En una sociedad tan atribulada por la pobreza y la desigualdad, como la mexicana, es comprensible que los gobiernos desplieguen esfuerzos políticos y recursos fiscales para mejorar las condiciones de vida de quienes pertenecen a un grupo vulnerable. Esos esfuerzos y recursos usualmente reciben respaldo y apoyo popular, porque se consideran una obligación moral.
Reconozco que me encuentro entre esa mayoría y sostengo que el trato que le damos a quienes enfrentan una situación precaria o alguna desventaja es un criterio fundamental para evaluarnos como personas y como sociedad. A pesar de eso –o tal vez por eso mismo–, me interesa que el gasto en programas sociales del gobierno sea efectivo y sostenible.
Si observamos las tendencias del gasto en algunos programas prioritarios para la administración actual, nos daremos cuenta de que creció bastante y se propone un aumento de 21% para 2024. Puntualmente, si se aprueba el presupuesto, el gasto en las pensiones para adultos mayores casi se cuadruplicaría entre 2019 y 2024 y crecería casi 31% solo el año que viene. Este programa representa 72% de los recursos propuestos para esos ocho programas prioritarios.
Sin mayor contexto parecen buenas noticias, pero el contexto siempre importa. En primer lugar, la población mexicana está envejeciendo, con lo cual ese gasto tendrá que crecer más, porque habrá más personas requiriendo un ingreso en la vejez, pero también porque la ausencia de un sistema de seguridad social universal provoca que las personas tengan que aumentar su gasto en salud –que de hecho creció un promedio de 31% en los hogares, entre 2018 y 2022–, algo que es más relevante en una edad avanzada.
Entonces, si el gasto en pensiones para adultos mayores tendrá que crecer, debemos preguntarnos con seriedad cómo hacerle frente. Para poder pagar un gasto recurrente la deuda no es buena idea porque hay una espiral entre ella y los intereses que genera. Así que la solución debe venir de los ingresos ordinarios, es decir, de los impuestos o del petróleo.
Financiar pensiones con petróleo tampoco es una buena idea porque es un producto con un precio volátil –se estima que los ingresos petroleros caigan 24% en 2024– y a pesar de los apoyos gigantescos de los últimos años del gobierno federal a Pemex, su situación operativa y financiera no mejora.
Nos quedan los impuestos. Para que la recaudación aumente se necesita que la economía crezca más rápido, para lo que la inversión pública y privada son cruciales, pero la primera cayó 11% entre el cuarto trimestre de 2018 y el segundo de 2023, y la que se ha hecho se concentra demasiado en un tren y una refinería de rentabilidad muy dudosa.
La alternativa está en una reforma fiscal y de seguridad social que acabe con la fragmentación del mercado laboral. Una reforma que permita una recaudación tributaria sostenible que tenga una perspectiva intergeneracional y transite hacia un gasto más incluyente y productivo, pero ese es un son al que nuestra clase política no baila, y en año electoral menos. Me parece que la pregunta persiste: ¿con qué se comen las promesas?
Publicado en La-Lista.
27-09-2023
