Ya había habido llamadas de atención. Congresistas de Estados Unidos habían enviado en varias ocasiones cartas a su representante comercial, Katherine Tai, y al presidente Biden para solicitar su intervención porque, en su opinión, las acciones que estaba llevando a cabo México en el mercado energético contravenían lo acordado en el tratado de libre comercio de los tres países de América del Norte. Las alarmas no solo venían de Estados Unidos. Cualquiera que estuviera involucrado en temas energéticos o en temas comerciales sabía que los cambios realizados a la Ley de la Industria Eléctrica el año pasado y las acciones que está tomando el país en materia eléctrica y de hidrocarburos eran violatorias de los compromisos que implica el TMEC.
A una semana de una visita extraña del presidente López Obrador a su homólogo de Estados Unidos, el Gobierno de este país solicitó que se inicie formalmente un proceso de consultas para la resolución de controversias al considerar que diversas medidas que México ha tomado -o de hecho dejado de tomar- son violatorias del tratado comercial y por ende afectan negativamente los intereses de empresas estadounidenses con inversiones en el sector energético mexicano, además de desincentivar futuras inversiones, en particular de empresas de energía limpia.
En la solicitud destaca la queja sobre la reformada Ley de la Industria Eléctrica (LIE) en que se obliga al Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, a darle prioridad en el sistema eléctrico a la energía generada por las plantas de CFE, en detrimento de otros generadores privados -nacionales y extranjeros-, incluso aquellos que generan energía limpia. En el modelo previo, el criterio de despacho mandataba que la energía que se inyectaría antes al sistema fuera la que tuviera menores costos de generación para garantizar mejores precios a los consumidores y diera incentivos para inversiones tecnológicas que hicieran la generación de fuentes renovables más eficiente. La reforma rompe ese criterio en favor de la energía generada por la empresa estatal, sin consideraciones de precio o medioambientales. En este sentido, la operación del sistema, tal como lo presenta la reforma a la LIE sería violatoria de los artículos 2.3 y 14.4 del TMEC.
Además, manifiestan su inconformidad con las acciones o inacciones que se han tomado para impedir que empresas privadas operen en el sector energético, entre las cuales se encuentran, el retraso o la negación de permisos para operar plantas de energía renovable, la importación y exportación de electricidad y combustibles, para almacenar combustible y para construir y operar estaciones de servicio, prácticas que violarían también los artículos 2.3 y 14.4 del TMEC al darle a los socios comerciales un tratamiento menos favorable que el otorgado a los nacionales; el artículo 2.11 al restringir las importaciones y exportaciones de bienes; el 22.5.2 porque el órgano regulatorio no está ejerciendo sus funciones de manera imparcial; y el 29.3 por no administrar la ley de forma “uniforme, imparcial y razonable”.
En la solicitud de consultas también señalan la disparidad regulatoria que se observó cuando la Comisión Reguladora de Energía amplió el plazo a Pemex por cinco años para el cumplimiento de los límites máximos de azufre que tendrían que cumplir los combustibles. La extensión fue otorgada de manera única a Pemex, por lo que se reclama el trato diferenciado y la aplicación discrecional de la ley violando artículos del tratado comercial previamente mencionados.
En febrero de este año, el IMCO había ya señalado las violaciones al tratado que se darían en el sector energético con las reformas aprobadas en la LIE y las diversas medidas impulsadas desde la Secretaría de Energía. Las llamadas de atención no se hicieron esperar. La solicitud de hoy es más que una llamada de atención, es un buen jalón de orejas para México por no cumplir con lo firmado y acordado hace poco más de dos años por el mismo presidente López Obrador.
El crecimiento que ha tenido México en los últimos años -mucho o poco- ha sido en gran medida impulsado por el comercio exterior. El motor de la economía mexicana está en el norte, no solo en la región del país que más ha aprovechado el acuerdo comercial, sino hacia el norte de la frontera, en Estados Unidos y Canadá, a través de la vinculación con las cadenas productivas internacionales. Los estados del país que tienen menos informalidad, mejores salarios, menos pobreza están todos vinculados al comercio exterior. El tratado comercial, tanto el TLCAN como el TMEC, le han brindado a México un entorno de certeza jurídica que ha permitido que las inversiones florezcan y que se den relaciones de investigación entre academia y empresa, detonando desarrollo y mejores empleos. Es un acuerdo que hay que respetar no solo por el respeto al Estado de derecho en sí mismo, sino porque le ha dado a México oportunidades de progreso y crecimiento que no se habrían generado de otra manera.
Hoy mismo Canadá se sumó a la inconformidad y tomarán acciones para promover también las consultas desde su lado. Coinciden en que México no está respetando lo acordado. La solicitud dará pie a la conformación de un grupo para resolver la controversia y en caso de no llegar a un acuerdo se formaría posteriormente un panel para atender una disputa entre estados. En ambos casos se requerirá de expertos con conocimientos técnicos para atender la solicitud. México podría verse obligado a revertir los cambios que dieron pie a la solicitud y eso sería una buena noticia para el país. Aunque ya se ha hecho un enorme daño con las reformas, se abriría la posibilidad de revertirlos en alguna medida.
El presidente respondió con risas y una canción de Chico Ché. Podría quizás ser chistoso si no fuera irresponsable.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad de la autora y no representan la postura institucional.
Publicado en El País.
20-07-2022
