Bienvenidos al paraíso fiscal mexicano. El Congreso ha decretado borrón y cuenta nueva para municipios endrogados, gobernadores despilfarradores y evasores de obligaciones tributarias. Si pagas tus impuestos puntualmente, tu diputado te ha insultado. La asamblea encargada de representar los intereses de los ciudadanos se ha mofado de tu esfuerzo por ser un contribuyente cumplido. En teoría, la chamba de los diputados es llevar tu voz al centro de los debates de la República. En la práctica, los legisladores tienen un oído muy atento para escuchar los lloriqueos de ayuntamientos y gobernadores. A la hora de tomar las decisiones de cómo se cobran los impuestos y quién se beneficia del gasto público, el sonido de tus palabras y tus intereses es sólo un ruido de fondo. Al aprobar la Ley de Ingresos 2013, el Senado ratificó la mentada que te profirieron los diputados.

Una de las mejores decisiones del sexenio de Felipe Calderón fue una omisión. En 2008, el gobierno federal se comprometió a invertir en una refinería de petróleo. La propuesta era un elefante blanco con capacidad infinita para devorar vastas parcelas del presupuesto federal. Con la capacidad instalada en América del Norte, construir una nueva refinería hubiera sido una de las peores inversiones de dinero público en la historia moderna de México.En su afán de administrar la abundancia, Brasil decidió construir la megarrefinería de Abreu e Lima, en el estado de Pernanbuco. Petrobras tenía un presupuesto inicial 4 mil millones de dólares y esperaba terminar su construcción en el año 2010. Hoy se estima que la refinería estará lista entre los años 2014 y 2016. Los costos del proyecto se han multiplicado por cinco para aproximarse a los 20 mil millones de dólares. Abreu e Lima es la refinería más cara en la historia de la industria petrolera. El gobierno de Felipe Calderón le hizo un enorme servicio a México al incumplir su promesa de edificar una nueva refinería.

yer, Enrique Peña Nieto se convirtió en el vigésimo presidente de México desde que se promulgó la Constitución de 1917. Sus antecesores cometieron algunos errores y otros tantos aciertos. La herencia de cada sexenio es resultado de un conflicto entre la voluntad humana y el azar de la fortuna. Cada Presidente toma decisiones y empuja iniciativas que buscan forjar la narrativa de su tiempo. Sin embargo, la musa Clío recuerda mejor las pifias que los grandes logros. El individuo que aspire a recibir un registro benigno de la historia, mejor que se abstenga de la tarea de gobernar a sus conciudadanos.Miguel de la Madrid dio los primeros pasos en la modernización económica de México, pero el registro de su sexenio quedó marcado por su ausencia en las horas posteriores al terremoto de 1985. Carlos Salinas de Gortari encabezó la renegociación de la deuda externa y el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Sin embargo, su nombre es el aderezo indispensable de complots y teorías de la conspiración. Ernesto Zedillo impulsó la modernización de la Suprema Corte, la reforma al sistema de pensiones, el nacimiento de la Auditoría Superior de la Federación y los cambios estructurales en el IFE. Muchos de sus compañeros de partido no le perdonan el haber abierto las puertas de la alternancia en el poder. Vicente Fox apoyó la construcción del IFAI, pero su mandato será recordado por la frivolidad versallesca de su cónyuge y el mayor despilfarro de capital político del que se tenga registro.

Algo debe saber Felipe Calderón sobre los problemas que enfrenta nuestro país. El inminente ex mandatario mexicano sostuvo en una entrevista publicada esta semana en la revista The Economist: “Si tienes un problema serio en tu estado, el gobierno federal va a venir al rescate… Una de mis conclusiones como Presidente es que nuestro sistema federal no tiene los incentivos alineados correctamente”. Uno de los mayores retos que encontrará el presidente Peña Nieto será darle gobernabilidad y eficacia a nuestro régimen federal. Los desafíos más apremiantes de México están vinculados a nuestra disfuncionalidad federalista: la crisis de seguridad pública, la calidad de la educación y la urgencia de acelerar el crecimiento económico son problemas que no se pueden resolver sin la activa concurrencia de la autoridad federal, los estados y los ayuntamientos.

Un amplio sector de la población recibió con alegría la aprobación del nuevo impuesto. Corría el año de 1913 y Estados Unidos acababa de aprobar un tributo sobre la renta de personas y empresas. La Enmienda XVI a la Constitución de EU permitió al gobierno federal quedarse con los dineros de este gravamen, sin tener que transferir una porción a las entidades de la Unión Americana. Una coalición de causas nobles y buenas conciencias recibió el impuesto como una auspiciosa señal divina.Organizaciones feministas, movimientos a favor de la población negra y devotos feligreses vieron el impuesto como la piedra de toque para salvar a la sociedad norteamericana de la perdición. Antes de este nuevo orden tributario, el erario del gobierno federal era totalmente dependiente de los impuestos a las bebidas fermentadas y destiladas. Washington padecía de alcoholismo tributario. De acuerdo con Daniel Okrent, autor del libro Last Call sobre la historia de la prohibición, los ingresos tributarios derivados del alcohol llegaron a cubrir el 40% del gasto del gobierno central. La lucha por la prohibición del alcohol pasaba forzosamente por la sustentabilidad tributaria del fisco federal.

Había una vez un país próspero y prometedor. Sus finanzas públicas eran sanas. Su endeudamiento era manejable. La deuda total de los gobiernos subnacionales rondaba por el 5% del PIB. Ese país era España en el año 2007. En un lustro cambió todo. Este país, cercano en la historia y el afecto de los mexicanos, enfrenta hoy una crisis económica que ha desgarrado el tejido social y cimbrado el orden político. Para fines de 2012, la deuda pública superará el 90% del PIB. En 2013, los créditos por cobrar de las comunidades autónomas se habrán multiplicado por tres con respecto a 2007.En materia de deuda pública, hoy México se parece a la España venturosa y estable de antaño. Nuestro país tiene pasivos cercanos al 33% del PIB. Hay estados y municipios que se han endeudado hasta la camiseta, pero en general la perspectiva de las entidades mexicanas no presenta focos rojos. Incluso hay varios estados que tienen cómodos márgenes para contratar nuevos créditos, siempre y cuando se respete a la letra el criterio contenido por el artículo 73 de la Constitución: “Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos…”.

El próximo 1o. de diciembre, Enrique Peña Nieto se convertirá en el jefe de un Estado débil. Los síntomas de anemia en las autoridades mexicanas se expresan de muchas formas en los distintos niveles de gobierno. En Michoacán, ante las protestas de estudiantes normalistas, el gobierno estatal frenó un cambio en el plan de estudios que estaba inspirado por la brújula del sentido común. A nivel federal, no queda muy claro quién lleva el timón de la educación en nuestro país, ¿la SEP o el SNTE? Ante la inerme autonomía de la autoridad para tomar decisiones, una amplia constelación de grupos particulares impone su voluntad sobre el interés colectivo. El tema de las gasolineras es uno de los ejemplos más elocuentes para demostrar la fragilidad del Estado mexicano. Por años, los dispensarios de combustible han operado en México como repúblicas independientes y soberanas. La Norma Oficial Mexicana (NOM) sobre gasolineras, que rigió desde 2005 hasta la semana pasada, parece que fue redactada por los mismos señores que te venden Magna o Premium. La captura regulatoria ocurre cuando los payasos y los leones se encargan de dictar las normas con las que funciona el circo.