Desconfiar de la aportación de la sociedad civil equivale a despreciar la democracia. En buena medida, México ha cambiado gracias a las exigencias y propuestas de la sociedad civil. No obstante, no es ninguna novedad que los gobiernos, pasados o en funciones, pretenden hacer frente a problemas como la inseguridad, la corrupción y la impunidad sin incluir la participación de los ciudadanos.

Ojalá esta maroma legislativa se traduzca en un beneficio a la población. Lo que queda pendiente es vigilar y monitorear las compras de emergencia.

Si el objetivo es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos no se debe olvidar la existencia del mercado informal.

Si el Gobierno no ejerce los recursos de manera adecuada, miles de millones de pesos seguirán siendo malgastados y desperdiciados.

México en tres meses perdió el valor económico que le había tomado diez años generar. Tomará más de diez años regresar a donde estábamos en 2019.

Incidir en cuánto se recibe y cómo gastan los estados y municipios del país es el primer eslabón para alinear los intereses de los ciudadanos con los de su Gobierno.

Para que el proceso contra el exdirector de Pemex sea una muestra de combate eficaz a la corrupción, debe traducirse en una serie de logros concretos que vayan más allá de su predecible uso político.