Como ya se anticipaba, ayer se anunció la nueva versión del Paquete Contra la Inflación y la Carestía. El Pacic —como se le conoce— no ha tenido grandes resultados para combatir el incremento de precios, como era de esperarse. La inflación de los 24 bienes contenidos en ese paquete fue 15.7% anual durante la primera quincena de septiembre, mientras que la inflación general fue 8.7% en el mismo periodo. Ante los pocos resultados, el presidente, en conjunto con el secretario de Hacienda y algunos empresarios acordaron una nueva versión: el Apecic, Apertura Contra la Inflación y la Carestía.
Algunos puntos de esta nueva versión son continuaciones de lo que ya hay. Se mantiene la política de contención en el precio de los combustibles y electricidad, según el presidente con la posibilidad de incrementos en precios, pero no por arriba de la inflación, como se planteó a principios de este año, incluso antes del anuncio del primer Pacic. Además, se congelarán las tarifas de autopistas concesionadas hasta febrero del próximo año.
Al momento de escribir estas líneas, el nuevo acuerdo no había sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, así que todavía hay poca claridad sobre su extensión y su aplicación. Sin embargo, lo presentado ayer por el presidente y el secretario de Hacienda —más allá de los puntos señalados en el párrafo previo— es francamente preocupante.
El nuevo acuerdo establece que se otorgaría una Licencia Única Universal con efectos sobre las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de los mismos que los eximiría de todo trámite o permiso. Se incluyen los trámites que hoy realiza el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad —Senasica— y la Cofepris. El Estado cedería la responsabilidad sobre la verificación de la sanidad, inocuidad y calidad de los alimentos que podrían ser importados contenidos en el acuerdo y la trasladaría, en su totalidad, a las quince empresas participantes y firmantes del Apecic.
Adicionalmente, durante la vigencia del acuerdo el gobierno suspendería la revisión de toda regulación que pudiera encarecer la importación de alimentos y su movilidad dentro del país. Es el sueño neoliberal en materia comercial. Quitemos absolutamente todas las trabas al comercio y que responda a su nombre: ahora sí el comercio será libre.
Sin embargo, de aplicarse como está planteado se pondría en riesgo la salud de los consumidores, distorsionaría la competencia económica y se generaría incertidumbre jurídica en todas las etapas productivas. ¿Cómo fue el mecanismo de adhesión al Apecic? ¿Cómo se determinó qué empresas participarían? ¿Por qué los acuerdos no fueron sectoriales sino con empresas específicas? ¿A partir del fin de febrero de 2023 se regresa a las condiciones previas?
También en el acuerdo se establece que México suspenderá la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y del aluminio y acero utilizado en envases de alimentos. Supongo que esto fue discutido y acordado con los socios comerciales con los que el país tiene acuerdos vigentes. O quizás se haga uso de alguna facultad constitucional en asuntos de emergencia o de seguridad nacional. Los detalles deberán de estar explicados en la publicación del acuerdo en el Diario Oficial.
La ponderación de los bienes contenidos en el acuerdo representa cerca de 13% del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Sin duda la inflación es un problema. Ojalá que la solución no acabe saliendo más cara que el problema mismo.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad de la autora y no representan la postura institucional.
Publicado en El Universal.
04-10-93
