanos, ricos y pobres, del sur y del norte, necesitamos ahorrar en mayor medida para invertir y crecer más. La mejor manera para generar recursos ahorrables en los estados es la competencia económica. Mientras más bajos sean los precios de los bienes y servicios en un estado, mayores son las posibilidades de ahorro e inversión de la población, menor es la barrera a la entrada de nuevos participantes en un negocio o industria y mayor es la competitividad del estado. Si un gobernador quiere estimular el ahorro, tiene que adoptar seriamente políticas de competencia económica.

• Incorporar materias relacionadas con educación financiera en los planes de estudio, tanto a nivel secundaria como a nivel preparatoria. Es necesario que las personas tengan más y mejor información sobre finanzas personales desde su juventud.

• Generar incentivos selectivos que le garanticen a la población típicamente excluida el acceso a servicios financieros. Los programas de bancarización en comunidades alejadas y la promoción del uso de terminales electrónicas en comunidades rurales para la entrega de apoyos sociales son pasos importantes en este sentido. La bancarización a través de nuevas tecnologías, como los teléfonos móviles, es indispensable para llegar a lugares donde no es rentable poner sucursales o corresponsales bancarios. Hacer más común la inversión en activos bursátiles de deuda y capital, ayudando al público a adquirir información sobre su riesgo y rendimiento, es una gran manera de dinamizar las economías de las regiones.

• Medir y reducir al mínimo el monto de los pagos que realiza el gobierno estatal en efectivo. Además de limitar la penetración bancaria, el pago en efectivo es un vehículo facilitador de la corrupción. Idealmente, el monto de transacciones en efectivo de cualquier gobierno debería ser cero. Los gobiernos estatales y municipales deberían registrar qué porcentaje de sus pagos se efectúa mediante transferencias bancarias, auditables y fiscalizables, y qué porcentaje se realiza por medio de transacciones en efectivo.

Infraestructura de telecomunicaciones

• Hacer transparente la regulación del estado y de todos sus municipios en materia de infraestructura de telecomunicaciones. Esto debe realizarse en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Simplificar la regulación local quitará obstáculos para invertir en el desarrollo de fibra óptica en las ciudades del país.

• Poner a disposición de las empresas de telecomunicaciones las azoteas de los edificios públicos estatales y municipales, para instalar antenas.

• Hacer una prioridad estatal el despliegue de las redes de radiofrecuencia, fibra óptica o cualquier otro medio para la conexión de la población. Deben impedirse y castigarse las prácticas de extorsión que sufren las empresas de telecomunicaciones a nivel local por la instalación de infraestructuras como las antenas de celular o cables de fibra óptica.

Infraestructura de transporte

Para obtener mayores beneficios de los proyectos de infraestructura de transporte, los estados deben invertir en estudios costo-beneficio que consideren distintos escenarios de niveles de servicio, aforo vehicular o afluencia de pasajeros (en el caso de proyectos de transporte público), mantenimiento, costos de operación, siniestralidad, vicios ocultos, costos de construcción y tiempo de despliegue, con el fin de evaluar la pertinencia de las obras desde antes de comprar el primer camión de material. Un proyecto deseable a ojos de la clase política del estado no implica que éste será rentable para la sociedad. Dado lo anterior, las entidades podrían beneficiarse enormemente si adoptan los siguientes lineamientos:

• Contratar de manera transparente, mediante licitación, estudios costo-beneficio. Los estudios deberán ser independientes y deberán medir de manera integral la rentabilidad para la sociedad.

• Incluir información relevante en los estudios costo-beneficio de obras de transporte. Los estudios costo-beneficio deben incluir el ahorro en tiempo de las personas restando el costo de oportunidad del dinero que pagan en cuotas y peajes; la rentabilidad del operador privado en el caso de asociaciones público-privadas (APP) u operadores privados y, los compromisos permanentes de gasto para todos los niveles de gobierno. Si el operador quiebra, seguramente se requerirá un rescate gubernamental, que acabarán pagando los contribuyentes.

• Hacer públicos los análisis costo-beneficio. Éstos y los criterios de elección de proyectos deben estar disponibles en los sitios de transparencia estatales.

• Publicar los costos indicativos y el desempeño de los distintos contratistas en la ejecución de la obra pública.

• Tomar en cuenta las economías de aglomeración en la construcción de infraestructura. Los municipios son un orden de gobierno que no tiene los recursos ni el tiempo suficiente para la construcción de su propia infraestructura. En las ciudades es en donde la infraestructura genera más externalidades positivas. Las urbes con fuertes intervenciones de sus gobiernos estatales se han convertido en ejes del desarrollo empresarial e industrial de diversos estados en los últimos 20 años (por ejemplo: Guanajuato, Querétaro y Puebla). En contraste, las ciudades en donde el gobierno estatal no interviene virtuosamente, han tenido retrocesos (por ejemplo: Cuernavaca).

• Coordinar desde el estado la provisión de transporte público en los municipios. Las autoridades locales deben estar involucradas en la planeación, ejecución y operación de los proyectos para garantizar un sistema de transporte público funcional. Además, los proyectos deben contar con una visión metropolitana, por lo que es necesario que el estado promueva la cooperación y comunicación entre las autoridades locales que pertenecen a una misma zona metropolitana.

• Transparentar los datos sobre la cantidad de usuarios del transporte público, así como las condiciones de operación de los contratos de concesión.

• Generar y transparentar datos de aforos, recaudación por cuotas, accidentes, y cualquier información que se genere en las carreteras y en la operación de servicios de transporte público. La información del aforo vehicular y los niveles de servicio es clave para entender si la operación de las APP ocurre bajo criterios de rentabilidad pública. Esto es de especial interés en el caso de carreteras dado que muchas APP tienen contratos que mandatan subsidios en caso de aforos bajos.

• Dar prioridad a la construcción de vías con las especificaciones necesarias para conectar las ciudades y centros de distribución con las autopistas de altas especificaciones.

• Instrumentar mecanismos de inspección en patio de maniobra, auditoría y auto-regulación para evitar la sobrecarga de transportes pesados. Esto es necesario para evitar accidentes y daños a la infraestructura carretera.

• Impedir la instalación de comercios en acotamientos o la venta de productos en las autopistas estatales o federales. El riesgo al que se somete a la población que ahí consume y labora es enorme. La construcción y respeto de acotamientos debería ser una prioridad para todas las carreteras del país.

• Empaquetar, junto con la infraestructura carretera, otro tipo de infraestructuras como las de telecomunicaciones, recolección de agua pluvial, electricidad o ferrocarril. El costo asociado a la construcción de infraestructura carretera es alto y el valor derivado está acotado al transporte. Incluir otro tipo de infraestructura en grandes proyectos de esta índole ofrece la posibilidad de incrementar su valor derivado y expandirlo a otros sectores por un costo marginal bajo, fortaleciendo las distintas redes que operan como precursores fundamentales del desarrollo económico.

• Evitar la congestión fronteriza mediante la realización de un mayor número de inspecciones de mercancía en las instalaciones de las empresas de origen. Lo anterior implica la implementación de una pre-verificación de cumplimiento de reglas para no realizarlas en la frontera. La constelación de inspectores, desde el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica-Sagarpa) hasta la Marina, el Ejército, la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), deben reconocer los contenedores sellados. Todo lo demás, debe someterse a revisiones no invasivas con base en tecnología de rayos gamma, por ejemplo.

• Resolver los problemas de supervisión de transportes pesados. En el reporte Evaluación de la Competitividad Regulatoria del Sistema de Autotransporte de Carga y Propuestas de Política Pública, elaborado por el IMCO, se aborda aquello que debe atenderse.[1] Desde la renovación de la flota vehicular, hasta las inspecciones en patio para resolver problemas de condiciones físico-mecánicas de los vehículos, introducción de GPS y tecnología celular de localización, gobernadores de velocidad, frenos ABS y suspensiones neumáticas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) debe establecer un ecosistema de empresas auditoras y verificadoras de cumplimiento de estándares de carga pesada, con metas de cero accidentes.

