Llamar a las cosas por su nombre ayuda. Ayuda a entender el problema, si es que lo hay, y a buscar las respuestas que correspondan. Debería ser el requisito mínimo de cualquier autoridad no solo ante las tragedias, sino en el día a día. Es una costumbre que poco a poco se ha ido perdiendo. El primer reflejo institucional ante una crisis no es explicarla, es rebautizarla.
Un descarrilamiento se convierte en “un movimiento”, un socavón en “una grieta”, una inundación en un “pequeño encharcamiento”. El hecho no cambia. La palabra, sí. Esa sustitución, lejos de ser un matiz de estilo, es una forma de administrar —o de evadir— la responsabilidad.
Empecemos por el caso más reciente, uno de los más burdos. El 15 de julio de este año, dos unidades de un tren de carga se salieron de la vía en el tramo conocido como Línea Z del corredor transístmico, entre Nizanda y Chivela, Oaxaca. Fue un descarrilamiento. Así, sin adjetivos. Pero la presidenta Sheinbaum prefirió decir que “más que descarrilamiento, se movió, digamos, no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente”. La frase no niega el hecho, lo esquiva. Se llama pan al pan cuando un tren se sale de la vía, y eso, dígase como se diga, es un descarrilamiento.
En esa misma Línea Z ocurrió, el 28 de diciembre de 2025, la tragedia más grave del Tren Interoceánico: dos locomotoras del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec descarrilaron en una curva cercana a Nizanda y dejaron 14 muertos y 109 heridos. Entonces la Secretaría de Marina sí dijo descarrilamiento, sin rodeos. Siete meses después, con un segundo percance en el mismo corredor, la palabra desapareció del vocabulario oficial. No es coincidencia. Decir “descarrilamiento” por segunda vez en el mismo tramo obliga a preguntar qué se corrigió después del primero. La respuesta, a juzgar por los hechos, es que no mucho.
Con los cortes eléctricos de junio pasado, reportados en al menos 22 estados, se repitió la fórmula. Cuestionada por la prensa, la presidenta explicó que no eran “apagones” —dijo que un apagón “significa falta de capacidad de generación” y eso no fue lo que había sucedido. Lo que sí pasó, en contraste, fueron “interrupciones en el servicio” por fallas en la distribución de la energía eléctrica. Puede que la distinción técnica sea correcta: generación y distribución no son lo mismo. Pero para quien se quedó sin luz, la diferencia es irrelevante. Un apagón es un apagón, corresponda donde corresponda en la línea de operación de CFE.
En la Ciudad de México, el ejercicio fue casi idéntico. Días después de que una pipa de gas explotara en Iztapalapa y dejara 32 muertos, se detectó una grieta de 138 metros en el Puente La Concordia, a metros del lugar de la explosión. “No es socavón, es una grieta”, aclaró la jefa de gobierno, atribuyéndolo a hundimientos históricos y a la lluvia. La precisión geotécnica entre socavón y grieta puede que exista en algún manual. Lo que no existe es una explicación de por qué el suelo cedió justo donde días antes había estallado una pipa.
Las inundaciones de Poza Rica, Veracruz, en octubre de 2025 —29 muertos, al menos 18 desaparecidos— son una variante menos deliberada, pero igual de reveladora. Horas antes de que la tormenta desatara la tragedia, la entonces gobernadora Rocío Nahle dijo que el río Cazones “se desbordó ligeramente”. Ahí no hubo intención de ocultar nada consumado: el tiempo se encargó de exhibir la frase. “Ligeramente” resultó ser, veintinueve muertos después, la palabra equivocada.
La práctica no nació con este gobierno. En marzo de 2023, tras el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez que mató a 40 personas, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó el origen del fuego a una protesta de los propios migrantes ante su posible deportación —una declaración leída, con razón, como revictimización pura. Un año después, en marzo de 2024, el director del Tren Maya, Óscar Lozano Águila, se empeñó en que el descarrilamiento de un vagón en Tixkokob no era descarrilamiento, sino “un percance de vía”, porque solo un boogie se había salido del carril. Y en abril de ese mismo año, ante el agua contaminada de Benito Juárez, el entonces jefe de gobierno Martí Batres habló de “la problemática del agua” sin decir nunca, con precisión, qué aceite era ni en qué concentración.
Lo que une todos estos casos, más allá del sexenio o el color del partido, es una misma convicción de fondo: que administrar una crisis empieza por administrar la palabra con que se le nombra. No es un problema de forma, es un problema de fondo. Un gobierno que gasta su primer esfuerzo comunicativo en evitar decir descarrilamiento, apagón, socavón o inundación está, en los hechos, posponiendo el momento de explicar por qué ocurrió. Ese aplazamiento cuesta: si en el corredor transístmico hubo un segundo incidente en la misma línea siete meses después del primero, algo indica que ahí se corrigió más el discurso que la vía.
Llamar a las cosas por su nombre no debería ser un lujo estilístico ni una cuestión de exquisitez lingüistica. Es la condición mínima para exigir cuentas. Cuando una autoridad elige qué palabra no va a decir, está eligiendo también qué pregunta no quiere responder. Un país que se acostumbra a leer “eventos” donde hubo descarrilamientos, “problemáticas” donde hubo contaminación y “pequeños encharcamientos” donde hubo francas inundaciones, termina perdiendo algo más grave que el vocabulario: pierde el hábito de exigir que lo que se nombra mal, alguna vez, se corrija de verdad. Al pan, pan y al vino, vino. Y así quizás podremos empezar a resolver los problemas que aquejan al país.
@ValeriaMoy
Publicado en El País.
26-07-2026
