Foto: Instituto de Cancerología
Por: Natalia Campos y Raúl Rosales investigadores del IMCO
Imaginemos un país en el que las redes de corrupción han sido desmanteladas, las instituciones anticorrupción funcionan de forma articulada y no hay espacios de discrecionalidad. Visualicemos como cierto el dicho presidencial según el cual vivimos en un México sin corrupción. En un escenario así, ¿cómo deberían ser los procesos de compra realizados por las instituciones públicas?
De acuerdo con el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) realizado por el IMCO, para asegurar el uso eficiente de los recursos públicos es fundamental contar con prácticas de libre competencia, transparencia y estricto apego a la ley. Dentro de estos tres ejes hay, a su vez, una serie de factores que, de cumplirse, mitigan el riesgo de prácticas corruptas a la hora de contratar bienes y servicios. Y aunque algunas instituciones ya se acercan a ese ideal, la gran mayoría aún no están ahí.
El análisis de este año arrojó resultados que llaman la atención en un sector en específico: el de salud.Las contrataciones públicas en hospitales e instituciones de este ámbito son particularmente susceptibles a prácticas de riesgo de corrupción. Por su importancia en la prestación de servicios a la población, analizamos las dinámicas de compra de dos casos específicos: el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) y el Instituto Nacional de Cardiología (INCARD).
Opacidad en las contrataciones: el caso del INCAN
El INCAN obtuvo un puntaje de 64 de 100 en el IRC debido, principalmente, a la falta de transparencia. Es importante considerar que a mayor puntaje, mayor es el riesgo de corrupción. En 2021, fracasó en publicar la documentación completa de las 64 licitaciones que realizó.
Destaca un contrato por un monto de 21 millones de pesos para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electrónicos, que se adjudicó directamente, y que no cuenta con el documento publicado del contrato ni tampoco el dictamen que justifique el haber realizado un procedimiento sin competencia.
Esto dificulta conocer el precio al cual se adquirió ese servicio, y si hubo algún análisis de mercado que explique la elección del proveedor. Además, la falta de documentos impide conocer las condiciones en las que se realizó una compra, lo que representa un riesgo de que las decisiones hayan sido opacas y discrecionales.
Falta de competencia en las compras públicas: el caso del INCARD
Garantizar el principio de competencia en las compras públicas es importante porque, como en cualquier mercado, ayuda a garantizar la obtención de bienes de la mejor calidad al menor precio posible. A su vez, las compras públicas eficientes se traducen en una mejor prestación de servicios.
Un caso de bajo nivel de competencia lo encontramos en el INCARD. De los 975 millones de pesos que gastó esta institución en 2021, 67% fue adjudicado directamente. En particular, el Instituto realizó siete procesos por adjudicación directa con el mismo proveedor para la adquisición de productos químicos por un total de 11 millones de pesos, los cuales tampoco cuentan con la documentación que pruebe por qué esa empresa cumplía con las mejores condiciones de precio, calidad y tiempo de entrega.
Si bien la prevalencia de los procedimientos de excepción no es un hecho de corrupción, sí constituye una práctica riesgosa que puede derivar en un fenómeno de concentración en pocos proveedores, baja calidad de los bienes y servicios, e influencia de intereses privados en las compras públicas de las instituciones.
Hasta ahora, un México sin corrupción es un escenario únicamente posible en nuestra imaginación y en el discurso presidencial. Para acercarnos a él, es necesario que las instituciones prioricen los concursos sobre los procedimientos de excepción, publiquen toda la documentación relativa a las compras en tiempo y forma, y se apeguen al marco legal vigente.
Publicado en Animal Político.
23-06-2022