• Intervenir, a través de la Comisión Federal de Competencia Económica, el mercado de trenes. Así, se fomenta la competencia, se atrae más inversión al sector y se asegura que las empresas existentes compitan adecuadamente. Sin mayores niveles de competencia será imposible detonar el potencial de las redes de ferrocarriles en beneficio de los productores y consumidores del país.

Infraestructura y equipamiento urbano

Los municipios son responsables de la infraestructura urbana. Sin embargo, en la mayoría de los casos no cuentan con presupuestos suficientes ni con las capacidades técnicas para garantizar que esta beneficie a los ciudadanos. Por ello, el gasto en infraestructura acaba desaprovechándose como una oportunidad para elevar la productividad de empresas y familias en zonas urbanas densamente pobladas, que es donde se genera mayor valor económico. Los estados pueden invertir más en la infraestructura de las ciudades en cooperación con los municipios. Hay ejemplos recientes y relativamente exitosos, como el de Puebla, donde el gobierno estatal hizo inversiones muy importantes en la ciudad capital. El defecto del modelo poblano es la pertinencia de las obras, el costo y la transparencia en la asignación de las mismas, así como la transparencia en su financiamiento. Sin embargo, es un modelo interesante porque ha permitido a la ciudad de Puebla atraer importantes inversiones y crecer. En este sentido, se propone lo siguiente:

• Instrumentar, desde el estado, mecanismos de financiamiento de proyectos de infraestructura. Es necesario contar con la participación de la ciudadanía, apalancando los recursos municipales con recursos privados, estatales y de la banca de desarrollo. Se deben realizar estrategias de largo plazo, junto con los institutos de planeación estatales, municipales y metropolitanos, que den prioridad a aquellos proyectos que pueden contribuir en mayor medida a mejorar la productividad de las ciudades. Las decisiones de qué proyectos hacer deben basarse en criterios técnicos y no políticos, y la lista de los proyectos prioritarios debe hacerse pública a toda la ciudadanía.

• Invertir en redes de agua potable (con énfasis en la palabra “potable”). Esto es un ejemplo de gestión pública donde hay mucho espacio para mejorar. Si un mayor porcentaje de agua para beber se puede distribuir a través de tubos, y no mediante pipas o envases de plástico, se reduce la contaminación por basura plástica y se ahorra tiempo a las empresas y familias. Esto no es tan vistoso como construir autopistas o puentes elevados, pero sí puede ayudar a mejorar las condiciones de las ciudades.

• Hacer obras de infraestructura para enterrar los cables de electricidad puede ayudar enormemente a mejorar el paisaje urbano y a reducir los robos de electricidad. Los gobiernos municipales no tienen incentivos para realizar este tipo de obras porque son costosas y no pueden capturar el beneficio económico al hacerlas. El Gobierno federal podría premiar, con recursos hoy usados para subsidiar la electricidad, a los estados y municipios que ayuden a reducir las pérdidas de electricidad a partir de enterrar los cables de las redes de distribución.

• Premiar a los municipios que invierten más en redes de transporte público. La movilidad urbana es otro ejemplo en donde los estados pueden ayudar bastante a mejorar los problemas de congestión en sus ciudades y así evitar las pérdidas importantes en tiempo y recursos para la población y un impacto negativo en el crecimiento económico. Si se premia a los municipios que invierten más en redes de transporte público de gran escala, digno y sustentable, se reduce la necesidad de las familias de invertir en automóviles y de los gobiernos locales de invertir en vías de transporte. Los estados deben ayudar a los municipios a mejorar los índices de caminabilidad de sus ciudades, ya que ello estimula la economía local, fortalece el turismo, mejora la seguridad pública, y reduce las muertes por hechos viales.

• Permitir que los operadores de los servicios de transporte público determinen la tarifa óptima para asegurar la sostenibilidad financiera y la calidad de los sistemas. Al mismo tiempo, es necesario transitar de subsidios generalizados de la tarifa a subsidios focalizados que permitan optimizar el uso de recursos para que la población más vulnerable goce de un servicio asequible y de mayor calidad.

• Aumentar la transparencia del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para la Personas con Discapacidad (Fotradis). Este fondo busca adaptar el transporte público y la infraestructura de las ciudades para las personas con discapacidad. Entre 2011 y 2019 destinó 4 mil 450 millones de pesos a los estados para este fin. Sin embargo, no hay información que corrobore su ejercicio ni sus resultados.^[2] Por ello, el colectivo #MovilidadSinLímite ha unido fuerzas para conocer en qué se ha invertido el dinero y ha solicitado construir un mapa interactivo de las obras que se han logrado y su estatus. Contar con un inventario completo que muestre los logros del fondo y verifique si las obras son funcionales sería un gran paso de los gobiernos estatales para confirmar un avance hacia ciudades más incluyentes y con oportunidades para los más de siete millones de mexicanos con discapacidad.

• Conectar a través de una red carretera ágil a las principales ciudades de cada estado. Guanajuato fue muy exitoso en conectar a las principales ciudades de su estado a través de una red carretera bastante ágil. Sin embargo, Guanajuato, la ciudad capital, no se encuentra tan bien conectada y ha tomado una estrategia como lugar turístico. En consecuencia, no ha podido desarrollarse tanto como otras ciudades (por ejemplo, Irapuato, Celaya o León). En la medida en la que la infraestructura se construya en los lugares donde hay mayor densidad de población y actividad económica, más útil será para generar competitividad. Los proyectos que conectan áreas relativamente despobladas acaban haciéndose irrelevantes para generar desarrollo.

• Desacelerar la demanda de autos mediante la reinstauración de la tenencia vehicular. Los impuestos a la tenencia de vehículos son uno de los principales mecanismos para desestimular la adquisición de automóviles y una de las pocas fuentes de financiamiento que tienen los estados para la construcción de nueva infraestructura. Si los estados quieren desacelerar la demanda de autos, e impulsar la creación de infraestructura para el transporte sustentable, los impuestos a la tenencia son el mecanismo ideal para lograrlo. Un rediseño de este impuesto, que premie la eficiencia energética y el uso de nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente, puede ser un medio muy efectivo para incentivar la renovación del parque vehicular.

---

[1] Para mayor información consultar el reporte completo en: https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/10/Reporte-Final-Competitividad-del-Sistema-de-Autotransporte-de-Carga-07082013.pdf

^[2] El Día Después, “El colectivo #MovilidadSinLímite denuncia mal uso y opacidad en el ejercicio de recursos para personas con discapacidad”, El Día Después, (s/f), https://eldiadespues.mx/noticias/el-colectivo-movilidadsinlimite-denuncia-mal-uso-y-opacidad-en-el-ejercicio-de-recursos-para-personas-con-discapacidad/ (Consultado el 06/05/2020).

¿Qué mide?

El subíndice Aprovechamiento de las relaciones internacionales (Relaciones internacionales) mide el grado en el que las entidades federativas del país capitalizan su relación con el exterior para elevar su competitividad. Para ello, este subíndice considera indicadores relacionados con el turismo internacional, el flujo de capitales y la exportación de mercancías. En un mundo altamente globalizado, la competitividad de las entidades, entendida como su capacidad para atraer y retener talento e inversión, depende cada vez más de su habilidad para explotar sus vínculos con el exterior.

La mejor entidad (2018)

Chihuahua

Desde 2005 Chihuahua ocupa el primer lugar en este subíndice. En 2018 esta entidad destacó en dos de los cuatro indicadores estudiados al ser la que más mercancías exportó como porcentaje de su PIB (exportó mercancías con un valor superior al de su PIB: un 132.8%), así como la quinta entidad que más inversión extranjera directa (IED) atrajo, en promedio, entre 2016 y 2018 (2.3 dólares por cada mil pesos de PIB).

