La reforma electoral ha ocupado un espacio importante en el debate público durante las últimas semanas. A inicios de febrero, se espera que el Gobierno Federal presente su propuesta de modificaciones orientadas a reconfigurar el sistema de partidos, la representación política y el sistema democrático del país. El contenido y el proceso de esta reforma también tendrán implicaciones para la certidumbre institucional y la competitividad económica del país.
En un contexto de transformación política, vale la pena cuestionar los incentivos que impulsan los cambios institucionales que definirán los equilibrios de gobernabilidad y estabilidad política del país. En medio de un debate acalorado marcado por la defensa de la democracia, el uso de recursos públicos y de intereses políticos, no se está tomando en cuenta un aspecto clave: las consecuencias a mediano y largo plazo de las medidas propuestas y su impacto sobre la estabilidad política, las condiciones económicas y la competitividad del país.
Aunque aún faltan los cambios más profundos en el sistema electoral y de representación, el primero de abril de 2025 se dio un paso relevante en su reestructuración: la prohibición de la reelección consecutiva en todos los cargos de elección popular. Este cambio, por sí mismo, podría tener efectos negativos por su impacto en los mecanismos de rendición de cuentas y, de aprobarse el resto de modificaciones propuestas, los impactos podrían acumularse y amplificarse.
En México, la reelección suele percibirse como un elemento que debilita la democracia y favorece el nepotismo. Sin embargo, alejándonos del dogma y del sesgo por experiencias pasadas, una reelección bien diseñada puede funcionar como un mecanismo de rendición de cuentas y como un sistema de incentivos que orienten el actuar de los legisladores, más allá de la disciplina partidista.
La posibilidad de reelección otorga al votante una herramienta para monitorear, evaluar y sancionar el desempeño legislativo en función de sus intereses. Para el legislador, introduce la expectativa de una evaluación futura que incentiva el atender los intereses de sus representados si aspira a reelegirse por un periodo adicional. Si bien la reelección no garantiza por sí sola una relación de dos vías entre representante y representado, sí constituye un mecanismo que potencialmente reduce la disciplina partidista rígida y fortalece la deliberación interna en pro de políticas públicas con mayores beneficios para la sociedad.
Un horizonte legislativo más largo no solo incide en la rendición de cuentas, sino también en el tipo de cuestiones que los representantes están dispuestos a impulsar. Cuando los beneficios de una política pública se materializan más allá del corto plazo, como ocurre con proyectos de infraestructura, regulación ambiental o fortalecimiento institucional, la ausencia de incentivos futuros puede desalentar su aprobación, financiamiento o defensa política. Un diseño institucional adecuado permitiría internalizar esos beneficios y avanzar a decisiones que, aunque costosas en el corto plazo, mejoran las condiciones económicas y competitivas del país en el largo plazo.
Ahora bien, pese a que públicamente todavía no hay un proyecto de reforma definido, se ha adelantado que el objetivo central es modificar los mecanismos que hoy garantizan pluralidad en la representación, bajo el argumento de simplificar el sistema o hacerlo más “eficiente”. No obstante, la función principal de la representación proporcional (plurinominales) es reflejar la pluralidad del voto y evitar que los partidos mayoritarios concentren el poder y tomen las decisiones de política pública sin construir consensos.
En un escenario donde los incentivos individuales de rendición de cuentas se debilitan por la no reelección y, al mismo tiempo, se erosionan instrumentos como la representación proporcional, existe el riesgo de reforzar dinámicas de concentración de poder y de reducir el debate público. Esto impactaría directamente la calidad de las políticas públicas, particularmente en aquellas que requieren acuerdos amplios y estabilidad en el tiempo, elementos clave para impulsar el desarrollo económico y la competitividad del país.
El debate de la reforma electoral es necesario, ni la reelección ni la representación proporcional han solucionado los problemas democráticos del país. Sin embargo, pensar que el sistema electoral mexicano requiere una reforma profunda sin reconocer la estabilidad política actual, ni la eficiencia que han demostrado sus instituciones, puede producir equilibrios aún menos óptimos.
La discusión sobre la reforma electoral debe ser abierta, circular y enfocada en mejorar la representatividad y la rendición de cuentas, no en la concentración del poder, ni en la defensa de los intereses partidistas o el uso ineficiente de recursos. El cambio institucional puede ser positivo siempre y cuando el enfoque sea normativo, las prioridades estén alineadas con las carencias del sistema y se consideren las consecuencias de largo plazo de las reformas.
Emiliano Tello
Publicado en Substack
05-02-2026
