Los acontecimientos de la semana pasada en Sinaloa, Michoacán y Guerrero son una muestra del mar de violencia en el que se ha ahogado el país, y que costó al menos 29 mil vidas en 2018. Actualmente, el presidente López Obrador ha señalado reiteradamente que la estrategia de seguridad cambió. La instrucción es que el Gobierno debe atacar las causas del crimen, no combatirlo con más violencia.
En políticas públicas, un elemento que hace la diferencia entre una mera promesa y un derecho es el presupuesto que existe de por medio. Cualquiera que sea la estrategia de seguridad, el Gobierno tiene que destinarle recursos públicos para convertirla en una realidad. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020, que actualmente se discute en la Cámara de Diputados, contempla $159 mil millones de pesos para la función de seguridad.
La seguridad está a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Secretaría de Gobernación, Sedena, Marina, Presidencia y otros programas de fortalecimiento de seguridad en las entidades federativas y municipios (a través de las aportaciones del Ramo 33). La función de seguridad tiene dos grandes componentes: la interior y la nacional. En el gasto en seguridad interior o pública, el gobierno de AMLO pretende disminuir un 2% en términos reales los recursos públicos. En el caso de la seguridad nacional, el PPEF aumenta un 14% en términos reales el gasto.
Desde una perspectiva operativa conviene analizar en qué se quiere enfocar el presupuesto del siguiente año. El gasto en sueldos y salarios de policías y soldados aumentaría. Sin embargo, llama la atención un aumento de más de 5 mil millones de pesos del gasto en inversión pública para la seguridad nacional ¿Qué quiere decir esto? Sencillo, que el aumento de recursos públicos para “seguridad” se debe al proyecto del aeropuerto de Santa Lucía.
Construir un aeropuerto agrega poco, o nada, al combate del crimen y a la seguridad de la población. La buena intención de aumentar el presupuesto en “seguridad” queda desvirtuada al tratar de camuflar una obra pública como parte de la estrategia de seguridad. De igual forma, asignar a la Sedena recursos para la capacitación de la Guardia Nacional parece contradecir el carácter civil de este cuerpo de combate al crimen.
Independientemente de la estrategia que se tenga, o no, para articular la lucha contra el crimen común y organizado se requiere contar con los recursos materiales y personales. Si la planeación del gasto en seguridad es confusa, desordenada o peor aún, simulada, no puede esperarse que la implementación de acciones en seguridad sea precisa, ordenada y efectiva.
Dos conclusiones. si la apuesta es la Guardia Nacional (en principio civil), la seguridad pública seguirá siendo una promesa más. Todo parece indicar que los recursos estarán en las fuerzas armadas. Al menos esa es la intención plasmada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. Por otra parte, si la apuesta son las fuerzas armadas, la seguridad seguirá en segundo plano. No por falta de recursos, sino por el destino de los mismos: el aeropuerto de Santa Lucía.
La pregunta obligada es ¿los diputados cumplirán la voluntad del Presidente o la promesa de la seguridad pública?
Publicado por El Sol de México
22-10-2019