No obstante, es importante señalar que el buen desempeño de la entidad en los indicadores antes mencionados compensó su relativa debilidad en aquellos relacionados con el flujo de pasajeros aéreos internacionales (concentró apenas el 0.2% del flujo total de pasajeros internacionales a nuestro país) y el PIB generado en el sector turístico (solo el 1.4% del PIB estatal se generó en este sector) en los que se ubicó en las posiciones 16 y 28 de estos indicadores, respectivamente.

La peor entidad (2018)

Chiapas

Esta entidad ocupó el último lugar en este subíndice por sexto año consecutivo. Dicha posición obedece a que se ubicó por debajo del promedio nacional en los cuatro indicadores analizados. Si bien, la entidad alcanzó la undécima posición en el indicador de PIB turístico al generar el 2.3% de su producto interno bruto en dicho sector, el valor observado fue 1.2 puntos porcentuales menor al promedio del resto de las entidades federativas del país.

Por otra parte, en los tres indicadores restantes, Chiapas ocupó las últimas posiciones: fue la sexta entidad con el menor flujo de pasajeros aéreos internacionales (concentró el 0.1% del flujo total de pasajeros del país), la quinta con el menor volumen de exportaciones de mercancías como porcentaje de su PIB (3.8%) y la tercera con la menor inversión extranjera directa (0.4 dólares por cada mil pesos de PIB).

Resultados del subíndice (2016-2018)

Gráfica IX.1 Posiciones y cambios del subíndice Relaciones internacionales

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa IX.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Relaciones internacionales

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador (2016-2018)

Tabla IX.1 Resultados generales por indicador del subíndice Relaciones internacionales

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.

Una mirada al interior del subíndice

Flujo de pasajeros aéreos internacionales

• Entre 2007 y 2017 el flujo de pasajeros aéreos internacionales a México se incrementó en un 62% al pasar de 28.9 a 46.7 millones de pasajeros. En ese periodo, el flujo de pasajeros internacionales a Querétaro creció un 542% (pasó de 37 mil a 235 mil).

• En 2017 Quintana Roo (34.7%), la CDMX (33.7%), Jalisco (14.6%) y Baja California Sur (7.1%) concentraron el 90% del flujo de pasajeros aéreos internacionales a nuestro país.

PIB turístico

• En 2018 casi una cuarta parte (23.2%) del PIB de Quintana Roo fue generado por el sector turístico.

• En 2018, Quintana Roo (23%), Nayarit (14%) y Baja California Sur (13%) fueron los estados que generaron la mayor proporción de su PIB en el sector turístico. Por otro lado, Campeche (1%), Coahuila (1.1%) y el Estado de México (1.3%) fueron los estados donde el sector contribuyó menos a su actividad económica.

Inversión extranjera directa

• En promedio, en los últimos tres años (2016-2018) Aguascalientes atrajo en IED 3.8 dólares por cada mil pesos de PIB: más del doble que el promedio nacional (1.5).

Exportación de mercancías

• En 2018 Chihuahua fue la única entidad que exportó mercancías con un valor superior a su PIB: un 132.8%. Por otro lado, Quintana Roo exportó mercancías con un valor equivalente al 0.3% de su PIB.

IMCO propone

Promover la apertura comercial y la atracción de turistas extranjeros son dos de los principales desafíos para la competitividad de las entidades federativas. Si bien el Gobierno federal establece los lineamientos del comercio internacional y promueve la campaña de promoción de México en el mundo, es corresponsabilidad de los gobiernos estatales apoyar a los comercios locales y a sus sectores productivos para impulsar las exportaciones y atraer inversión extranjera directa. Asimismo, se debe promover la atracción de turistas mediante la diversificación del sector, con productos y servicios acordes a las tendencias internacionales en materia de turismo socialmente responsable y sostenibilidad ambiental. Para mejorar el aprovechamiento de las relaciones internacionales, es necesario que las entidades federativas sigan las siguientes recomendaciones.

Comercio exterior

• Promover la diversificación de la economía a través de la IED en sectores productivos y de alta especialización. Cuando un país es receptor de nuevo capital a través de la IED, adquiere nuevos insumos, procesos y tecnologías que impactan de forma directa y positiva en su crecimiento económico. Asimismo, aumenta su capital humano al tener un mayor desarrollo de conocimientos y capacidades en el sector económico en el que se invierte. En los últimos cuatro años, algunos países han invertido en actividades altamente especializadas en México, como el sector de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, y el de suministro de agua y de gas por ductos. Querétaro representa un caso de éxito en esta estrategia, pues en 2005 inició la creación del cluster aeroespacial con una inversión de Bombardier Aerospace por 200 millones de dólares. Hoy en día, Querétaro es el estado que más IED ha generado en esta área en los últimos 20 años, con un monto superior a los mil millones de dólares. Algunas acciones estatales que facilitan la atracción de IED son:

• Contar con un marco regulatorio claro y transparente. Las empresas deben contar con certidumbre jurídica para reducir riesgos por incumplimiento normativo. Se deben facilitar y reducir los trámites y servicios estatales para la apertura de una empresa, así como los permisos de zonificación, de protección civil para construcciones, la evaluación de impacto ambiental y el dictamen de factibilidad de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.

• Mejorar la comunicación a través de infraestructura física. Los gobiernos estatales deben invertir en una mayor conectividad para facilitar el acceso y comunicación entre las regiones del estado y el resto del país. Por ejemplo, hoy en día se requieren hasta ocho horas para trasladarse entre dos de las ocho regiones de Oaxaca. Por esta razón, el gobierno del estado ha impulsado la construcción de una nueva red carretera que reduzca los tiempos de traslado a menos de la mitad.

• Incentivos fiscales. Los gobiernos estatales pueden ofrecer tasas preferenciales para el pago de impuestos, por un periodo de tiempo determinado, a empresas extranjeras que contraten a la población local e inviertan en capacitación, certificación y desarrollo de competencias laborales.

• Acceso sin limitaciones a empleados locales y extranjeros. Se debe garantizar el libre tránsito de personas, así como su seguridad y la protección de sus derechos.

• Creación de clusters de competitividad. Los gobiernos estatales deben comprometerse a la creación de clusters sectoriales que involucren: el desarrollo de programas educativos especializados en universidades y la atracción de empresas nacionales y extranjeras, así como la apertura de centros de investigación para colaborar en proyectos de innovación.

• Impulsar las exportaciones hacia países con tratados de libre comercio y ampliar la apertura comercial con otras naciones. México cuenta con 13 acuerdos comerciales, los cuales cubren 52 países y al 20% de la población mundial. Sin embargo, el intercambio de bienes y servicios hacia Estados Unidos representa el 80% de las exportaciones, lo que genera un área de oportunidad para ampliar la red de comercio internacional con base en los tratados de libre comercio vigentes. En 2012, México era el país con mayor número de tratados internacionales, pero actualmente ocupamos la posición número 11. La apertura de mercados ayuda a diversificar la economía, a traer productos que compitan en calidad y precio, a la marca “Hecho en México” en el exterior y a mejorar la competitividad del país.

• Integrar a la normatividad nacional las regulaciones técnicas de países con los que México tiene un tratado de libre comercio. Las normas administrativas pueden ser una de las principales barreras técnicas no arancelarias que inhiben la integración regional y el comercio entre países, ya que pueden restringir la importación de diversos bienes y servicios. Es necesario facilitar la integración normativa a nivel internacional con los mercados de libre comercio, para así diversificar los productos y tecnologías que se ofrecen en México y fomentar la competencia. Esto en beneficio de los consumidores mexicanos.

• Homologar los estándares de competencias laborales entre México, Estados Unidos y Canadá. Las competencias laborales son el conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes que permiten el desarrollo de una actividad laboral y que, a su vez, impactan en la productividad y desempeño de una persona en una profesión. Es necesario contar con certificaciones en competencias laborales actualizadas y compatibles entre los países del T-MEC para homologar los criterios, requisitos y especificaciones técnicas que deben cumplir los trabajadores de sectores relevantes. El Gobierno federal, a través del Conocer, impulsa una agenda similar para la Alianza del Pacífico.

