Si el gobierno federal tuviera una vocación de kamikaze político, podría tomar algunas decisiones muy impopulares, pero que le prestarían un enorme servicio al futuro de la patria. Cancelar el subsidio a las gasolinas podría tener un impacto muy positivo al medio ambiente y al desarrollo económico. Sin embargo, el PAN tendría altas probabilidades de perder los comicios presidenciales del 2012. Éste es un dilema común a los gobernantes de todas las democracias: las decisiones correctas de largo plazo tienen un costo enorme en la siguiente elección.
La gasolina barata es un ejemplo contundente de esta disyuntiva. Gracias a este subsidio, los mexicanos podemos vivir en una burbuja utópica que nos aísla de la realidad geopolítica del planeta Tierra. La guerra civil en Libia no existe cuando llenamos el tanque de Magna. En Japón, tampoco ocurrió un terremoto y una posterior crisis nuclear que aumentó la necesidad de importar petróleo para generar electricidad.
Vivir en la utopía de los combustibles baratos tiene un costo altísimo para el desarrollo del país. Durante 2011, nuestro país gastará cerca de 100 mil millones de pesos en abaratar artificialmente el precio de la gasolina. Esto equivale al presupuesto anual de la Secretaría Salud o tres veces los recursos asignados a la Policía Federal. México tiene un perverso desorden de prioridades.
¿Cómo liberalizar los precios de la gasolina sin provocar inestabilidad política o una catástrofe electoral para el partido en el poder? El hecho de que los mexicanos paguemos los costos reales por la gasolina no implica sólo un cambio en la política económica, sino una nueva relación entre el gobierno y los contribuyentes. Dejar de subsidiar la energía y aumentar el gasto en salud o seguridad pública significa fundar un nuevo pacto social.
Este acuerdo no se puede forjar de un día para otro. Podría tomar años. La arquitectura del pacto estaría cimentada en un esfuerzo pedagógico para explicarle a la población los costos ocultos de la gasolina barata: ¿qué prefieres: el litro de Magna a 9 pesos o menos impuestos a la creación de empleos? ¿Qué es mejor para el futuro del país: subsidiar el calentamiento global o un programa de educación temprana para niños de tres a cinco años? ¿Disfrazamos las tarifas eléctricas en el Valle de México o financiamos educación universitaria para todos los miembros de las Fuerzas Armadas?
En lugar de los tétricos comerciales del gobierno federal sobre la lucha contra el crimen organizado se podría aprovechar esa propaganda oficial para difundir el absurdo que implica subsidiar la gasolina y la electricidad. Tal vez, después de unos años de campaña mediática, se pueda discutir con sensatez la liberalización de los precios de la gasolina, sin cometer un suicidio electoral.
Estos grandes cambios en las percepciones colectivas no son imposibles. En diciembre de 1998, el gobierno de Ernesto Zedillo tomó la decisión de dejar de aplicar el subsidio generalizado al precio de la tortilla. En los restaurantes más caros de la Ciudad de México se servían tortillas subsidiadas con dinero público. El desperdicio de recursos era enorme. Gracias a la reasignación presupuestal se logró financiar el Progresa, el programa de combate a la pobreza que hoy conocemos con el nombre de Oportunidades. Los mexicanos nos hemos acostumbrado gradualmente a que el precio de las tortillas no depende de la voluntad burocrática, sino de los precios internacionales del maíz. En la década siguiente al fin del subsidio generalizado al precio de la tortilla, el porcentaje de mexicanos en condiciones de pobreza alimentaria se redujo del 33 por ciento de la población en 1998 al 18 por ciento en 2008.
El gobierno de Felipe Calderón ha hecho modestos ajustes mensuales para elevar el precio de la gasolina y reducir los montos del subsidio. Sin embargo, estos aumentos son apenas un paliativo de la obscenidad. Una solución de fondo requiere de liderazgo político y un sólido consenso social.
