Los diputados pasaron de una posición privilegiada a una de desprestigio generalizado. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó los resultados del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2020. Se reportaron un total de 956 legisladoras y legisladores locales pero, realmente conocemos quiénes nos representan, cuáles son sus perfiles y sus funciones, por qué son importantes para una democracia y la competitividad del país. Además de aprobar leyes, de qué sirve gastar recursos públicos en mantener congresos locales.
Comencemos por una radiografía que ilustra quiénes aprueban las leyes y reglas que nos rigen en los estados. El 50.5% son diputados, mientras que el 49.5% son diputadas. La paridad legislativa existe, sin embargo, cuando se analizan los órganos de gobierno de los congresos tenemos que en las mesas directivas solo el 32% estuvo presidido por una diputada, mientras que en las juntas de coordinación política solo el 21% y ninguna mujer estuvo a cargo de las direcciones de trabajos legislativos.
El 62.8% contó con estudios de licenciatura. Sobresalen los primeros legisladores independientes con 71.4% con este grado académico. Solo el 1.6% de los legisladores se identificó con un pueblo indígena. Menos del 1% presentó alguna condición de discapacidad. El 61% fue electo a través de mayoría relativa y el 39% por representación proporcional.
Para discutir y analizar las iniciativas, leyes, reformas y posicionamientos, los congresos trabajan a través de comisiones legislativas. A nivel nacional, se reportaron 840 comisiones legislativas, de la cuáles 786 fueron ordinarias y 44 extraordinarias o especializadas. Es decir, las primeras existen por obligación legal o constitucional y analizan temas de gobernación y constitucionales, así como de hacienda, presupuesto y cuenta pública, entre otros. Las del segundo tipo son temporales, con objetos de análisis específicos o especializados. Inclusive pueden existir para hacer investigaciones o esclarecer hechos políticos.
Una práctica recurrente en los congresos es repartir comisiones a cada uno de los diputados o diputadas, de tal forma que todos reciban recursos adicionales por presidir o tener una secretaría en alguna comisión. El pago por comisión llegó al exceso de tener 42 comisiones ordinarias en el Congreso de Chiapas o 40 en el Congreso de Veracruz.
La función legislativa más conocida es la de presentar iniciativas de reforma, sin embargo, solo el 67% de las iniciativas presentadas en 2019 fue hecha por diputados locales. Los “otros legisladores” fueron los ayuntamientos (19%) y los gobernadores de los estados (8%) los que presentaron las iniciativas.
Los legisladores no tienen la obligación de ser expertos en todos los temas, sin embargo, si tienen la obligación de representar los intereses de los ciudadanos y el interés público de la mejor forma posible. Para hacerlo, es necesario que el personal que apoya los trabajos legislativos esté constantemente capacitado. De acuerdo al Censo, el 50% no cuenta con estudios de licenciatura.
Tener congresos locales no es un lujo. En una República representativa, democrática, laica y federal, los poderes legislativos cumplen funciones político – administrativas, jurisdiccionales, legislativas, de control y contrapeso. En el contexto actual, las políticas públicas requieren de discusión y análisis. Los congresos no pueden ser solo oficialías de partes o sedesoles legislativas (ahora del bienestar). Lo que suceda en la conformación legislativa en 2021 será clave para la competitividad del país.
Publicado por El Sol de México
14-12-2020