• Generar las condiciones para atraer inversión en innovación y desarrollo (I+D). El desarrollo de capacidades e innovaciones tecnológicas es un catalizador del crecimiento económico en países como China, Japón, Israel y Corea del Sur. En estos países, las empresas invierten en I+D para el desarrollo de nuevos productos, negocios y la creación de nuevas industrias. En México, la inversión media en Investigación Científica y Desarrollo Experimental ha sido del 0.56% del PIB en los últimos cinco años, del cual el sector empresarial ha contribuido con el 36%. Es necesario incentivar este tipo de inversiones para que, desde el sector privado, se genere conocimiento y talento en México. Para lograrlo se deben promover las siguientes acciones:

• Promover la innovación a través de la protección intelectual del individuo. Los incentivos para el desarrollo de la propiedad intelectual son mayores cuando se protegen las aportaciones individuales y se reconoce el crédito de cada persona. Un ejemplo de mejores prácticas a nivel nacional es Jalisco, pues con la creación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (Sicyt), se fortaleció la protección de la propiedad intelectual del individuo a través del marco jurídico aplicable y de políticas públicas en materia de innovación. Como resultado se incrementó el número de patentes registradas a partir de 2013.

• Invertir en el desarrollo de infraestructura de tecnologías de la información y la comunicación, especialmente en las redes de banda ancha para proveer un servicio asequible, confiable y resistente.

• Garantizar la libertad en la propiedad de las empresas al no imponer requisitos obligatorios de participación local, además de proteger la propiedad intelectual y leyes cibernéticas.

• Crear esquemas con estatus de pionero para la exención o deducción de impuestos por un tiempo determinado.

• Permitir la exención de impuestos a la importación de equipos multimedios.

• Proveer servicios y precios competitivos de telecomunicaciones.

Turismo

• Promover la atracción de turistas extranjeros. El turismo es un sector trascendental para el crecimiento económico y social en México. Es una fuente de ingresos para las comunidades locales, además de ser un motor para su crecimiento y progreso, por lo que, a mayor flujo de turistas, mayor flujo de capital, crecimiento económico e inversión. En 2019, un turista internacional que viajó a México gastó un promedio de 826 dólares. Las entidades con un alto flujo de visitantes extranjeros, como Quintana Roo y Baja California Sur, obtienen recursos significativos para la economía como resultado del turismo. Para atraer más turistas extranjeros, los gobiernos estatales deben contar con una estrategia turística a mediano y largo plazo, en la cual se promueva la apertura de rutas para mejorar la conectividad aérea, además de incorporar acciones de desarrollo urbano y de promoción turística focalizadas a los mercados internacionales de interés. Por ejemplo, los ecoturistas se concentran principalmente en Estados Unidos y Europa, mientras que los asiáticos (principalmente los turistas chinos) buscan conocer la cultura y adquirir mercancías.

• Incrementar la oferta de servicios y actividades turísticas socialmente responsables. Los principales destinos turísticos en México son de sol y playa, lo que genera áreas de oportunidad para atraer otro tipo de visitantes internacionales, sobre todo si consideramos nuestro capital natural, cultural, gastronómico y arqueológico. Por lo general, este tipo de actividades son socialmente responsables y amigables con el medio ambiente, ya que las actividades enfocadas a la naturaleza permiten integrar a las comunidades locales a la actividad turística, permitiéndoles beneficiarse de su desarrollo.

• Impulsar las certificaciones turísticas existentes a proveedores de bienes y servicios. La capacitación y certificación permiten mejorar la calidad del servicio, así como la satisfacción y confianza del turista, lo que contribuye a mejorar el prestigio de México en los mercados internacionales y atraer más visitantes. Hoy en día, los estándares de calidad se basan en las mejores prácticas internacionales, por lo que se debe promover la demanda de las siguientes certificaciones: Distintivo “S” (reconoce las buenas prácticas sustentables de proyectos turísticos), Distintivo “H” (para establecimientos fijos de alimentos y bebidas que cumplen con estándares de higiene) y el Sello de Calidad “Punto Limpio” (reconoce a PyMES del sector turístico que implementan medidas para proteger la salud de las personas). Por otro lado, se pueden incluir otros estándares de calidad para actividades o servicios de turismo alternativo, como la certificación de hospitales que cumplen los criterios de la Joint Commission International. Los gobiernos estatales pueden impulsar la demanda de dichos servicios a través de un portal de internet que enliste sus recomendaciones sobre la calidad, seguridad, salubridad y atención de los servicios turísticos, vinculando esta información con las empresas turísticas certificadas que cumplan con dichas disposiciones oficiales.

• Fomentar el desarrollo del “turismo inclusivo”.^[1] Las PCD representan un sector muy importante de la población que ha sido excluido de toda la cadena de valor turística en México: desde el transporte aéreo y foráneo, transporte local, hoteles, restaurantes, hasta atractivos turísticos y excursiones. Esto no solo restringe el disfrute en igualdad de condiciones de las actividades turísticas por parte de este grupo poblacional, sino que limita el crecimiento del sector turístico del país al no desarrollar un nicho de mercado que engloba a aproximadamente mil millones de turistas potenciales en esta condición a nivel mundial,^[2] además de sus familias o conocidos alrededor del mundo. Por ejemplo, tan solo en México y en aquellos países de donde proviene el mayor flujo de turistas que visitan nuestro país (Estados Unidos y Canadá) habitan aproximadamente 65 millones de PCD.^[3]

Por ello, como una estrategia de atracción de turistas nacionales y extranjeros, los gobiernos estatales deben apoyar a todos los proveedores locales de servicios para eliminar aquellas barreras físicas y de comunicación que impiden que esta población acceda a la oferta turística de sus respectivas entidades, así como para obtener distintivos como el sello “Turismo Incluyente”^[4] emitido por la Secretaría de Turismo. Un ejemplo de la colaboración entre distintos órdenes de gobierno en materia de turismo inclusivo es Cuastecomates en el estado de Jalisco: uno de los primeros destinos de playa del país en ser completamente accesible para personas con algún tipo de discapacidad al contar con personal capacitado, señalizaciones, accesos, vialidades, mobiliario urbano y anfibio especialmente adaptados.

• Alinear la política turística a los ODS. Como parte del compromiso para promover la sostenibilidad económica, social y ambiental a largo plazo, es necesario que los programas turísticos estatales concuerden con los ODS de la ONU. La planeación estratégica del turismo debe contribuir a mitigar el cambio climático, erradicar la pobreza extrema, reducir la desigualdad y promover un crecimiento económico inclusivo. Esto puede lograrse a través de las siguientes metas de los ODS:

• Meta 8.9: elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

• Meta 12.b: elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

• Meta 14.7: aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo.

• Aumentar la recaudación local a través de impuestos al turismo. El gravamen más representativo del sector es el impuesto al hospedaje, el cual puede contribuir significativamente al aumento de los ingresos estatales. Por ejemplo, se estima que en 2020 en Quintana Roo y Baja California Sur, las entidades con mayor recepción de turistas en México, el impuesto al hospedaje aporte el 33.5% y el 31.7% de la recaudación local, respectivamente. Cabe destacar que, en ambos casos, el cobro del impuesto incluye el servicio de alojamiento que ofrecen aplicaciones como Airbnb, HomeAway y Flipkey.

---

^[1] También conocido como turismo accesible.

^[2] OMS, Informe mundial sobre la discapacidad 2011 (Ginebra: OMS, 2011), https://www.who.int/iris/bitstream/10665/75356/1/9789240688230_spa.pdf?ua=1 (Consultado el 04/04/2020).

