Una política integral de seguridad, impartición de justicia y combate a las drogas no debe tomar un enfoque único, ya sea de seguridad o de salud pública. Debe ser una estrategia multidisciplinaria y dinámica, con diferentes enfoques para un mismo objetivo: la disminución del tráfico de drogas y de la violencia. Pero sobre todo debe identificar y diferenciar a los infractores, apoyando a aquellos capaces de readaptarse socialmente, y castigando severa y ejemplarmente a los delincuentes más dañinos.
¿Por qué no tratar al adicto/pequeño traficante como a un enfermo en lugar de meterlo a una cárcel de donde saldrá con un doctorado en formas de asesinar, técnicas de delinquir y traficar? Para este tipo de delincuentes México podría aplicar el programa de Cortes de Drogas que ha dado resultados positivos y eficientes en Estados Unidos.
Las Cortes de Drogas son órganos judiciales encargados de atender los casos de infractores no violentos con problemas de abuso de drogas. Trabajan con un modelo especializado en el cual órganos de justicia, cumplimiento de la ley, salud mental, servicio social y tratamiento, trabajan juntos para ayudar a infractores no violentos a recuperarse y superar los problemas de adicción que puedan tener. Básicamente, le ofrecen al infractor tratamiento y reincorporación en la sociedad, y evitan su paso por la cárcel.
Este programa no sólo resulta menos costoso que una estadía en la cárcel, también más efectivo. De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las Cortes de Drogas tienen un índice de reincidencia de entre 6% y 28%, mientras que con el método tradicional (i.e., meter al individuo a la carcel) el índice es superior al 40%. Asimismo, el presupuesto estimado para las Cortes de Drogas es de 525 millones de dólares anuales y en contraparte, los ahorros anuales del programa son superiores a los mil millones de dólares suponiendo que los pacientes hubieran entrado a prisión. Es decir, las Cortes de Drogas dan mejores resultados y ahorran dinero.
En México la población objetivo serían aquellos arrestados por delitos a la salud y otras infracciones no violentas, los cuales abarcan menos del 10% del total de consignados anualmente. La mayoría de ellos son arrestados por posesión o tráfico de drogas; la base de la pirámide, pequeños traficantes, en su mayoría jóvenes de estratos económicos bajos que son encarcelados junto con violadores, secuestradores y sicarios.
Todos ellos tienen un costo promedio diario de manutención en prisión de 150 pesos. El problema es que en México un presunto culpable es introducido a la cárcel sin tener una sentencia, la que puede tardar hasta tres años en otorgarse. Tres años que equivalen a un gasto de 164 mil pesos para el gobierno, por ese mismo precio podría enviar al adicto/pequeño infractor a un tratamiento integral para él y su familia a Oceánica, la clínica de rehabilitación más cara y exclusiva del país. En su lugar, recibirá 3 años de educación criminal, no tendrá opción, vivirá como reo en un ambiente dañino, sin siquiera tener una condena.
Pero no todo es cuestión de salud, también es necesario contar con un buen aparato de justicia en donde los infractores violentos sean castigados ejemplarmente, cumpliendo penas severas. Sin embargo, para los grandes delincuentes que saben cómo corromper el sistema, las cárceles mexicanas distan mucho de ser un lugar estricto en donde cumplir su condena. Por el contrario, para ellos las cárceles son más parecidas al mejor refugio de piratas: un lugar seguro en donde impera la violencia y la corrupción, donde pueden salir con toda tranquilidad, cometer asesinatos, secuestros y robos para después regresar a la tranquilidad de su guarida. ¿Qué mejor lugar para esconderse del ejército y la policía, que dentro de una instalación gubernamental resguardada por quienes te buscan?
¿Se necesitarían recursos para aplicar esta doble estrategia? Sí, pero no tantos. Ya se cuenta con una infraestructura instalada de 113 Centros de Integración Juvenil y con profesionales de la salud y de justicia capacitados, aunque se necesitaría mayor seguridad por tratarse de convictos. No se puede seguir el mismo enfoque de ubicar los programas de ayuda para infractores no violentos y con problemas de drogas en las mismas cárceles, el primer objetivo es separar las poblaciones. El diseño del programa no debería ser un obstáculo, ya existen estudios y propuestas tanto de la sociedad civil como de las instituciones de salud y justicia sobre el tema. La verdadera política pública está en concientizar al infractor de sus acciones y costos, realmente cambiar el enfoque de contención a readaptación para el no violento y reforzamiento para el violento.
