El 2020 será crucial para la democracia mexicana. Este año se llevarán a cabo más de 30 designaciones en instituciones clave para el funcionamiento del Gobierno y del sistema político. En los próximos nombramientos están en juego puestos de órganos de control, de contrapeso, encargados de la administración de justicia, de garantizar y hacer efectivos los derechos y del funcionamiento del sistema político-electoral.
La estabilidad y legitimidad de un Gobierno se debe en buena medida a cómo funcionan sus instituciones y órganos de control, monitoreo y contrapeso. La construcción de instituciones es un proceso tardado y accidentado. Requiere de prueba y error en su diseño y funcionamiento; de acuerdos, transparencia y procesos objetivos y preferiblemente democráticos. Algunas de las designaciones que habrá implican a la Comisión Reguladora de Energía, el Banco de México, Inegi, Cofece, entre otros.
Veamos la magnitud de lo que está en juego en 2020 tan solo con tres casos. Este año se eligen a cuatro consejeras o consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que tendrán a su cargo la elección intermedia federal en 2021 y la siguiente elección para Presidente de la República, además de miles de cargos federales y locales.
Los dos comisionados/as del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) tendrán a su cargo la política de transparencia en casos clave para el país como lo han sido la Ley de Seguridad Interior, obligaciones de transparencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la masacre de San Fernando en Tamaulipas, la investigación de Ayotzinapa, Odebrecht o la renuncia del ministro Medina Mora, entre otros.
El nombramiento de tres magistradas/os anticorrupción que formarán parte del Sistema Nacional Anticorrupción que no termina por implementarse. Estos cargos están pendientes desde la Administración de Peña Nieto, donde la propuesta de perfiles fue rechazada por los legisladores. Mientras tanto, están en el limbo las facultades que tiene el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (Tfja) para perseguir actos ilícitos por servidores públicos.
Usted podrá tener la opinión fundada de que el trabajo realizado en materia anticorrupción deja mucho que desear y continúa la tranza y la impunidad, de que persiste la opacidad y arbitrariedad en la toma de decisiones de nuestras autoridades, de que los procesos electorales pueden ser menos costosos y más eficientes. No obstante, tampoco se puede negar el avance en materia de anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas, y de la democracia en México.
Basta recordar que los cuatro consejeros del INE que saldrán este año participaron en procesos democráticos y sirvieron de árbitros para que se respetara la voluntad popular y llegara al poder la actual Administración de López Obrador. Esa institución que ahora está bajo ataque, fue el órgano garante del voto popular en 2018 y debería de continuar siéndolo en las siguientes elecciones.
Decía al inicio que construir instituciones es tardado; destruirlas, en cambio, es mucho más rápido. No se puede llegar al poder y suponer que todo lo anteriormente realizado estaba mal. Por supuesto que es discutible y sobre todo perfectible, pero de lo que no debe caber la menor duda es que un país competitivo es aquel que tiene legitimidad democrática, representatividad, estabilidad y respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos. Si en lo personal buscamos siempre la mejor opción, en lo público no debe ser la excepción.
Es responsabilidad de nosotros exigir que en las designaciones no haya #NiCuotasNiCuates.
Publicado por El Sol de México
15-01-2020