^[3] De acuerdo con las oficinas de estadística de México (Inegi), Estados Unidos (U.S. Census Bureau) y Canadá (Statistics Canada) el número de personas con discapacidad en dichos países fue de 7.1, 55.2 y 2.7 millones, respectivamente. Las cifras corresponden al año 2017 en el caso de Canadá y a 2014 en los casos de México y Estados Unidos.

^[4] Este sello se otorga a aquellas empresas turísticas (agencias de viajes, hoteles, restaurantes, museos, centros de convenciones o reuniones, guías de turistas, hospitales, parques temáticos y transportación turística) que tienen conocimientos en materia de atención a personas con discapacidad y que además cuentan con las instalaciones exteriores e interiores, señalética y servicios de información adecuadas para brindar un servicio de calidad a este segmento de la población.

El subíndice Innovación y sofisticación en los sectores económicos (Innovación) mide la capacidad de las entidades federativas para competir con éxito en la economía, particularmente en los sectores de alto valor agregado e intensivos en conocimiento y tecnología de punta. Este subíndice considera la habilidad para generar y aplicar conocimiento nuevo, por lo que incluye indicadores relacionados con las características de las empresas, el contexto de investigación y la generación de patentes. Un estado con sectores económicos más innovadores es capaz de atraer y retener más talento e inversión.

La mejor entidad (2018)

Querétaro

Por segundo año consecutivo, Querétaro se ubicó en el primer lugar a nivel nacional en innovación y sofisticación en los sectores económicos. Este resultado fue consecuencia de la mejora del estado en cuatro de los cinco indicadores del subíndice en los últimos dos años, lo cual le permitió colocarse en las primeras tres posiciones en tres de ellos en 2018: 1) fue la entidad con el mayor número de patentes solicitadas por mexicanos residentes en la entidad con 8.1 por cada 100 mil de la población económicamente activa (PEA), 2) tuvo el segundo mayor número de empresas e instituciones científicas y tecnológicas con 62.5 por 100 mil de la PEA, y 3) ocupó el tercer puesto en el número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores con 93.7 investigadores por 100 mil de la PEA.

Sin embargo, a pesar de su buen desempeño en estos indicadores, Querétaro ocupó la posición 27 en productividad total de los factores, la cual se redujo en un 0.43% respecto al valor observado en 2017.

La peor entidad (2018)

Tabasco

Este estado ocupó el último lugar del subíndice por segundo año continuo. Aunque entre 2016 y 2018 Tabasco mejoró en cuatro de los cinco indicadores analizados, los valores obtenidos en cada uno de ellos, en este último año, fueron relativamente bajos en comparación a los del resto de las entidades federativas del país. Se ubicó en los seis últimos lugares en tres indicadores: 1) ocupó la penúltima posición en productividad total de los factores con una tasa de crecimiento, entre 2017 y 2018, del -1.47% (cifra muy alejada de la media nacional, que fue del -0.36%); la posición 28 en complejidad económica en sectores de innovación con un valor de 2 mil 20 puntos (nueve puntos por debajo del promedio nacional); y 3) el lugar 27 en el número de investigadores con 21.4 por cada 100 mil personas de la PEA (menos de la mitad que la media: 47.1 investigadores).

Resultados del subíndice (2016-2018)

Gráfica X.1 Posiciones y cambios del subíndice Innovación

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa X.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Innovación

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador (2016-2018)

Tabla X.1 Resultados generales por indicador del subíndice Innovación

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.

Una mirada al interior del subíndice

Complejidad económica en sectores de innovación

• En 2018, el índice que mide la complejidad económica en los sectores de innovación a nivel estatal presentó valores en un rango de entre 2 mil 19 y 2 mil 46 puntos, en el que Aguascalientes consiguió el mayor valor, mientras que el menor lo obtuvo Guerrero. La media a nivel nacional fue de 2 mil 29 puntos.

Productividad total de los factores

• Desde 2001 y hasta 2018 (con excepción de 2010 y 2011) el promedio de la tasa de crecimiento anual de la productividad total de los factores en las entidades federativas fue negativo.

• En 2018 el promedio de la tasa de crecimiento anual de la productividad total de los factores en las entidades federativas del país fue del -0.36%. En el mismo año, 31 de las 32 entidades presentaron tasas negativas. Solamente Nayarit registró un crecimiento en su productividad (0.07%).

Investigadores

• En 2018 la CDMX fue la entidad con el mayor número de investigadores del país con 206.6 por cada 100 mil personas de la PEA. Esta cifra fue más de cuatro veces superior al promedio nacional (47.1) y 1.5 veces mayor a la de Morelos, el segundo estado con más investigadores (137.5) en ese año.

Patentes

• En tan solo seis años, en Querétaro se duplicó el número de patentes solicitadas al pasar de cuatro por cada 100 mil personas de la PEA en 2012 a 8.1 en 2018. Esto la convirtió en la entidad con más solicitudes de patentes, apenas por encima de la CDMX (7.9).

• En un par de años, en Hidalgo aumentó un 143% el número de patentes solicitadas al pasar de 1.1 por cada 100 mil personas de la PEA en 2016 a 2.8 en 2018, lo que contribuyó a que la entidad subiera 13 lugares en el subíndice de Innovación en ese periodo.

• Entre 2016 y 2018, en dos entidades se redujo significativamente el número de patentes solicitadas por cada 100 mil personas de la PEA: Chiapas con una caída del 80% (de 1.2 a 0.2) y Campeche con un retroceso del 72% (de 2.4 a 0.7).

Empresas e instituciones científicas y tecnológicas

• En los últimos cuatro años (2014-2018), el número de empresas e instituciones científicas y tecnológicas, en promedio, en las entidades federativas se incrementó en un 78% al pasar de 15.6 a 27.7 empresas por cada 100 mil personas de la PEA en dicho periodo.

• La CDMX y Querétaro fueron las entidades con más empresas e instituciones científicas y tecnológicas en 2018, con 63.1 y 62.5 por cada 100 mil personas de la PEA, respectivamente. En ese mismo año, ambas entidades crecieron más del 42% en este indicador, con respecto a 2016.

IMCO propone

En los últimos 40 años, la economía del conocimiento en el mundo ha demostrado ser un generador de desarrollo económico y social. Esto ha llevado a muchas naciones a invertir recursos en educación e innovación para crear nuevos bienes y servicios que beneficien a miles de personas. Sin embargo, para que los nuevos inventos e ideas lleguen a las personas, no basta con gastar dinero en la generación de conocimiento, se requiere que esas ideas lleguen al mercado. Los estados deben enfocarse en crear ecosistemas que además de generar innovaciones, faciliten e incentiven su llegada a los mercados, capaciten a las personas, faciliten la creación de redes y conecten a los inventores con las personas e instituciones correctas. A continuación se aportan propuestas en este sentido:

Investigación, desarrollo y adopción de ciencia y tecnología

• Garantizar la existencia de un mercado para las innovaciones. Los derechos de propiedad intelectual en México deben estar enfocados en crear mercados para la innovación, en lugar de solo proteger patentes, marcas o modelos de utilidad, sin importar si estos tienen el potencial de ser usados con fines comerciales o no. Además de proteger temporalmente el monopolio del inventor, es necesario hacer que las invenciones lleguen a las personas a través de un verdadero mercado para las innovaciones. El bien jurídico a tutelar es el mercado,^[1] no el monopolio del inventor. El interés del Estado debe ser que la invención se utilice en bienes y servicios, que el dueño de la propiedad intelectual reciba un pago y que la industria y los consumidores puedan beneficiarse a partir de la innovación.

• Acelerar negocios de base científica y tecnológica mediante el modelo de Endeavor. Bajo la lógica de Endeavor,^[2] un equipo de coaching y mentoría asesora a los empresarios con negocios de muy alto potencial para lograr un crecimiento acelerado de los mismos.

