El gobierno gasta dinero que es nuestro y que proviene de actividades que por definición son productivas. Los impuestos son una fracción de actividades que tuvieron un retorno positivo: el salario de quienes trabajamos y las utilidades de quienes emprenden y arriesgan.
Por ello, los programas de política económica y de política social necesitan ser evaluados con mucho más rigor del que vemos comúnmente. Los criterios con los que se gasta nuestro dinero deben cumplir los más altos estándares de evaluación para asegurar que tienen una rentabilidad mayor que la fuente de donde salieron.
No basta con invocar causas loables o la necesidad de los pobres para justificar programas de gasto.
Precisamente porque hay muchas necesidades y muchos pobres es crucial que los programas de política económica y social se justifiquen, y se evalúen con rigor. ¿Cómo se decidió que tal o cual programa valía la pena? ¿Llegaron los recursos a su destino? ¿Está dando resultado la intervención? ¿A qué costo?
Como siempre, habrá más necesidades que recursos. Los programas que se continúan o ponen en marcha deben mostrar una mayor rentabilidad en términos económicos y sociales que las alternativas sobre la mesa.
El diseño del programa debe incluir en términos objetivos cuál es la métrica del éxito del programa y condicionar su continuidad a la verificación de los resultados. La métrica del éxito no puede ser simplemente la lista de beneficiarios y los montos de ayuda dispersados, como ocurre comúnmente.
Además de vigilar que los recursos hayan llegado a su destino, hay que medir con rigor si están dando resultado y cuánto estamos pagando por unidad de resultado. Se requieren mediciones precisas de cuántos empleos generó un programa, cuánto mejoró la nutrición o cuánto disminuyó la deserción escolar.
El Programa Oportunidades (antes Progresa) da ejemplo de prácticas de evaluación serias, independientes y periódicas, que permiten conocer pública y oportunamente resultados precisos, detectar áreas de mejora, así como evitar fugas y corruptelas.
Las organizaciones filantrópicas más serias emplean evaluaciones muy similares a las pruebas clínicas donde se da seguimiento tanto al grupo que recibe el medicamento (los beneficiarios del programa), como al grupo que no lo recibe. Aunque evaluar es costoso y complicado, en la mayoría de los casos es la única manera de saber si un programa está funcionando
