Organizaciones de la Sociedad Civil hicieron un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados para que se incluya un Anexo Transversal Anticorrupción en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Consideraron que el combate a la corrupción se ha convertido en una prioridad en la agenda de gobierno en los últimos años; sin embargo, es fundamental saber cuánto se gasta en ese rubro, en qué y con qué efectividad se ejercen dichos recursos.
A través de un posicionamiento público, explicaron que en el PEF 2018 se incluyó el Anexo “Recursos para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos”, impulsado por Ethos Laboratorio de Poíticas Públicas. Gracias a ello, se pudo saber que ese año se destinaron 10,400 millones de pesos al combate a la corrupción. Sin embargo, en 2019 dicho anexo se eliminó y desde entonces se perdió la oportunidad de conocer cuántos recursos se destinan al rubro.
A pesar de que diversos instrumentos como la Política Nacional Anticorrupción, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública, 2019-2024 y el Decreto de PEF 2020 mandatan la fiscalización y el monitoreo de los recursos destinados al combate a la corrupción, existen pocos avances en el tema.
Por ello, ante la necesidad de reincorporar el Anexo Transversal Anticorrupción en el PEF 2021, el grupo de expertos realizó una serie de recomendaciones para fortalecerlo y convertirlo en un instrumento útil en el monitoreo de los recursos públicos anticorrupción. Primero, destacaron la importancia de construir una metodología clara sobre lo que se quiere medir, así como una definición de corrupción. A partir de ello, proponen avanzar en conocer qué programas, dependencias y/o partidas deberían incluirse en el anexo.
También instaron a involucrar a las dependencias que ejercen los recursos, ya que son ellas quienes definen el presupuesto necesario para cumplir con sus funciones anticorrupción y posteriormente lo presentan a la SHCP para la integración del proyecto del PEF.
Las organizaciones consideraron que también se debe contar con una instancia que dé seguimiento al ejercicio de los recursos y que emita opiniones para mejorar la efectividad del Anexo y del gasto anticorrupción. Además, la propuesta incluye definir indicadores para monitorear el avance en el combate de la corrupción.
Los expertos consideraron fundamental que el Anexo Transversal no dependa de la voluntad política, por lo que recomendaron hacerlo obligatorio e incluirlo en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Asimismo, las organizaciones consideraron que se debe abrir un diálogo con los Comités de Participación Ciudadana en los estados a fin de que este instrumento se replique en las entidades.
Las organizaciones firmantes fueron convocadas por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas y son: IMCO, CCI Laguna, Observatorio Regional Zamora, Gesoc, Aceval, CPC Chihuahua y el CPC del Estado de México.