• Incentivar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a patentar, no solamente a publicar. Los incentivos en el SNI están orientados solamente a la publicación académica, no al patentamiento. La mejor manera de invertir en ciencia y tecnología es que la fuente de los recursos sea privada, mediante la reproducción comercial del capital científico y tecnológico del país. Los científicos deben ser socios de los negocios innovadores.

• Reformar la Ley Federal del Trabajo en el artículo 163, fracción II y III, de manera que las innovaciones realizadas en el centro de trabajo sean propiedad no solamente del patrón, y que se abra la posibilidad a hacer nuevas empresas, con los trabajadores inventores como socios, que aprovechen el conocimiento generado.

• Evitar el uso del secreto industrial como método de protección de las inversiones. El secreto industrial impide que el conocimiento, que trae consigo la innovación, se utilice por un mayor número de agentes económicos. Es necesario implementar incentivos fiscales para las empresas que patentan, pero es importante también que aquellas empresas que desean utilizar dicha patente puedan hacerlo, para esto es posible establecer mercados, donde los precios de las innovaciones se determinen libremente entre las partes, que permitan socializar el conocimiento sin desincentivar el desarrollo de nuevas innovaciones.

• Convertir a las universidades y centros de educación superior en mercados para la innovación. De esta forma, se pueden incubar iniciativas, al proveer un espacio de trabajo, financiamiento inicial, tutorías o capacitación para el emprendimiento de inventores. También se pueden organizar tianguis tecnológicos, hackatones y ferias de innovación para que las invenciones se conviertan en productos y servicios reales con valor comercial. Los académicos de universidades públicas y privadas deben obtener un margen de las ganancias por trabajos o descubrimientos que tengan viabilidad comercial, como ocurre en las universidades más exitosas a nivel mundial en el desarrollo de patentes e innovaciones.

• Cambiar los criterios de reclutamiento de las universidades, laboratorios y centros de investigación públicos y privados de los estados. Estos organismos no deben enfocarse en reclutar únicamente investigadores del SNI. Un mejor balance entre la gente que hace investigación pura (SNI) y la gente que hace investigación aplicada (patentes, modelos de utilidad, registros de marca y métodos de negocio, derechos de autor) es más deseable.

• Crear mercados de capital ángel y capital semilla. Para esto, los gobiernos estatales deben contar con canales de comunicación e inversionistas, para generar políticas públicas orientadas a la creación de mercados de capital ángel y capital semilla que junto con los fondos públicos financien la investigación innovadora.

• Promover que el gasto estatal se aplique en adopción de tecnología o investigación. Todos los estados cuentan con algún tipo de política industrial. En lugar de apoyar a un sector económico específico, a través de algún tipo de subsidio o protección, los apoyos deberían de aplicarse en función de la adopción de tecnología o investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en las empresas.

• Favorecer a los empresarios disruptivos por encima de los empresarios tradicionales. Los gobiernos estatales deben favorecer a los empresarios disruptivos (que transforman mercados clásicos en mercados innovadores, al llevar beneficios a la sociedad) por encima de los empresarios tradicionales. Por ello, la idea de las vocaciones productivas por estado debe desaparecer. No existe la posibilidad de ser un país que tiene regiones competitivas, a menos que se creen cambios importantes en los principales mercados de los estados, de manera que se mejore la eficiencia, las utilidades, los precios a los consumidores y los montos financieros privados que se pueden invertir en la economía estatal. Darles preferencia a los empresarios tradicionales es la mejor manera de atrasar a las economías de los estados.

• Utilizar fondos públicos para generar revoluciones tecnológicas. Los fondos públicos solo deben utilizarse para apoyar e impulsar la revolución tecnológica que le permita a las industrias generar riqueza en el mediano o largo plazo.

• Priorizar la agenda urbana de competitividad. Las innovaciones se producen en las ciudades: la agenda urbana de competitividad debe ser la prioridad de los gobiernos estatales para atraer industrias altamente innovadoras. Esta agenda incluye impulsar servicios públicos adecuados (como el transporte público), reglas de convivencia apropiadas, usos mixtos para la construcción, movilidad eficiente, seguridad, Estado de derecho y calidad de vida. El ejemplo del Tecnológico de Monterrey con su hub de innovación “Distrito Tec” es una experiencia interesante para analizar y replicar.

• Fortalecer las redes de las distintas regiones de México en el mundo. Más mexicanos de todo el país deberían estudiar en Estados Unidos, Asia y Europa. Las personas con un menor nivel de desarrollo deberían tener esta oportunidad. También, es necesario potenciar la inmigración internacional a zonas como El Bajío con alto potencial de desarrollo. Además, se debe de fortalecer la provisión de servicios médicos y educativos para atender tanto a la población local como a las nuevas comunidades de migrantes. Los estados pueden beneficiarse mucho de la apertura a México y el resto del mundo, por ejemplo al localizar a las redes de migrantes exitosos de cada estado e invitarlos a regresar e invertir en su estado.

• Crear y actualizar planes de estudio de educación técnica y media superior acordes a las necesidades del mercado laboral. Los estados y las empresas (no solamente las existentes, también las potenciales) deben coordinarse para actualizar y crear planes de estudio de educación técnica y media superior acordes a las necesidades del mercado laboral. Es necesario incluir materias que fortalezcan habilidades de alto valor para el mercado de innovación, como lo son las ciencias, ingenierías matemáticas e inglés.

• Invertir en certificaciones que permitan a los trabajadores aumentar sus competencias, productividad y niveles de ingreso. Los gobiernos estatales deben invertir en certificaciones que le permitan a los trabajadores aumentar sus competencias, productividad, y niveles de ingreso. Dado que una certificación funciona como una marca, es importante que aquellas que se impulsen cuenten con reconocimiento internacional, como es el caso de certificaciones Microsoft, BMW o Cisco en RedHat. En México existe un consejo encargado de promover, coordinar y consolidar un sistema nacional de competencias que emite certificaciones (a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales [Conocer]), sin embargo, estas son poco conocidas, lo que resulta poco redituable en el mercado laboral.

• Propiciar que los negocios de economía colaborativa adopten políticas de datos abiertos. Los gobiernos estatales deben propiciar que los negocios basados en modelos de economía colaborativa, o que funcionan a través de aplicaciones, que operan en sus territorios adopten políticas de datos abiertos para facilitar la innovación y disrupción en los mercados. Muchos gobernadores y alcaldes han pensado en cómo obtener una renta de los servicios de taxi con aplicación, tipo Uber o Cabify, cuando lo más valioso que producen esas empresas para el sector público son datos.

Emprendimiento y empresas de alto valor

• Transformar los esquemas de incubación actual de las universidades estatales. El objetivo es que las universidades, en lugar de recibir recursos con base en el número de estudiantes que pasan por el proceso de incubación, lo hagan de acuerdo con los resultados de las empresas que han detonado y que se hayan sostenido en un mínimo de tres años. Las métricas de evaluación pueden ser el número de patentes, marcas, derechos de autor y modelos de utilidad creados. Además, llevar los apoyos por empresa incubada a un periodo máximo de 18 meses e incluir en sus programas mentorías de empresarios, auditorías contables y asesoría jurídica.

• Facilitar la instalación de empresas de alto valor agregado en la entidad a través de:

• Capacitar trabajadores para que adquieran las habilidades requeridas por dichas empresas. Así se hizo en Querétaro cuando llegaron Bombardier y Airbus. Ambas empresas desarrollaron planes, en coordinación con universidades, para capacitar habitantes del estado y así evitar la búsqueda de talento fuera de él.

• Garantizar la certeza jurídica sobre inversiones en el estado. Los estados deben garantizar los derechos de propiedad de los inversionistas, y hacer todo lo necesario, incluso tener una conversación activa con la Federación y los municipios, para que las reglas que rigen a las inversiones no cambien de manera inesperada y arbitraria.

• Dar información al público inversionista sobre las ventajas de invertir en sectores innovadores en el estado. Esto puede lograrse a través de un programa especializado para atraer este tipo de empresas.

