Las propuestas electorales de las candidatas a la presidencia dominarán el debate público en los próximos meses. La sostenibilidad será un tema transversal en las plataformas políticas, desde la política energética, ambiental, hídrica y hacendaria hasta los planes de infraestructura y desarrollo territorial. Esta transversalidad difumina el concepto y reparte la responsabilidad entre distintos niveles de gobierno e instituciones. La sostenibilidad termina siendo algo de lo que todos hablan, pero con una importancia de segundo orden en la política pública.
México es un país de ciudades. De acuerdo con el Censo Poblacional de 2020, 79% de la población mexicana vive en zonas urbanas. Hablar de sostenibilidad, en el fondo, es hablar de urbanismo. En Ciudades para la gente, Jan Gehl –pionero del urbanismo danés– define la ciudad sostenible como aquella donde una gran parte del transporte se da a partir de medios “verdes” (a pie, bicicleta y transporte público), de tal forma que se reducen el consumo energético, las emisiones y el ruido.
Para ello se requiere que la ciudadanía se sienta segura en el espacio público y en el transporte público. Reducir emisiones en las centrales de generación eléctrica es fútil si los ciudadanos tienen que transportarse dos horas de su hogar al trabajo, y de regreso, en vehículos contaminantes. De igual forma, la movilidad eléctrica no es suficiente si no se cuenta con transporte público atractivo para el ciudadano.
La piedra angular de la ciudad sostenible es la movilidad, el gran talón de Aquiles de las urbes mexicanas, por no hablar de las metrópolis biestatales -como el Valle de México o La Laguna–. La planeación urbana enfrenta un desafío doble: es un tema demasiado complejo y costoso para abarcarla únicamente desde el nivel municipal y es políticamente sensible para manejarlo entre distintos niveles de gobierno.
La ciudad sostenible requiere municipios financiera y operativamente funcionales para proveer servicios públicos de calidad desde calles, banquetas y alumbrado hasta los espacios públicos, así como entes metropolitanos encargados de la planeación y desarrollo de infraestructura del transporte público.
¿Cómo financiar estas acciones? Se requieren fondos metropolitanos con participación de los tres niveles de gobierno para las grandes obras de transporte público y, crucialmente, una mayor recaudación del impuesto predial para que los municipios cuenten con recursos para invertir en infraestructura y servicios públicos. La reforma fiscal más transformadora en el próximo sexenio sería promover el cobro del predial a partir de una responsabilidad e incentivos compartidos entre estados y municipios.
En un país donde únicamente 36% de los municipios cobra impuesto predial y 1% representa la mitad de la recaudación, el área de oportunidad es difícil de sobreestimar. Ese es el primer paso para que las y los mexicanos puedan aspirar a ciudades más sostenibles. Es tarea de los equipos de las candidatas tomar nota.
Publicado en La-Lista.
20-09-2023
