La corrupción en cualquier nivel de gobierno representa una barrera de entrada para quienes buscan comenzar u operar un negocio, pero la corrupción en el municipio puede ser la más perjudicial. Las autoridades municipales son responsables de trámites y permisos fundamentales para abrir una empresa, entre ellos, los derechos de uso de suelo, las licencias de operación, conexión de agua,permisos de construcción y licencias de protección civil. Los trámites municipales tienden a ser los más opacos. En 2011, en el Imco hicimos un estudio sobre la calidad de la información que los municipios publican en sus páginas web y encontramos que sólo 16% de los municipios analizados cuentan con información clara y completa sobre el estatus de permisos y licencias y sólo 33% publica el catálogo de giros permitidos y de uso de suelo. De acuerdo con la Encuesta sobre Calidad de Trá-mites y Servicios del Gobierno que el inegi hizo en 2011, entre los mexicanos que reportaron alguna dificultad al realizar algún trámite municipal, 53% dijo que su problema fue que no se exhibían los requisitos o que obtuvo información incorrecta.
Esta falta de información se refleja en que la autoridad tiene la discrecionalidad para interpretar los trámites a su juicio y conveniencia, dándole el poder al servidor público para determinar si realiza o no el trámite a quien se lo está requiriendo. Para evitar que esto suceda, los municipios deberían estar obligados a establecer los requisitos de cualquier trámite de forma clara y totalmente transparente. Una acción de este tipo reduciría el margen de maniobra de los funcionarios y eliminaría, de un plumazo, una parte importante de la corrupción a nivel municipal.
¿Qué sabemos del pago de sobornos para tramitar una solicitud de permiso de uso de suelo y/o permisos para demolición, construcción, alineamiento (división de un predio) o número oficial?
La experiencia de los mexicanos al tramitar este tipo de permisos en sus gobiernos municipales es un buen ejemplo de lo poderosa que podría ser esta medida para facilitar el camino de los ciudadanos,especialmente de los que quieren emprender un negocio. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (encig), a nivel nacional, la cuarta parte
de las personas que ha enfrentado problemas al realizar alguno de estos trámites dijo que sus dificultades estuvieron relacionadas con asimetrías de información entre los ciudadanos y las autoridades. Es decir, los requisitos para el trámite no eran públicos o eran incorrectos. Si bien esta cifra ya es preocupante, al analizar los datos por entidad federativa nos encontramos
con números francamente alarmantes. En los municipios de Colima, más de 50% de quienes solicitaron un permiso de los mencionados enfrentaron problemas de información. Pero Colima no es un caso aislado. La relación entre la falta de transparencia en los trámites municipales y la corrupción no sólo es intuitiva, sino que los mexicanos así lo reportan. Usando el mismo ejemplo sobre el trámite de permisos relevantes para los empresarios (como los de uso de suelo y construcción) y la misma encuesta, la línea de tendencia de la gráfica en esta página indica
que, en general, los estados con municipios con mayores problemas de disponibilidad de información también tienden a tener los mayores índices de pago de sobornos.
¿Qué obtienen a cambio quienes pagan un soborno? Considerando cualquier tipo de trámite, de cualquier ámbito de gobierno, los principales motivos para pagar una mordida son acelerar el trámite,completarlo o evitar una multa. Las mismas razones están detrás del pago de sobornos a las autoridades municipales para obtener un permiso de uso de suelo, demolición, construcción, alineamiento o número oficial, aunque en proporciones significativamente mayores.
Por ejemplo, 47.8% de los entrevistados dijo que pagó un soborno para “acelerar algún trámite” y 42.5%, para completarlo. En cambio, cuando se les preguntó por el caso particular de los permisos esenciales para operar un negocio, estos porcentajes fueron de 75.5 y 64.3%, respectivamente. Esto quiere decir que este tipo de trámites implica mayores dificultades de acceso a la información que el resto.
Más allá del motivo de los sobornos, la corrupción sale muy cara para quienes quieren operar un negocio en México. Las empresas gastan anualmente entre
5 y 6% de sus ingresos en pagos extraoficiales a funcionarios públicos por cada nivel de gobierno.
Esto quiere decir que, en suma, gastan al menos 15% de sus ingresos totales en mordidas, según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.La falta de claridad y de transparencia también puede generar la necesidad de contratar a una persona o a un despacho ‘experto’ para que ellos lo hagan. A nivel nacional, 15% de quienes han tramitado un permiso de uso de suelo, demolición, construcción, alineamiento o número oficial han tenido que contratar a alguien para que realice el trámite, de acuerdo con la ENCIG.
La corrupción municipal cuesta caro a los empresarios mexicanos e impone trabas importantes a la creación de nuevos negocios y empresas en México.
En la realidad mexicana, un trámite puede consistir en pocos pasos y durar poco días, pero, en muchas ocasiones, el problema es que lo reciban, que efectivamente inicie el proceso y que los funcionarios quieran atenderlo (nosotros les llamamos el “antes de ventanilla”).
Una manera de reducir la corrupción de forma rápida es obligando a todos los municipios a transparentar, establecer requisitos claros y eliminar ambigüedades para todos sus trámites.
Esta medida debería estar acompañada de una homogenización del número de procesos y requisitos por trámite que todos los municipios soliciten.
Aunque el artículo 115 constitucional le da soberanía a cada ayuntamiento para emitir sus propios reglamentos y disposiciones administrativas, no hay una justificación para que realizar el mismo trámite
en un municipio sea mucho más complejo que en cualquier otro.
Establecer trámites similares, sin duda, le facilitaría el camino a los empresarios, especialmente a los que buscan tener sucursales a lo largo del país. Vivimos en una federación donde cada estado y
municipio tiene sus particularidades, pero éstas no tienen por qué traducirse en innumerables requisitos y dificultades para sus ciudadanos y empresarios.