• Crear políticas para atraer talento específico a industrias intensivas en conocimiento, con el apoyo de becas, intercambios y estancias en universidades y centros de investigación aplicada en ingenierías, matemáticas y ciencias aplicadas. Negociar con las autoridades federales de migración, para promover la atracción de talento de otras naciones, como la India.

• Diseñar e implementar una política de almacenamiento y apertura de datos sobre información que generan los distintos poderes del estado. La política debe complementarse con un sistema de incentivos para que comunidades de programadores accedan fácilmente a dichos datos y generen valor a partir del análisis o del desarrollo de aplicaciones.

• Apoyar a emprendedores a través de:

• Eliminar o reducir los impuestos sobre la nómina y los subsidios al primer empleo.[3]

• Promover los casos de éxito del estado en innovación y emprendedurismo. La promoción puede hacerse en medios, sitios web gubernamentales y redes sociales con el fin de detonar mayor participación en el sector. También se pueden hacer concursos y eventos que integren al sector.

Capital humano

• Dar mayor flexibilidad al sistema de educación superior con un modelo educativo tipo anglosajón. De esta forma se busca promover mayor interacción entre las carreras para que la especialización se haga más adelante en el plan de estudios. Así todos los estudiantes compartirían un tronco común.

• Crear temarios de estudios prácticos y útiles a partir del diálogo entre empleadores y formadores de talento. Los temarios deben promover la creatividad, así como la promoción de competencias blandas, como lo son el trabajo en equipo y la solución de problemas, para que los estudiantes se adapten a las exigencias del mercado laboral.

• Fomentar la incorporación de las mujeres en las ingenierías. Establecer incentivos en las universidades u otorgar becas son pasos útiles en este sentido.

• Priorizar programas de estudio en carreras con una fuerte formación técnica en matemáticas, ingenierías, nanotecnología y biotecnología, por ejemplo.

• Incrementar capacidades del estado en el uso de tecnologías, generación y análisis de datos. Esto debe de ir de la mano de atraer y generar talento especializado en gestión y uso de herramientas tecnológicas y datos que pueden utilizarse para una mejor gestión de servicios públicos.

---

^[1] F. Scott Kieff y Troy A. Paredes, Perspectives on Corporate Governance (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).

^[2] El modelo Endeavor es un acelerador de empresas. Para más información consultar el siguiente enlace: https://www.endeavor.org.mx/

[3] Se pueden consultar más propuestas al respecto en la sección IMCO Propone del subíndice de Mercado de factores.

GENERALES

El objetivo principal del Índice de Competitividad Estatal (ICE) es dar información para diseñar, priorizar y dar seguimiento a políticas públicas que promuevan la competitividad de los estados. Esto se logra a partir de una definición clara de competitividad y de la identificación de los factores que contribuyen a ella.

Se define competitividad como la capacidad de las ciudades, estados o países de generar, atraer y retener talento e inversiones. Tanto el talento como la inversión tienden a ir hacia los lugares donde es posible obtener mejores retornos económicos y sociales. Así, en un estado consistentemente atractivo para el talento y la inversión se puede esperar un alto nivel de productividad en las empresas y en las personas, además de altos niveles de prosperidad y bienestar.

Una vez definido el concepto de competitividad, se identificaron 10 diferentes factores o dimensiones asociados a ella. Estos factores surgen de la teoría económica, la experiencia internacional y el sentido común. Cada factor da origen a un conjunto de indicadores que agrupados forman subíndices, a partir de los cuales se caracteriza la relación de cada factor con la definición de competitividad.

Es importante señalar que, a diferencia de los índices publicados en años anteriores en los que se presentaba un ranking general a partir de las calificaciones de los estados en cada uno de los subíndices analizados, esta edición del ICE se concentra en identificar claramente las fortalezas y debilidades de cada entidad federativa a partir de sus respectivas calificaciones en cada una de las 10 dimensiones de la competitividad.

¿QUÉ HACE EL ÍNDICE?

• Compara transversal y temporalmente la posición relativa de los 32 estados en torno a 10 subíndices que influyen en su competitividad.

• Otorga una calificación de 0 a 100 para cada entidad, tanto a nivel indicador como por subíndice, con el fin de conocer su desempeño.

• Permite comparar el desempeño de los diferentes estados en distintos indicadores y subíndices, así como en el tiempo.

¿QUÉ NO HACE EL ÍNDICE?

• No pretende ser un modelo de equilibrio general ni parcial.

• No hace explícitas las interacciones entre los indicadores considerados.

GRUPOS DE COMPETITIVIDAD

Para cada uno de los 10 subíndices que conforman el ICE 2020 se agrupó a las 32 entidades federativas en seis diferentes categorías de competitividad. Estas pretenden identificar grupos de estados con base en la posición que ocupan alrededor de la calificación media de cada subíndice. Las categorías son las siguientes:

• Competitividad Alta: aquellas entidades cuyo puntaje se encuentra a dos o más desviaciones estándar por encima de la media.

• Competitividad Adecuada: aquellas entidades cuyo puntaje se encuentra entre una y dos desviaciones estándar por encima de la media.

• Competitividad Media alta: aquellas entidades cuyo puntaje se encuentra hasta una desviación estándar por encima de la media.

• Competitividad Media baja: aquellas entidades cuyo puntaje se encuentra hasta una desviación estándar por debajo de la media.

• Competitividad Baja: aquellas entidades cuyo puntaje se encuentra entre una y dos desviaciones estándar por debajo de la media.

• Competitividad Muy baja: aquellas entidades cuyo puntaje se encuentra dos o más desviaciones estándar por debajo de la media.

CONSTRUCCIÓN DE VARIABLES ANCLA

La base del índice son los indicadores de inversión y talento. El resto de los indicadores pertenecientes a los 10 subíndices son comparados contra los primeros para poder establecer relaciones que permitan orientar el diseño de políticas públicas. La construcción de los subíndices está en función y gira en torno a los primeros, y por lo mismo, adquieren el nombre de variables ancla.

A continuación se explica el método de construcción de las variables de talento y de inversión.

Inversión

Para calcular la inversión, y a falta de estadísticas desagregadas a nivel estatal con respecto a esta, se supone que en los estados la formación bruta de capital fijo como porcentaje del PIB es igual a la tasa nacional (entre un 20% y un 23% según el año). Posteriormente, se toma el PIB nominal (sin minería) de cada estado y se le aplica el porcentaje anterior, para así obtener una estimación de la inversión estatal. El indicador final se mide en pesos por persona económicamente activa.

Talento

En el ICE 2020 el talento se mide como el porcentaje de personas de 25 años y más, con educación superior, normal o técnica. Esta metodología está alineada con la utilizada en versiones previas de los índices internacionales y de ciudades, permitiendo una mayor consistencia entre los productos intelectuales del instituto.

SUBÍNDICES E INDICADORES

La lista de indicadores del ICE 2020 toma como base la lista de indicadores del ICE 2018, la cual se complementó con otros indicadores que no estaban incluidos. En parte, esto se logró gracias a mejores fuentes de información y a nuevas tecnologías que permitieron el uso de fuentes no convencionales.

Los 97 indicadores agrupados en los 10 subíndices de competitividad cumplen con las siguientes condiciones:

• Se publican regularmente.

• Provienen de una fuente neutral de prestigio.

• Son de fácil interpretación y sus metodologías de cálculo son transparentes y accesibles para cualquier usuario.

• No son redundantes, pues cada variable aporta información adicional (se eliminan aquellas variables que están estrechamente correlacionadas dentro de un mismo subíndice).

A continuación, se describe qué mide cada subíndice, así como los indicadores que los conforman.

