Los primeros meses de 2017 representaron uno de los inicios de año más violentos de los que se tiene registro en México. Tan solo en enero se cometieron 2 mil 152 homicidios dolosos, lo cual representa un aumento de 40 % en relación con el mismo mes de 2016 (mil 533 homicidios). Dicho aumento no fue un hecho aislado, ya que los asesinatos aumentaron en 25 de los 32 estados de la República[1].
Estas condiciones desfavorables revivieron el debate sobre la efectividad de la estrategia de seguridad empleada de 2007 a la fecha. Sin duda, uno de los aspectos más polémicos de la política actual ha sido el uso del Ejército y la Marina.
Las principales críticas al uso de las fuerzas armadas se han centrado en la falta de reglamentación de sus actividades, el aumento de violaciones a los derechos humanos y el elevado índice de letalidad de sus operaciones. Ante la discusión de la Ley de Seguridad Interior en el Congreso, vale la pena preguntarse y recordar ¿por qué los militares están realizando funciones de seguridad pública?
Las policías son las dependencias encargadas de proveer seguridad a la población y de prevenir delitos, no obstante, la decisión de recurrir al Ejército se basó en los altos niveles de corrupción y desconfianza en las policías estatales y municipales. Muestra de ello es que en 2007, 66.58 % de los mexicanos declararon tener poca o nada de confianza en la policía mientras que 67.25 % dijo que tenía mucha o algo de confianza en el Ejército, según lo reporta Latinobarómetro.
En consecuencia, el Ejército salió a las calles ante la debilidad institucional de los cuerpos de seguridad federales, estatales y municipales. Las policías no estaban preparadas para combatir al crimen organizado, por lo que además de utilizar al Ejército y la Marina de manera provisional, la lógica tuvo que haber demandado un esfuerzo por mejorar las condiciones de las instituciones de seguridad locales y federales. ¿Qué hemos hecho al respecto? ¿Lo estamos haciendo de una manera eficiente?
En la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 147 auditorías a recursos federales destinados a seguridad pública. Éstas incluyen auditorías de desempeño a la Policía Federal y diversas auditorías de cumplimiento fiscal de recursos que se otorgaron a municipios y entidades federativas. De todas ellas, la ASF generó 443 Promociones de Responsabilidad Administrativa sancionatoria. Es decir, cada auditoría relacionada con la seguridad pública tiene en promedio alrededor de tres promociones de responsabilidad administrativa, producto de irregularidades encontradas durante el ejercicio de los recursos. El panorama es desalentador.
A nivel federal, la ASF reportó una completa opacidad de la información al no existir documentos que respalden procesos de planeación. Un ejemplo para nada menor es el de la Gendarmería Nacional, cuerpo de seguridad al que se le destinaron $2,842 millones de pesos. Dentro de la auditoría de desempeño realizada por la ASF, son alarmantes las cifras relativas al porcentaje de metas alcanzadas. Si bien la Gendarmería Nacional tenía previsto realizar 10 mil operativos de disuasión, reacción, contención y restablecimiento del orden público, la ASF solo acreditó la implementación de 75, es decir, 0.8 % de lo previsto.
De igual manera, año con año la Federación destina miles de millones de pesos al fortalecimiento de las policías estatales y municipales. El principal propósito de dichos recursos es dotar a las dependencias de seguridad del equipo y capacitación necesarios para hacer frente al crimen organizado.
Tan solo en 2015 el Gobierno del Estado de Sonora recibió $317 millones de pesos por parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP). Al revisar el ejercicio del gasto en la auditoría 1377-GB-GF, la ASF reportó gastos no comprobables de equipo de cómputo y comunicación, chalecos antibalas, vehículos y armamento, así como la simulación de obras de ampliación y remodelación, lo cual representó irregularidades por $108 millones de pesos, una tercera parte del total recibido. Esto perjudicó el desempeño de las dependencias de seguridad y justicia del estado lo que se vio reflejado en el incumplimiento de 65 % de las metas establecidas por el FASP.
A nivel municipal la historia es similar. El municipio de Veracruz recibió $ 29.4 millones de pesos por parte del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN)[2] 2015, de los cuales ejerció 5 millones en la compra de material escolar como computadoras, pizarrones, pupitres y videoproyectores, por lo que destinó cerca de 20 % de los recursos de un programa de seguridad a gasto educativo.
Diez años después de iniciada la guerra contra el narcotráfico, el panorama de seguridad pública sigue en detrimento. Podremos debatir una y otra vez la pertinencia de la estrategia de seguridad que se ha implementado desde 2007. Pero dos cosas son claras: las policías locales no están preparadas para hacer frente al crimen organizado y los recursos destinados para subsanar sus deficiencias son desviados mediante distintos mecanismos de corrupción.
Estos fueron tan solo tres ejemplos de las más de 140 auditorías realizadas en 2015 donde año con año la ASF documenta irregularidades y desvíos en todos los rubros del gasto, observaciones que en su mayoría son ignoradas. Quizás, en lugar de replantear la estrategia de seguridad pública del país, sea momento de enfrentar la serie de desvíos y redes de corrupción que han originado la debilidad institucional de las policías en un primer momento. Ninguna estrategia, por buena que sea, es capaz de afrontar vicios corruptos durante su implementación. Tal vez el principio de toda estrategia debe de consistir en hacer caso a las observaciones que realiza todos los años la ASF y poner fin al funcionamiento de las redes de corrupción presentes en todos los niveles de las fuerzas policiacas de México.
Publicado por Animal Político
20-03-2017
