Por: Fernanda Avendaño y Maximiliano Santana son investigadores del IMCO
La lucha contra la corrupción es una de las banderas del Gobierno federal. En el discurso, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que existe un compromiso de acabar con esta, y para hacerlo, es necesario predicar con el ejemplo y barrer las escaleras de arriba hacia abajo.
Sin embargo, hasta al mejor comunicador, las palabras y la retórica terminan por quedar cortas, incompletas. Hablar de una lucha anticorrupción es complejo, es un fenómeno con cientos de prácticas y actores. Por ello, combatirla no recae, ni debería hacerlo, en una sola persona. Más allá de la voluntad política y la honestidad, se necesita madurez y capacidad institucional. ¿México cuenta con esto? No.
El Índice de Capacidad de Combate a la Corrupción refleja que la capacidad de las instituciones públicas mexicanas para atender este problema empeoró. Por segundo año, nuestro país retrocedió en posición y calificación con respecto a los 15 países evaluados de América Latina. En 2021, México se ubicó en el lugar 11 y obtuvo una calificación de 4.25 de 10 puntos posibles.
A diferencia de otras mediciones que analizan cuánta corrupción percibe la población, este índice evalúa la capacidad con la que los países pueden detectar, castigar y prevenir la corrupción a partir de la capacidad legal, la calidad de la democracia e instituciones políticas y el trabajo de sociedad civil y medios de comunicación.
México retrocedió en tres principales temas: primero, la independencia y eficiencia judicial. Esto, en buena medida se explica por la ley aprobada por el Senado en la cual se extiende el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar. El informe destaca que esto genera dudas sobre la injerencia del poder ejecutivo sobre el poder judicial. La ineficiencia judicial también se muestra en la falta de resolución de casos como el del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
Un segundo retroceso es la independencia de los organismos autónomos. En los últimos meses, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) han sido objeto de críticas y cuestionamientos que amenazan su autonomía. La imparcialidad y rigor técnico de ambas instituciones está en juego.
Por último, el acceso a la información pública y transparencia del gobierno. La pandemia golpeó los esfuerzos anticorrupción en toda la región, particularmente en materia de contrataciones públicas. En el caso de México, el IMCO documentó que las compras para atender la pandemia han sido tardías, irregulares y opacas. El Gobierno federal no ha desarrollado mecanismos que permitan monitorear las compras públicas en tiempos de emergencia.
No todas son malas noticias. México destacó en el rol de la sociedad civil y medios de comunicación. La movilización de la sociedad civil contra la corrupción es una de las más fuertes de la región. A pesar de la desconfianza y presión política del Gobierno federal hacia las organizaciones de sociedad civil, el reporte enfatiza que este sector actúa como un aliado en materia anticorrupción; no busca ser antagonista de la lucha.
Una estrategia anticorrupción basada en la retórica y mandato presidencial está condenada al fracaso. Detrás del discurso, es necesario invertir recursos, identificar riesgos y realizar cambios. Las instituciones deben ser independientes e imparciales, capaces de generar confianza y dar respuesta a problemas concretos. Sin ellas, la corrupción seguirá actuando como una enfermedad que afecta a todas las personas, incluso a aquellas con buenas intenciones.
Publicado en La Silla Rota
22-06-2021