I. Sistema de derecho confiable y objetivo

El subíndice Sistema de derecho confiable y objetivo (Derecho) analiza el entorno de seguridad pública y jurídica en las entidades federativas del país. La seguridad pública está estrechamente ligada a la calidad de vida de los ciudadanos, al salvaguardar su integridad física y sus derechos a través de la prevención y eliminación de aquello que pone en riesgo sus libertades, el orden y la paz pública. Por otro lado, la seguridad jurídica es determinante para la llegada de nuevas inversiones. Por ello, un Estado de derecho funcional genera condiciones favorables para la atracción y retención de talento e inversión en los estados. En este sentido, el subíndice analizado considera indicadores sobre delitos, denuncias, percepción de seguridad y cumplimiento de contratos.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

II. Manejo sustentable del medio ambiente

El subíndice Manejo sustentable del medio ambiente (Medio ambiente) mide qué tan responsables son las entidades federativas en el uso de sus recursos naturales, como lo es el manejo eficiente del agua, la protección de la cobertura forestal y la generación y disposición adecuada de residuos sólidos, entre otros. Estos elementos repercuten directamente en la calidad de vida de la población, así como en la atracción de talento e inversión por parte de las empresas, ya que no hay sostenibilidad económica sin sustentabilidad ambiental. El uso adecuado del capital natural y su conservación en el tiempo son fundamentales para impulsar la competitividad a nivel subnacional.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

III. Sociedad incluyente, preparada y sana

El subíndice Sociedad incluyente, preparada y sana (Sociedad) mide la calidad de vida de los habitantes de cada entidad federativa al analizar el acceso que tienen a bienes y servicios agrupados en las siguientes tres áreas: inclusión, educación y salud. Estas áreas dan un indicio de las oportunidades que existen en un estado para formar, atraer y retener capital humano e inversiones. Por ello, este subíndice considera indicadores de pobreza, desigualdad, rendimiento académico, oferta médica, servicios de salud y condiciones socioeconómicas. Una entidad que ofrece altos niveles de calidad de vida para toda su población es más justa y competitiva.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

IV. Sistema político estable y funcional

El subíndice Sistema político estable y funcional (Sistema político) mide la calidad de los sistemas políticos estatales. Un sistema político incluyente y democrático es un bien público en sí mismo, pero además fomenta la inversión mediante la creación de un entorno de sana competencia política, con estabilidad, mayor participación ciudadana y rendición de cuentas. En este sentido, el subíndice analizado incorpora indicadores sobre la incidencia y percepción de corrupción, la participación y competencia electoral, y las libertades civiles.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

V. Gobiernos eficientes y eficaces

El subíndice Gobiernos eficientes y eficaces (Gobiernos) mide la forma en la que los gobiernos estatales son capaces de influir positivamente en la competitividad de sus entidades. Entre las acciones necesarias para cumplir este objetivo se encuentran las políticas públicas que fomentan el desarrollo económico local. Por tanto, este subíndice incluye indicadores relacionados con la promoción del desarrollo económico y la formalidad de la economía. Además, considera indicadores sobre la capacidad de los gobiernos para generar ingresos propios, la calidad de la información de sus finanzas públicas y el acercamiento con la ciudadanía por medios electrónicos.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

VI. Mercado de factores eficiente

El subíndice Mercado de factores eficiente (Mercado de factores) mide la eficiencia del trabajo, uno de los principales factores de la producción. La eficiencia del mercado laboral en México depende de condiciones como la distribución del ingreso y la igualdad salarial, así como del desarrollo de capacidades y conocimientos a través de capacitaciones y el desarrollo del sector educativo. Estos elementos determinan el nivel de competitividad laboral y generan condiciones para la atracción y retención de talento e inversión.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

VII. Economía estable

El subíndice Economía estable (Economía) mide las principales características de las economías estatales. Dentro del subíndice se incluyen indicadores que describen la distribución del producto interno bruto (PIB), el dinamismo de la economía, el nivel de deuda, así como la dependencia y la diversificación económicas. Los estados que presentan una economía estable atraen más talento e inversión y son, por lo tanto, propensos a una mayor generación de empleo y riqueza.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

VIII. Sectores precursores de clase mundial

El subíndice Sectores precursores de clase mundial (Precursores) analiza indicadores relacionados con los sectores financiero, de telecomunicaciones y de transporte; es decir, con el acceso a los servicios financieros, el desarrollo de las vías físicas de comunicación (aéreas y terrestres), y el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Estos sectores son de gran importancia pues su correcto funcionamiento se le considera como una condición necesaria para impulsar el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo, al incidir directa e indirectamente en muchos otros aspectos de la economía. Es por ello que su desarrollo es fundamental para mejorar la competitividad de las entidades federativas del país.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

IX. Aprovechamiento de las relaciones internacionales

El subíndice Aprovechamiento de las relaciones internacionales (Relaciones internacionales) mide el grado en el que las entidades federativas del país capitalizan su relación con el exterior para elevar su competitividad. Para ello, este subíndice considera indicadores relacionados con el turismo internacional, el flujo de capitales y la exportación de mercancías. En un mundo altamente globalizado, la competitividad de las entidades, entendida como su capacidad para atraer y retener talento e inversión, depende cada vez más de su habilidad para explotar sus vínculos con el exterior.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

X. Innovación y sofisticación en los sectores económicos

El subíndice Innovación y sofisticación en los sectores económicos (Innovación) mide la capacidad de las entidades federativas para competir con éxito en la economía, particularmente en sectores de alto valor agregado e intensivos en conocimiento y tecnología de punta. Se considera la habilidad para generar y aplicar conocimiento nuevo, por lo que se incluyen indicadores relacionados con las características de las empresas, el contexto de investigación y la generación de patentes. Un estado que cuenta con sectores económicos más innovadores es capaz de atraer y retener más talento e inversión.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

HOMOLOGACIÓN DE INDICADORES 0-100

Las variables seleccionadas para cada estado se estandarizaron en una escala de cero a 100 en función de los valores que presentan respecto al resto de la muestra. Así, el valor más bajo de la muestra toma el valor de cero, mientras que el más alto toma el valor de 100. Los demás valores toman una calificación entre cero y 100 en proporción a la escala utilizada. De esta forma se consiguen cuatro aspectos importantes:

• Se comparan valores estandarizados y no números absolutos.

• Se hacen homogéneas las unidades de todas las variables.

• Se puede observar fácilmente la posición relativa de los estados.

• Todos los subíndices se presentan en la misma escala.

PONDERACIÓN DE LOS INDICADORES

La asignación de los pesos por indicador se realizó en dos etapas. En primer lugar, el 30% del peso de la calificación se calculó a través de proceso de asignación de pesos (budget allocation process). En este se consultó a los expertos del IMCO en cada materia para que asignaran a todos los indicadores valores de 0.1, 0.5 o 1, en función de su nivel de relevancia para la competitividad del estado. En segundo lugar, el 70% del peso se asignó con base en la varianza de cada indicador. Se premió a aquellas variables con comportamientos más estables para evitar sobre-reacciones en los rankings por subíndice, causadas por movimientos abruptos de los indicadores que los integran.

COMPARABILIDAD ENTRE EDICIONES DEL ICE

Como se señaló anteriormente, en esta edición del índice se modificaron algunos indicadores con base en criterios de disponibilidad de la información, así como de oportunidad de los temas abordados. Asimismo, a diferencia de ediciones anteriores, en la presente edición los pesos asignados a cada uno de los 97 indicadores que lo integran no fue el mismo. Dado que lo anterior impide realizar comparaciones directas entre esta edición y la de 2018 (o anteriores), se reconstruyeron las series de todos los indicadores de 2001 a 2018 para poder analizar la evolución de las entidades federativas a través del tiempo con los cambios incorporados en la versión 2020. Es decir, no deben compararse las posiciones de las entidades con aquellas publicadas en 2018 o años anteriores. Todas las comparaciones intertemporales de los rankings por subíndice deben hacerse utilizando únicamente la información contenida en la base de datos del ICE 2020.

CONTACTO

Para cualquier duda adicional sobre la metodología del índice, escribir a diego.diaz@imco.org.mx o a oscar.ruiz@imco.org.mx