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    Autor: Manuel Guadarrama

    Manuel Guadarrama

    Manuel Guadarrama | @ManuGuadarrama

    Al igual que los oficinistas que copiosamente esperan su pago cada quincena porque ya gastaron más de lo que su presupuesto les permitía, los estados y municipios tampoco planean adecuadamente sus finanzas públicas. Sin embargo, por muy aburrido y tedioso que pueda ser, ellos deben elaborar un presupuesto realista y apegarse lo más posible.

    Godínez que se respeta organiza su quincena”

    Cada uno conoce sus necesidades y gastos a los que tendrá que hacer frente y los conoce con anticipación. Realizar un presupuesto detallado es una buena práctica que se debe institucionalizar. En este sentido, definir qué es institución es una cuestión que lleva más de dos mil años discutiéndose, pero lo que no está en duda es que los gobiernos locales requieren de institucionalizar las buenas prácticas.

    Institucionalizar lo bueno, finiquitar lo malo

    Al igual que los Godínez, los estados y municipios tienen buenas y malas prácticas. Poco a poco éstas últimas deben ir desapareciendo y dando espacio a una mayor eficiencia y eficacia de las normas presupuestales.

    Hace más de 10 años, el IMCO a través del Índice de Información Presupuestal, detectó un gran vacío de institucionalidad en las finanzas públicas en aspectos tan básicos como la generación de presupuestos y programación del gasto público. Las malas prácticas presupuestales encontradas no cesan: presupuestos de más de 2 mil 146 páginas ilegibles, falta de acceso a los anexos detallados y casi un nulo uso de datos abiertos y tecnología que facilite a la ciudadanía conocer en qué se gastan los recursos públicos.

    Viernes de quincena

    Los avances han sido lentos y requieren de un impulso más contundente. La transparencia ha mejorado en la primera etapa del ciclo presupuestario (planeación, programación y presupuestación), sin embargo, falta institucionalidad para convertirse definitivamente en un elemento esencial para la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos subnacionales.

    Después de una década de avances y retrocesos, las condiciones para institucionalizar y reformar la regulación están dadas: ahora podemos saber cuánto gana un gobernador, el monto de la deuda pública o cuánto dinero reciben las universidades públicas. No obstante, la arbitrariedad persiste: la publicación de información adicional de la mayor importancia como fideicomisos o contratos público-privados sigue radicando en la voluntad de los gobiernos que deciden aplicar la ley del mínimo esfuerzo. En otras palabras, tienen la posibilidad de ser opacos y no proactivos.

    Invertir la tanda

    Buena parte de la regulación de las finanzas estatales y municipales existe, pero no ha logrado convertirse en un hábito. Diez años han sido suficientes para generar y fomentar buenas prácticas en materia de transparencia presupuestal. Sin embargo, la eficacia de la regulación presupuestal no consiste únicamente en un conjunto de cuentas públicas, informes trimestrales o glosas del gobierno. Si no se tiene la primera fotografía de cómo se pretende gastar el dinero público, la comparación, monitoreo y mejora del gasto se vuelve prácticamente imposible. Si el presupuesto se gasta antes de tiempo y no se conocen con anticipación los gastos, la llegada del viernes de quincena será un suplicio.

    Institucionalizar las buenas prácticas presupuestales requiere de un esfuerzo de forma y fondo. Cambiar las leyes y convertirlas en hábito es la única forma de generar instituciones que respondan a las necesidades de un buen gobierno. Hoy más que nunca las condiciones sociales y económicas del país abren una ventana de oportunidad a que las buenas prácticas se conviertan en hábito. No hay pretexto para no realizar los cambios normativos y legalizar los buenos hábitos que los estados y municipios han logrado con los años.

    Al igual que los Godínez conocen de qué pie cojean al momento de planear sus gastos, los estados y municipios tienen identificados los eslabones débiles para el proceso de planeación y presupuestación. La existencia de un marco jurídico desperdigado dificulta su coordinación y aplicación del mismo. En este sentido, el IMCO propone adoptar una regulación compacta y concisa sobre el contenido mínimo y estándar de calidad que debe tener el presupuesto de egresos. A fin de cuentas, todos queremos ser un Godínez que disfruta de su tanda y quincena.

    Publicado por Animal Político
    19-04-2017

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