¿A dónde se va el dinero? Rendición de cuentas en el uso de los Fondos Federales para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP)

• El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) representa una de las principales fuentes de financiamento para la prevención delictiva y procuración de justicia en los estados
• Instituciones como la Auditoría Superior de la Federación han señalado que, en el ejercicio del FASP, existen espacios para el despliegue de prácticas discrecionales y de opacidad por parte de las autoridades estatales que pueden afectar la efectividad de las políticas estatales en materia de seguridad
• Con base en estos hallazgos se reconocen que está roto el mecanismos de rendición de cuentas que regula la operación del FASP en las entidades federativas del país

En este contexto, el estudio “Rendición de cuentas en el uso de los Fondos Federales para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP)” elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Causa en Común presenta un diagnóstico sobre las fortalezas y debilidades de los mecanismos de rendición de cuentas que regulan el ejercicio del FASP, a partir del análisis sistemático de 10 entidades federativas[1] en cinco temas: las obligaciones legales, presupuesto y cuentas públicas, reportes de ejercicio del gasto al SESNSP y SHCP, portales de transparencia estatales y solicitudes vía Infomex, y reportes de auditoría y fiscalización de la ASF.

Entre los principales resultados que se destacan para cada tema incluído en el estudio están:

1. Con relación a las leyes federales que regula el ejercicio de los recursos del FASP se identificó que existe incongruencia entre normas, particularmente en lo relacionado con la suspensión de la transferencia de recursos del FASP en caso de incumplimiento por parte de los estados, así como incentivos perversos en la forma que se distribuyen los recursos del Fondo que incentivan el derroche. En el ámbito estatal, se encontró también que las leyes locales de transparencia cuentan con criterios dísimiles para reservar información pública por motivos de seguridad.
2. Se encontró que todos los estados, a excepción de Tabasco y Colima, publican el gasto ejercido por la SSP estatal. Sin embargo, no se cuenta con información más detallada que permita conocer con precisión a qué áreas y funciones específicas se destina el gasto en seguridad de los estados. Este punto se considera particularmente preocupante ya que, con la información disponible, no se conoce con claridad la forma en la que se establecen las prioridades de gasto de seguridad pública en los estados analizados.
3. Se identificaron fallas en los reportes que por ley deben entregar las entidades federativas a la SHCP para dar seguimiento al ejercicio presupuestal y al avance de metas del FASP. Los reportes trimestrales publicados por la SHCP no presentan la información del Fondo de todas las entidades federativas de forma homogénea, con lo cual no es posible comparar el avance de los proyectos y de las metas entre entidades federativas.
4. En cuánto a los reportes que las entidades federativas deben entregar al SESNSP, parecieran que éstos contiene información bastante amplia para analizar el ejercicio presupuestal, el avance en las metas comprometidas y los precios de los bienes y servicios adquiridos con este fondo.  Sin embargo, estos documentos no son públicos con lo cual se limita las posibilidades de escrutinio del gasto efectuado por los estados.[1]
5. En materia de transparencia y acceso a la información se encontró que, por regla general, los gobiernos estatales tienden a ser opacos y renuentes a entregar información relacionada con la operación del FASP. Así, la gran mayoría de los estados no publican (y tampoco entregaron mediante solicitudes de información expresas) documentos básicos sobre la del FASP como los Convenios de Coordinación, los Anexos Técnicos Únicos o los reportes que entregan al SESNSP aduciendo, fundamentalmente, a razones de seguridad nacional.
6. Con respecto la compra de equipo de seguridad, un problema a destacar es que no se cuenta con un Catálogo de Bienes del FASP, además de que las entidades federativas no suelen publicar un Programa de Adquisiciones en materia de seguridad ni las características de los bienes adquiridos, con lo cual no puede saberse si el equipamiento policial adquirido es pertinente para las necesidades particulares del estado.
7. Finalmente, del análisis realizado a los informes de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación al ejercicio que hicieron los estados del FASP entre 2009 y 2011 se encontró que, de forma general, dichos gobiernos cuentan con graves problemas para asegurar una gestión eficaz del Fondo. Así, aspectos esenciales como la apertura de la cuenta única del FASP, la conciliación contable de los registros de ejercicio o la comprobación plena de gastos ejercidos con recursos del Fondo son fallas que persisten en varios estados analizados. De los informes de la ASF se reconoce, también, que los procesos de adquisición de equipamiento de seguridad no son pulcros, ya que no se justifica a plenitud la utilización repetida los procedimientos de adjudicación directa en la compra de estos bienes, además de que muchas de estas adquisiciones no cuentan con documentación completa que soporten de forma completa la legalidad del proceso de compra.