Por: Sonia Mancera y Oscar Ocampo
Mientras el mundo busca hacer frente al cambio climático con acciones decididas para descarbonizar la economía, México da marcha atrás a la Reforma Energética del 2013 y reafirma su apuesta por los combustibles fósiles. A medida que se acerca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que se celebrará en noviembre de este año en Glasgow, Escocia, el uso de los energéticos atraviesa un cambio de paradigma.
En esta transformación global, los países que aceleren la transición energética, entendida como un cambio en los sistemas energéticos para reducir la dependencia de combustibles fósiles e incrementar la participación de las energías renovables, tendrán una ventaja competitiva para atraer y retener talento e inversiones.
La iniciativa de reforma eléctrica enviada a la Cámara de Diputados desmantela el andamiaje institucional para acelerar el tendido de energías renovables en México. En términos llanos, limita la participación de empresas privadas y devuelve el monopolio del Estado a la Comisión Federal de Electricidad al garantizar un mínimo de 54% de generación eléctrica. Además, le otorga facultades regulatorias y de operación del sistema eléctrico con la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la integración del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la estructura de la empresa.
De ser aprobada la iniciativa, la CFE será la única responsable de la inversión, ejecución y seguimiento de la transición energética. Hay que preguntarse si un monopolio del Estado es el actor indicado para esa misión cuando la CFE no cuenta con capacidad instalada renovable ni con una estrategia puntual para reducir su dependencia de combustibles fósiles.
El Acuerdo de París de 2015 busca limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Al firmarlo, México se comprometió a reducir 22% los gases de efecto invernadero y 51% los de carbono negro, así como a generar 35% de energías limpias para 2024 y 43% para 2030. Sin embargo, las metas distan de los esfuerzos para promover el uso de energías limpias y avanzar con la transición energética. La misma Secretaría de Energía reconoció en el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) que México incumplirá con el acuerdo de París.
La COP26 buscará acelerar las acciones de descarbonificación y electrificación más allá de los compromisos de París. México llegará sin cumplir sus metas de 2015, sin un plan con metas más ambiciosas, con un Fondo para el Cambio Climático que se extinguió y con un potencial marco legal nuevo que condena al país a depender de los combustibles fósiles.
La transición energética representa un cambio estructural a largo plazo que eventualmente permita alcanzar una naturalidad en la huella de carbono de la producción de energía. Dar entrada a la iniciativa de reforma eléctrica significa anclar el país a los combustibles fósiles. La solución no se encuentra en otorgarle el monopolio al Estado sino en buscar que la CFE se enfoque en sus negocios rentables -transmisión, distribución y comercialización de combustibles- y en evitar que se obstaculice la entrada de inversión privada en energías limpias.
La iniciativa de reforma eléctrica es un ejemplo de cómo el sector energético es un determinante de la competitividad de los países. Por ello, el Instituto Mexicano para la Competitividad organiza la segunda edición de su Seminario de Energía que inicia el próximo 16 de octubre, donde participantes de diversos sectores podrán adquirir herramientas para comprender mejor un sector tan complejo, desde la electricidad hasta los hidrocarburos, impartido por parte de ex funcionarios públicos, consultores del sector y expertos en la materia. El objetivo es contribuir desde la sociedad civil a que la discusión energética deje de ser únicamente un tema de nicho y ocupe el lugar central que merece.
Publicado en Animal Político.
07-10-2021
