Revisar el texto constitucional ayuda a no perder el rumbo. La semana pasada, el presidente declaró que no le gustaba el fallo de la Corte, en el cual se da la razón al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para la determinación de sueldos de sus funcionarios. Aunque dijo desconocer la justificación e interpretación de la Suprema Corte, la cuestión es simple: existe división de poderes, autonomía y contrapesos.

Tanto el Inegi como la Cofece son órganos autónomos que tienen la obligación de establecer su presupuesto y los recursos materiales que necesiten para su funcionamiento, así lo establece la propia Constitución. Este diseño institucional responde a que las funciones que desempeñan son del más alto interés público.

El Inegi es el encargado de producir, integrar y dar a conocer la información estadística de la población, la economía y la geografía del país. Genera los datos y mediciones de México. No está de más decir que lo que no se mide no se puede mejorar. Un Gobierno que toma decisiones sin información está destinado al fracaso.

La Cofece es el órgano encargado de garantizar la libre concurrencia y competencia económica, así como de prevenir, investigar y combatir las prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. En pocas palabras, la competencia económica fomenta el bienestar de los mexicanos (estandarte de la actual administración). Permite que los consumidores tengamos mayor variedad y calidad en los productos y servicios, así como precios más competitivos.

La Cofece y la regulación de competencia económica son aliadas naturales en la agenda del presidente, independientemente de que él conozca o no su funcionamiento. Le guste o no, México tiene división de poderes y cuenta con órganos que no son fines en sí mismos, pero sí lo es lo que regulan y protegen.

Especialmente ahora, el papel de la Cofece es fundamental. La pandemia de la COVID-19 generó o profundizó desastres en los mercados. Al día de hoy, la actividad económica en muchos sectores está parada y en completa incertidumbre sobre cuándo van a funcionar con relativa normalidad. En este sentido, hay consenso sobre la necesidad de implementar apoyos a la población y negocios. La política de competencia económica es un instrumento para que los apoyos públicos beneficien a quien realmente lo necesita y sea lo más benéfico para los consumidores.

Por ejemplo, actualmente hay una demanda intensa de productos e insumos médicos y sanitarios. En el Reino Unido, la agencia símil a la Cofece aprobó que de forma excepcional los supermercados compartieran información sobre su inventario, horarios de venta y logística con el propósito de mejorar el abastecimiento y la capacidad del sector para atender la demanda de la población.

Como resultado de la crisis mundial se verán intentos de prácticas anticompetitivas por parte de las empresas: incremento injustificado de precios, baja calidad en los servicios y una disminución en las opciones de productos y servicios. La Cofece es la autoridad encargada de que la política de competencia se aplique estrictamente y se eviten concentraciones y prácticas anticompetitivas que perjudiquen a la población.

Que a un funcionario no le guste la manera en que resuelve el Poder Judicial, la existencia de órganos autónomos u organizaciones de la sociedad civil es irrelevante. México es una democracia con un sistema de pesos y contrapesos, es una Federación que no se agota en un discurso matutino.

P.D. Si puedes, #QuédateEnCasa.

El Sol de México
02-06-2020