Una de las mayores complejidades de la economía mexicana es su mercado laboral. Hablamos de trabajadores formales e informales y para entender las diferencias hay que recurrir a definiciones añejas que responden poco a la realidad actual del país.
Nuestros sistemas de pensiones siguen asociados a ese mercado laboral. Si un trabajador pasa la mayor parte de su vida laboral empleado de manera formal, es decir, si su patrón paga sus contribuciones a la seguridad social, tendrá acceso a cierto sistema. Pero, además, dependerá del momento en el que esa persona haya empezado a cotizar porque el esquema que le aplique será distinto.
Si un trabajador está ocupado de manera informal, es decir, no tiene un patrón que pague sus contribuciones, la pensión a la que podría tener derecho es muy distinta a la anterior, como también lo será el acceso a ciertas prestaciones.
Encima, las poblaciones van cambiando. Por ejemplo, en la década de los 50, cuando entraron en vigor muchos sistemas pensionarios, la expectativa de vida de los mexicanos no llegaba a los 50 años. Los sistemas de pensiones deben ajustarse.
En 1997 México pasó de un sistema de beneficios definidos a uno de contribución definida. Es decir, cada trabajador tiene una cuenta personal en la que los recursos para su pensión se van acumulando e invirtiendo. La importancia de este esquema no radica únicamente en la sostenibilidad de las finanzas públicas, sino en la capacidad de ahorro e inversión de largo plazo de las economías. Es un sistema tripartito en el que los patrones, los trabajadores y el gobierno aportan, los primeros con una participación significativamente mayor que los segundos y el tercero.
El sistema de Afores tiene registradas casi 74 millones de cuentas y maneja recursos cercanos a 18% del PIB y que alcanzarán 30% en los próximos seis años. El rendimiento ha estado cerca de tres puntos sobre la inflación en promedio anual, un rendimiento mayor al que prácticamente cualquier mexicano podría tener acceso en los instrumentos bancarios tradicionales.
Sin embargo, al sistema le falta transparencia. Sabemos que gran parte de los recursos se invierten en deuda gubernamental, pero no en qué instrumentos. Lo mismo aplica para deuda privada y demás subgrupos. Sin revelación de información no sabemos si los millones de millones de pesos ahí invertidos están en Cetes, en proyectos productivos privados, en una carretera o simplemente en elefantes blancos.
El sistema deja de lado, además, a los informales. Dentro de estos, el grupo de trabajadores independientes podría incorporarse sin demasiada dificultad si se agregara a sus recibos la contribución a la pensión, como sucede con el IVA y el ISR. Una reforma que los incluyera sería benéfica para todos.
Sobre todo, cualquier reforma al sistema de pensiones actual debería de abordar en serio el tema de género. Las mujeres no solo tienen una expectativa de vida más larga, sino que su paso por el mercado laboral es más tortuoso. Las mujeres salen del mercado para atender a los hijos y a los mayores, su carrera y su salario se ven castigados y participan más en la informalidad. Representan, además, 52% de la población total.
¿Se requieren reformas? Es probable que sí, pero habrá que estar atentos. Si se atienden los temas que el país y los mexicanos necesitan, bienvenida.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad de la autora y no representan la postura institucional.
Publicado en El Universal.
09-01-2024
