Durante junio arrancaron las que se supone que todavía no son campañas electorales, pero es fácil ver que sí lo son. Quienes apoyan y quienes se oponen al proyecto del presidente buscarán la simpatía de los electores y, durante el próximo año, mostrarán algunos de sus contrastes en diversos aspectos, entre los que seguramente destacarán la seguridad y la economía.
En el tejido de esos dos hilos nacionales es decisiva la relación de México con América del Norte, en particular con Estados Unidos. Sobra describir la profunda conexión de nuestras economías y sociedades, pero ese vínculo no se puede separar tampoco del T-MEC, que con el inicio de julio cumplió tres años de vigencia.
Quien encabece el Ejecutivo a partir de 2024 tendrá que aumentar las calorías gastadas para mantener y mejorar la relación bilateral a través del cuidado del T-MEC. Hay al menos dos razones para ello.
La primera es que los tratados como el T-MEC llegan más allá de la reducción de tarifas, aranceles y barreras comerciales; como señaló Dani Rodrik en el artículo What Do Trade Agreements Really Do?, publicado en 2018, los tratados contemporáneos se han convertido en instrumentos que permiten definir o reforzar regulaciones de competencia, delimitar derechos de propiedad intelectual y los efectos en el intercambio tecnológico que eso implica, y armonizar estándares de producción o protección al medio ambiente, por nombrar algunas. Así, cuando los Estados se integran a un tratado, algo de su discrecionalidad en el manejo y diseño de los mercados se pierde en aras de la integración económica.
En segundo lugar, hay que reconocer en el nearshoring un regreso decidido de la política industrial como forma de impulso económico en la región. Este regreso se fraguó desde los primeros golpes a la confianza en la globalización tras la crisis de 2008 hasta la interrupción en las cadenas de suministro por el Covid-19, pasando por los enormes beneficios que China ha recibido por pertenecer a la Organización Mundial del Comercio y las cada vez más fuertes tensiones de ese país con Estados Unidos.
Este nuevo énfasis en la política industrial se materializa mediante el apoyo estadounidense a la inversión en algunos sectores estratégicos y su consecuente necesidad de relocalizar las cadenas de suministro, factor que favorece a México por su cercanía geográfica, su extensa frontera compartida y la existencia del T-MEC. A la vez, requiere que México, si ha de aprovechar la oportunidad, establezca por su lado una política industrial clara para recibir inversiones, aprovechar una nueva ola de intercambio tecnológico y desarrollar infraestructura y un mercado laboral más productivo y competitivo, que permita elevar los ingresos de los trabajadores, algo que también está en el interés de los demócratas y republicanos al norte del Río Bravo.
De esta manera confluye la necesidad de establecer una política industrial fuerte y clara, que por naturaleza requiere de capacidad y un grado de discrecionalidad estatal, con la de mantener el compromiso con el T-MEC y sus reglas, pues representan una ventaja que México no puede darse el lujo de perder. Entre esas reglas, por cierto, se encuentra la sunset clause, o cláusula de revisión, que se encuentra en el capítulo 34 del tratado y establece que en el sexto aniversario de su entrada en vigor -julio de 2026-, el tratado deberá ser confirmado por sus partes. Será una tarea delicada para la próxima administración federal y en ella se jugará la competitividad de México en el largo plazo.
Seguramente los votantes no decidiremos mirando las habilidades de negociación internacional de quienes contiendan por la presidencia y sus equipos, pero su compromiso por México se verá también en su compromiso con los tratados a los que México pertenece.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor y no representan la postura institucional.
Publicado en Reforma.
08-07-2023
