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  • Las cuentas del sexenio pasado

    Autor: IMCO Staff

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    Anexo Cuenta Pública 2018

    • La anterior Administración subestimó sus ingresos y gastó más de lo presupuestado.
    • No hubo un contrapeso efectivo al Poder Ejecutivo que revisara las variaciones al presupuesto y las ampliaciones al gasto.
    • En el sexenio pasado se dejaron de ejercer 149 mil millones de pesos en inversión pública, 25% menos de lo aprobado.
    • El PIB creció 15.3% entre 2012 y 2018. En el mismo periodo, la deuda pública creció 46% en términos reales.
    • Al inicio del sexenio pasado cada mexicano debía 37,837 pesos, seis años después, 66 mil pesos por persona.

     

    El Instituto Mexicano para la Competitividad estudió la Cuenta Pública del Gobierno federal 2013-2018, esto es, cómo se presupuestaron ingresos, egresos y deuda en comparación con el monto ejercido. El análisis concluye que en seis años, el entonces presidente Enrique Peña Nieto gastó en total 1 billón 823 mil millones de pesos adicionales a lo originalmente previsto en su Administración, es decir, una variación del 9%. Esto porque estimó gastar 20.7 billones de pesos cuando en realidad erogó 22.5 billones de pesos.

    En el sexenio anterior, los presupuestos de egresos aprobados por la Cámara de Diputados no fueron confiables, pues las cuentas públicas no reflejan lo autorizado por los legisladores. No existió un contrapeso efectivo al Poder Ejecutivo que revisara las variaciones al presupuesto y las ampliaciones al gasto.   

     

    ¿La Administración pasada cumplió con su presupuesto?

    No cumplió. Subestimó sus ingresos y gastó más de lo presupuestado.

    Subestimó sus ingresos de manera sistemática en los seis años

    Entre 2013-2018, la Administración tuvo un total de ingresos excedentes de 2 billones 338 mil millones de pesos, en promedio, el sexenio tuvo una variación en ingresos del 11% entre lo estimado y lo recaudado. Este excedente equivale al saldo de la deuda conjunta de Pemex y CFE. Las variaciones en los montos recaudados del sexenio anterior reflejan una deficiente estimación de los ingresos y en algunos casos el uso discrecional de los mismos.

     

    Gastó más de lo presupuestado

    De acuerdo con las buenas prácticas internacionales, una variación aceptable en el gasto es de +/- 5%. El Poder Ejecutivo tuvo una variación de los egresos del 9% en el sexenio. En el periodo 2013-2018, la Cámara de Diputados aprobó a las secretarías de Estado un gasto de 6 billones 94 mil millones de pesos, sin embargo, al final erogaron 7 billones 125 mil millones de pesos.

    Entre 2013 y 2018, al Ramo 23, conformado por fondos destinados a cubrir funciones de Gobierno, se le autorizaron 757 mil millones de pesos, este ramo ejerció en los hechos un gasto de 1 billón 371 mil millones de pesos, una variación del 81%.

    Destaca que, a pesar de que el gasto excedente en la mayoría de los rubros fue una constante en el sexenio, el Poder Ejecutivo dejó de ejercer 149 mil millones de pesos en inversión pública, 25% menos de lo aprobado.

     

    Evolución de la deuda

    La deuda adquirida por el Poder Ejecutivo de 2013-2018 fue de 2 billones 930 mil millones de pesos.

    En diciembre de 2012, el saldo de la deuda del Gobierno federal era de 4 billones 452 mil 986.5 millones de pesos y representaba 27.8% del PIB. Para diciembre de 2018, esta ascendía a 8 billones 315 mil 863.8 millones de pesos, significando un 35.3% del PIB.

    Una correcta planeación no hubiera generado variaciones injustificadas.

     

    IMCO propone:

    • Reducir la discrecionalidad del uso de ingresos excedentes. Cuando los ingresos sobrepasan lo estimado hay incentivos para que el Ejecutivo asigne esos recursos de forma discrecional. Se deben incorporar medidas de control para el destino de los recursos recaudados no estimados en la Ley de Ingresos, con el propósito de que se usen principalmente en gasto de capital o amortización de la deuda.
    • Limitar las variaciones de gasto. Es necesario que la legislación establezca restricciones a las ampliaciones de gasto en partidas no prioritarias, por ejemplo, en materiales, salarios, renta de oficinas, entre otros.

    Otorgar mayor atribución a la Cámara de Diputados. Se requiere contar con facultades incrementales en el gasto público, como la de requerir su autorización cuando el presupuesto total de los ramos rebase porcentajes determinados. Los legisladores deben supervisar y, en su caso, detener las variaciones injustificadas que se presentan de forma sistemática.

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