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“¿Qué nos falta? Nos falta crecer. En eso estamos de acuerdo”. Esta declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum en la 89 Convención Bancaria en Cancún sobre la falta de crecimiento económico en México es relevante por tres razones. En primer lugar, por el reconocimiento de la importancia del crecimiento del PIB para los objetivos de su gobierno; segundo, por el foro en el que se dieron estos comentarios. Tercero, porque se dieron horas después de que se enviara a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. Y uno de los principios económicos más básicos es que sin inversión, no hay crecimiento.
Después de un mal año en términos de ese indicador (en 2025 la inversión fija bruta cayó 6.7% anual), es una buena noticia que el Gobierno Federal reconozca la dimensión del reto y busque esquemas para aprovechar el capital privado en un contexto de restricción presupuestal. Sin inversión en nueva infraestructura energética, logística e hídrica no hay crecimiento económico sostenido posible.
Los mecanismos que propone la iniciativa no son del todo nuevos. Se plantea el uso de contratos de largo plazo, donde el privado financia, diseña, construye, opera y mantiene el proyecto durante un periodo determinado. En el fondo, se trata de un esquema similar al de la Producción Independiente de Energía (PIE) creado a partir de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992.
El uso de vehículos de propósito específico para desarrollar infraestructura con recursos públicos y privados se ha utilizado en años recientes por parte del Gobierno Federal para la compra de activos de generación eléctrica de la española Iberdrola (a través de un fideicomiso operado por el fondo Mexico Infrastructure Partners), así como para capturar recursos que permitan reducir la deuda de Pemex con proveedores y desarrollar proyectos de inversión en exploración y producción de hidrocarburos. Es decir, no se está reinventando la rueda.
Lo que sí llama la atención de la iniciativa es la creación de un Consejo de Planeación Estratégica encabezado por la Presidenta de la República e integrado exclusivamente por dependencias del ejecutivo federal, como la SHCP, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Defensa Nacional, la Marina, entre otras. Ahí yace la principal debilidad del esquema propuesto. El riesgo central de la iniciativa en los términos que se presenta al Congreso es la centralización.
El Consejo no se trata ni de una agencia especializada en el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura, ni de un órgano que incorpore una pluralidad de visiones más allá del gabinete presidencial. En un país con las dimensiones de México, la hiper centralización de la toma de decisiones en Palacio Nacional no es buena consejera.
Sería deseable un consejo independiente –que incluso podría existir dentro de alguna dependencia, pero con expertos con autonomía técnica y de gestión–. Modelos similares se han adoptado en países como Reino Unido (National Infrastructure Commission), Australia (Infrastructure Australia) y Nueva Zelandia (New Zealand Infrastructure Commission). La función de estos órganos es identificar proyectos prioritarios, evaluar costo-beneficio y dar continuidad de largo plazo más allá de los vaivenes político-electorales. Estas instituciones no deciden sobre los proyectos ni los desarrollan, su virtud está en llevar a cabo un análisis que define cuáles son los proyectos de infraestructura estratégicos para sus economías.
Es una buena noticia el sentido de urgencia que permea en el Gobierno Federal para desarrollar proyectos. Sin embargo, el reto de fondo será estructurarlos de forma atractiva. Los problemas que ha tenido Pemex para concretar las asignaciones mixtas son un buen ejemplo de que no basta únicamente con abrir la puerta al sector privado. Esta apertura debe darse con términos contractuales atractivos y certidumbre para quien arriesga su capital en los mismos.
Ya estamos en marzo de 2026. El Gobierno Federal va a contrarreloj si pretende cosechar los primeros frutos antes del cierre de la administración. El 2030 está más cerca de lo que parece.
Publicado en Substack.
